MUNDO
No solo en Chile despierta la ansiedad y la expectación por lo que, en voces de muchos, es la elección más importante de la democracia nacional en los últimos 30 años. Y a medida que se acerca el Plebiscito que se desarrollará este domingo 25 de octubre, los ojos de la prensa internacional también se posan sobre un proceso histórico que, sin lugar a dudas, se inició a raíz de la desobediencia civil en el marco de las protestas que partieron incluso mucho antes de octubre. Análisis y opiniones de expertos en el extranjero fueron consultados por medios de calibre mundial, sobre el rumbo que podría tomar nuestro país con una —en caso de ganar el Apruebo— nueva Carta Fundamental.
La prensa internacional tiene los ojos puestos en el futuro de Chile tras el Plebiscito de este domingo. Uno de los análisis más duros fue el del Wall Street Journal. El medio estadounidense publicó una columna de opinión escrita por su editora, Mary Anastasia O’Grady, y titulada «La Misión Suicida de Chile», en la que planteó que «es difícil entender por qué existe un respaldo popular para hacer estallar un sistema que ha tenido tanto éxito», subrayando que «es probable que una nueva Constitución haga al país más pobre, más corrupto y menos libre».
Sin duda un categórico análisis desde el medio económico de Estados Unidos que se contrapone con la visión del periódico español El País que destacó que «Chile celebrará la que probablemente sea la votación más trascendental en sus últimas tres décadas» para «cambiar el armazón institucional del país, dejando definitivamente atrás el legado por la dictadura de Augusto Pinochet».
«Se trata de un momento crucial en la historia del país al que, desgraciadamente, se llega en un grave clima de tensión que ha ido creciendo durante el último año», añadió el medio español, subrayando que el estallido social del año pasado y la conmemoración del 18-O el pasado fin de semana, culminó con graves hechos de violencia.
El País señaló, además, que «la violencia no puede de ninguna manera ser justificada por una legítima aspiración de cambio. Chile ha sido ejemplo desde la restauración de la democracia del entendimiento entre sectores muy alejados (…) lo que se discute en Chile es un cambio de gran calado en la misma historia de país».
Ayer fue el turno de The Economist, donde se calificó el proceso como «trascendental». El medio británico señaló que «desde 1990, la economía ha crecido rápidamente, la pobreza se ha reducido drásticamente y la política se ha mantenido estable. Pero la ira que estalló el año pasado se ha estado acumulando durante más de una década».
De acuerdo el semanario en inglés, «los chilenos están furiosos por la atención médica de dos niveles, que sirve a los ricos mejor que a la gente común, sobre la mala calidad de las escuelas públicas y sobre las pensiones de gestión privada, que pagan menos de lo que muchas personas esperaban».
«Es probable que cualquier nueva Constitución haga a Chile más socialdemócrata. Los defensores de la nueva carta quieren introducir la idea de ‘igualdad de oportunidades’, que en términos chilenos significa hacer que mejores servicios públicos sean asequibles para todos», agregaron.
Asimismo, The Economist advirtió que «las nuevas demandas sobre el gasto público pueden ser controladas por reglas que protejan la estabilidad fiscal (…) si los chilenos no logran reescribir su Constitución ahora, las demandas por radicalismo podrían crecer».
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, comentó el análisis del medio británico y puso una vez más a Nueva Zelanda como un modelo de referencia para la estrategia de desarrollo de Chile. “Hay una larga discusión en política en los últimos meses de socialdemócrata no social demócrata. Mire, yo siempre he puesto como referente un país como Nueva Zelanda. Creo que es un modelo a seguir, es un referente por muchas razones, pero en parte porque conjuga los elementos que estamos hablando acá. Es una economía tremendamente dinámica, tremendamente competitiva, extraordinario clima para hacer negocios, pero también con un estado tremendamente moderno. Acá no estamos olvidando de la parte del estado, hablamos mucho de recaudación y menos de cómo gastamos esa recaudación”, dijo el jefe de la billetera fiscal, en conversación con ADN.
Briones advirtió, eso sí, que la reflexión sobre si Chile se volverá más socialdemócrata no va necesariamente de la mano de la discusión constitucional ya que, sostuvo, esos temas se zanjan en general en la política pública. «Lo que sí es cierto, y lo que yo sí me imagino, y lo que uno constata, es que lo países conforme se desarrollan, van avanzando, se hacen más ricos, la carga tributaria tiende a subir y eso es una constatación empírica. Por qué, porque tienen que financiar una institucionalidad, de bienes púbicas de necesidades más complejo», agregó el secretario de Estado.
La cadena británica BBC también reaccionó al hito chileno y, fiel a su estilo, presentó cuatro claves para entender qué está en juego en el referendo «para cambiar la Constitución de Pinochet».
De ganar el «Apruebo», dicen, será la primera vez desde 1833 que la Constitución es redactada por una convención ciudadana elegida en votación popular. Pero, más allá de las opciones y del tipo de convención que eventualmente surja para redactarla, la BBC conversó con analistas chilenos y latinoamericanos sobre el proceso per se e insiste en los siguientes cuatro tópicos.
Pese a que sufrió numerosas reformas, la Constitución vigente hasta hoy en Chile fue redactada y aprobada en 1980 bajo el régimen militar del general Augusto Pinochet y, según afirma el politólogo Gabriel Negretto, «simbólica y políticamente, nunca superó ese defecto congénito».
Por eso, lo que está en juego en el proceso constituyente que podría comenzar con el triunfo del «apruebo» es la legitimidad de origen de una eventual nueva Constitución para Chile, le dice a BBC Mundo Negretto, quien ha sido consultor de Naciones Unidas en procesos de reforma constitucional en distintos países latinoamericanos.
«¿Qué rodeó a la Constitución de Pinochet?: que nació de un acto de fuerza, de violencia; que se hizo en un clima de miedo, de terror», describe el académico. «Para marcar un contraste con el origen de la vieja Constitución, la nueva debe nacer de un amplio respaldo ciudadano y en un entorno pacífico», precisa.
«En ese sentido, hay un llamado a la atención de quienes apoyan el ‘apruebo’ de llamar a la calma… El estallido social, que incorporó gran cantidad de demandas legítimas, también estuvo asociado a actos de violencia injustificados que hasta hoy no están claros. No se puede eliminar toda la violencia, pero tiene que quedar claro que corresponde a grupos aislados», plantea el analista a la versión en español del medio inglés.
Para que Chile efectivamente cuente con una Constitución que no arrastre los traumas de la actual, argumenta Negretto, además, se requiere además que una de las dos opciones gane por una mayoría suficientemente amplia y en una votación con una participación importante, ojalá mayor a los promedios de las últimas elecciones chilenas.
«No es lo mismo un referéndum como el que se hizo por el acuerdo de paz en Colombia que uno sobre las reglas fundamentales con las que queremos vivir como sociedad, como se definirá en Chile. En este caso, si la diferencia entre la opción que gana y la que pierda es pequeña, es problemático», advierte el académico.
«Sería un mal comienzo que el ‘apruebo’ ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el «Sí» a Pinochet obtuvo un 43% y el «No» un 54,7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria», sostiene Negretto.
«Si el resultado fuera 51 para el ‘apruebo’ y 49 por el ‘rechazo’, estaría muy preocupado por el futuro de Chile», agrega Negretto.
«Porque eso querría decir que el cambio constitucional no lo rechaza una minoría, sino la mitad de la población. Y eso es preocupante en un contexto polarizado, porque aquí no hay medias tintas: se cambia la Constitución o no».
Vicky Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York, precisó, en conversación con la BBC, que el plebiscito en Chile emergió como respuesta a la movilización social, «síntoma de la crisis de representación del sistema político» en el país.
«La toma de la calle y los gritos buscaban que los políticos escucharan a la ciudadanía, incluso cuando esta demanda de atención requiriera romper la puerta del salón donde se toman las decisiones, como dice la canción de ‘Hamilton'».
La académica se refiere a «The room where it happened» uno de los temas del popular musical estadounidense que describe las negociaciones secretas donde la élite negocia fuera del ojo de la opinión pública, una práctica que en Chile se describe como «la cocina».
«Es importante recordar las expectativas que conlleva el proceso constituyente y la importancia de mantener esa puerta abierta. Esto implica que no solo el resultado, sino también el proceso constitucional será clave para la recuperación de la legitimidad política», dice Murillo.
De ganar el «apruebo», la politóloga advierte que es importante «asegurar la entrada de nuevos actores como agentes de representación ciudadana y, al mismo tiempo, que tanto viejos como nuevos representantes garanticen su atención a la ciudadanía incluso cuando no grite o esté en las calles», dice.
¿Cómo lograr ese objetivo? Estableciendo una conexión humana, basada en la empatía y la experiencia compartida, propone.
«Que la ciudadanía se reconozca en sus representantes y pueda confiar en ellos. El proceso no podrá ser participativo hasta las últimas instancias, requerirá de esperas, y puede involucrar errores. Por ello, la confianza en quienes están en el salón donde se tomen las decisiones depende tanto de una puerta abierta como de la empatía entre estos y quienes han estado ya por demasiados años pidiendo ser oídos», describe la politóloga al medio británico.
«Las constituciones definen las reglas del juego», describe Miriam Henríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.
«La etiqueta mayor que yo pondría al proceso chileno sería la opción de cambiar las reglas del juego sobre la distribución del poder y los bienes públicos valiosos para la existencia de toda la sociedad. No sólo los derechos civiles, las libertades, también los sociales, como agua, vivienda, educación».
Henríquez plantea que, si se lleva adelante el proceso constituyente, una de las opciones es que se remuevan los obstáculos que hoy impiden cambiar algunas políticas públicas en Chile a través del Congreso. Bajo la Constitución actual, incluso si una ley es aprobada por una súper mayoría parlamentaria, puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional (TC).
«Si uno establece en la Constitución que los asuntos se regularán por ley simple, por ejemplo, y se modifica el TC, el efecto será que los cambios de políticas públicas serán más sencillos», dice la académica.
«El ‘rechazo’ supondría que la ciudadanía no tiene voluntad de cambiar Constitución, porque las cosas como están, están bien. Pero eso no obsta que se pueden hacer reformas. Hay personas del ‘rechazo’ que creen que se necesitan cambios profundos y se han comprometido a emprenderlos», dice Henríquez.
«La diferencia es que en el ‘apruebo’ hay un itinerario, un camino claro, un órgano específico. Las reformas que se hicieran en el caso del ‘rechazo’, se harían a través del actual Parlamento, y los cambios no tendrían tanta legitimidad como los que tendría un órgano especialmente elegido para ello», agrega.
«Es posible que una nueva Constitución se parezca bastante a la actual, y las expectativas pueden quedar frustradas, pero insisto en la importancia del hecho de sentarse a conversar. Esa diferencia ya debería satisfacer muchas expectativas: tener un pacto social que sintamos propio», concluye.
De acuerdo a la BBC, tanto la realización del plebiscito como el proceso constituyente que derive de sus resultados se normarán por la Constitución vigente, que fue especialmente reformada por el Congreso con este fin. Eso marca, según el medio, una de las diferencias del referéndum constitucional chileno con otras experiencias latinoamericanas.
«No es tan habitual que una Constitución vigente se modifique para su reemplazo. Es excepcional que Chile siga este cauce, este proceso, con procedimientos y plazos establecidos. Y es un desafío máximo que los cumplamos», precisa Henríquez.
Además, en este caso no es el gobierno el que definirá el cambio constitucional ni el órgano que podría redactar la nueva Constitución, sino la ciudadanía.
«En Chile, además, no hay una fuerza hegemónica que se imponga en el debate. Varios de los procesos latinoamericanos han sido marcados por la existencia de fuerzas políticas muy preponderantes, donde se impone una mayoría. Eso no ocurre en Chile porque las fuerzas están fragmentadas. Y eso, que podría ser complejo y lo es, nos obliga a hacer pactos» dice la politóloga.
«Cada proceso en Latinoamérica tiene algo que lo hace único. En el caso chileno que todas, o gran parte de las fuerzas políticas hayan acordado un cauce institucional a la crisis es algo que lo hace único», remata Henríquez.
¿Cómo es el panorama constitucional en América Latina? ¿Impera la tradición o soplan aires de cambio? A días de que Chile vote si quiere una nueva carta magna, expertos analizaron para nuestro medio asociado Deutsche Welle el escenario regional donde, a diferencia del resto del mundo, en América Latina los procesos constituyentes son bastante frecuentes.
«Esta es la región que ha producido el mayor número de constituciones entre 1900 y 2015 en general, y entre 1978 y el presente en particular», indica Gabriel Negretto, también consultado por la DW.
En total, ha habido más de 190 constituciones en la región desde la independencia, un promedio de diez por país. El que más ha promulgado es Venezuela, con 29. El que menos, Argentina, con solo tres. Colombia tuvo una de las constituciones más duraderas de toda América Latina, desde 1886 hasta su reemplazo en 1991. La más antigua vigente es la de México, de 1917.
Es habitual elaborar una nueva Constitución al pasar de un régimen autoritario a uno democrático, pero también la demanda de cambio puede responder a «una crisis de representación o gobernabilidad y a la necesidad de incorporar reformas democráticas profundas, que no pueden pasar por una mera enmienda ni implementarse por una interpretación judicial», señala Negretto al medio alemán.
En Chile, señala la DW, «el deficiente desempeño democrático, la profunda crisis social, la desigualdad e insatisfacción se atribuyen en gran parte a la constitución vigente, como se evidenció tempranamente en las protestas iniciadas hace un año».
A la crítica social se suma el origen del texto, considerado «ilegítimo», dicen. Y si bien ha tenido numerosas modificaciones en democracia, «acarrea ese lastre histórico que refuerza las demandas de reemplazo», dice Negretto.
Cabe mencionar que las únicas constituciones sancionadas en dictadura que aún están vigentes en la región son la chilena y la de Panamá, de 1972, donde también hay demandas de cambio.
«En el mundo, una asamblea constituyente o convención especial elegida para crear una nueva Constitución es extremadamente inusual. El modelo típico es el Congreso Constituyente: una legislatura elegida con el propósito de elaborar una nueva Constitución, que luego continúa como legislatura ordinaria, o bien una legislatura que por un proceso especial asume facultades constituyentes», destaca la DW.
En la región, agregan, solo una Constitución -la de República Dominicana, 2010- fue creada por un Congreso Constituyente en los últimos años. En todos los demás países se eligió un órgano completamente nuevo.
El medio pone énfasis en que el plebiscito chileno, además de consultar al votante si aprueba o rechaza elaborar una nueva Constitución, tendrá una segunda papeleta para preguntar qué órgano debiera redactarla.
«Se trata de una consulta inédita», dicen desde la DW, apuntando que en estos procesos siempre se presenta un mecanismo ya decidido por los representantes o establecido por el sistema institucional. En Chile, en cambio, «como el gobierno de Sebastián Piñera y los partidos de derecha inicialmente se resistían a un cambio constitucional, al aceptar el acuerdo para el plebiscito agregaron la votación por el tipo de mecanismo».
«La opción de la asamblea mixta les da la esperanza de asegurar cierta representatividad», sentencian.
Así las cosas, la DW prevé que quien está por el «rechazo” prefiera la convención mixta y quien vota «apruebo” elija la plenamente elegida, que asegura mayor representatividad y diversidad, de acuerdo con la realidad chilena actual.
La agencia británica Reuters también se refirió al denominado 25-O y destacó que «los chilenos votarán el domingo en un plebiscito si escriben o no una nueva Constitución que reemplace al texto vigente originado durante la dictadura de Augusto Pinochet, en momentos en que hay una gran presión social tras una ola de descontento y protestas que comenzó a fines del año pasado».
El análisis del medio con sede en Londres señala que las bajas pensiones, las deficiencias de la salud y la educación pública y la desigualdad provocaron el año pasado un «estallido social» en «uno de los países más estables de América Latina», el que fue canalizado hacia un referendo constitucional a través de un amplio acuerdo político promovido por el gobierno de centroderecha del presidente Sebastián Piñera.
«Hay una primera expectativa, la minimalista, que es la de relegitimar las reglas del juego a través de un nuevo pacto político y social, donde todos sintamos que el producto de este proceso tiene nuestras huellas dactilares, no de un solo sector», dijo a Reuters el académico y analista político Cristóbal Bellolio, partidario de redactar un nuevo texto.
Pero por otro lado, señala, una serie de expectativas «maximalistas» -como considerar que una nueva Constitución resolvería asuntos más bien del orden de las políticas públicas como pensiones o educación- puede desatar frustración y choques con quienes consideran que el texto debe obedecer exclusivamente a la voz de quienes salieron a la calle a protestar.
«Me da la sensación que hay mucha gente que está pensando en la Constitución como un programa de gobierno», plantea Bellolio, cuando justamente se trata de alejarse de la política contingente.
El expresidente Ricardo Lagos (2000-2006), que promovió la más amplia reforma al texto de 1980, alertó en una reciente entrevista con Reuters sobre crear expectativas demasiado altas en torno a una nueva Constitución, aunque destacó el valor de un acto que renueve la confianza de los ciudadanos en la política y las instituciones.
«A muchos chilenos este referendo les rememora el plebiscito de 1988 que derrotó a la dictadura militar», apunta Reuters.
Cabe mencionar que un total de 14,8 millones de electores están habilitados para votar el domingo por las opciones «Apruebo» o «Rechazo», y qué órgano sería el encargado de escribir el nuevo texto, si una convención mixta compuesta por parlamentarios en ejercicio y ciudadanos elegidos popularmente o un cuerpo sólo de constituyentes elegidos para ese fin.
Para Bellolio, será importante analizar cuántas personas voten finalmente y por cuánta diferencia se impondrá la opción ganadora que, según las encuestas, será el «Apruebo».
Mariano Machado, analista para América Latina de la firma de análisis de riesgo Verisk Maplecroft, dijo que si el referendo abría la puerta a una nueva Constitución, esto podría contener las recientes tensiones, la inestabilidad política y malestar social, pero no erradicarlos.
Por su parte, el director para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, estima que el proceso constitucional abre las puertas a que Chile siga siendo un líder en la región.
El país podría entrar en una etapa «en la cual se mantengan los principales elementos que generaron el éxito chileno, en términos del crecimiento económico de las últimas décadas; pero que también esto se complemente con una agenda de cobertura social, con unas finanzas públicas más progresivas», afirmó el experto a Reuters.
«Tanto este referéndum como el que sacó a Pinochet del poder son claves para el relato político de Chile», explicó a la agencia española EFE Claudia Heiss, autora del libro «Por qué necesitamos una nueva Constitución».
Ambas votaciones, aclaró la experta, surgen de la «necesidad de destrabar un contexto sociopolítico complejo».
«Esta votación es un camino intermedio entre el quiebre revolucionario y la continuidad política», apuntó Heiss, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).
Para Jaime Abedrapo, director de la Escuela de Gobierno en Universidad San Sebastián, el actual referéndum es la «única salida» para una situación que «sobrepasó» a las instituciones: «Después del tiempo de la dictadura, el país ha entendido que hay que buscar cauces institucionales para resolver los problemas».
«Nunca en los 200 años de independencia del país se le ha preguntado a los ciudadanos si quieren cambiar la Constitución. Tampoco ha sido algo habitual en Latinoamérica», dijo a Efe Javier Couso, catedrático de Derecho en la Universidad de Utrecht (Holanda).
«Este proceso puede abrir paso a una democracia ciudadana que nos garantice a todos el acceso a los derechos fundamentales», opinó, también a la agencia de noticias española, Francisco Estévez, director del Museo de Memoria Histórica de Chile, donde se guardan archivos inéditos sobre la dictadura.
Si el proceso constituyente culmina con éxito, apuntó Couso, Chile «completará la transición que comenzó en 1988» y «mandará una señal importante para Latinoamérica, donde figuras populistas han usado los cambios constitucionales para perpetuarse en el poder».
El análisis de EFE también hace referencia a que, en el plebiscito de 1988, con una histórica participación del 90 %, los jóvenes fueron decisivos para el resultado, puesto que abarcaban más de un 50 % del total de votantes. En esta votación, dicen, que se prevé que rompa con la alta abstención de las últimas décadas, los menores de 39 años también podrían ser cruciales, pues suponen un 40 % del total de los 14,5 millones de ciudadanos llamados a las urnas.
«Los jóvenes se retiraron bastante de la actividad política, sin embargo, en esta ocasión se espera que sean actores protagonistas de la historia a la que estamos llegando», añadió Abedrapo.
Para Arturo Pardo, un joven que nació el mismo año en que Pinochet abandonó el poder, dejar atrás la actual Constitución es un cambio «esencial» para Chile que va a alentar la participación en política de los jóvenes.
Pablo Betanzo, de 31 años, consideró por su parte a Efe que las expectativas de mejora con la redacción de un nuevo texto son «muy altas» entre la gente de su generación, que ha estado muy presente durante las actuales protestas: «Si no hubiera sido por los jóvenes, no se hubiera llegado aquí».
De aprobarse, la elección de los constituyentes se realizará en abril y la nueva Constitución -que debe redactarse en un máximo de un año- se ratificará en otro plebiscito, este con voto obligatorio.
