Lobos sueltos, corderos atados, en el negocio del agua

En su mansión al norte de Nueva York, Laurence Fink, uno de los treinta hombres más poderosos del planeta, se despertó con sed. Era el 2 de noviembre y cumplía 66 años. Todavía no había pandemia. Se levantó de la cama a las cinco de la mañana y no tomó nada. Con la garganta reseca apretó la nariz contra la ventana de la sala de estar, mirando al parque de cuatro hectáreas. Después de veinte segundos inmóvil, tragó saliva. Las mejores ideas de su vida las había tenido siguiendo intuiciones. Nadie sabría cómo se gestó la más reciente ofensiva sobre el agua, pero Larry recordaría siempre esa sedienta mañana.

Fink tiene ahora 68 años, es más largo que alto, tiene una alopecia profunda y usa anteojos sin marco. Se ríe seguido y la comisura derecha se le levanta con picardía porteña. Su padre era zapatero y su madre, profesora de inglés. Nació en Los Ángeles y estudió ciencias políticas en la Universidad de California donde se unió a la fraternidad universitaria Kappa Beta Phi. Catorce años después de recibirse, fundó y se convirtió en el número uno de BlackRock, hoy el fondo de inversiones más grande del mundo. En 2020, el grupo gestionó fondos por 8,7 billones de dólares, una riqueza que lo posicionaría como la tercera potencia mundial, sólo detrás de Estados Unidos y China. El fondo es copropietario de más de diecisiete mil empresas, entre las principales, farmacéuticas (Pfizer), alimentarias (Bayer-Monsanto y Coca-Cola), petroleras (Exxon Mobile) y tecnológicas (Apple y AOL), entre otras. Es la cueva donde nunca descansan los mejores lobos de Wall Street; una manada de la que Larry es el macho alfa.

Si bien toma impulso con sus intuiciones, Fink siempre se basa en las proyecciones. Desde hace años que conoce los informes sobre la escasez del agua en el mundo, acelerada por el derretimiento de los glaciares, la contaminación, y su uso intensivo, en particular del sector agrícola —el 72% del consumo global se utiliza de ese modo, de acuerdo a la ONU—, los municipios y las industrias. Según el World Resources Institute, en los últimos cincuenta años la demanda doméstica se incrementó en más de un 600 por ciento. Pero la ONU estima que aún 2.200 millones de personas (casi un tercio de la población global) no tiene acceso seguro al agua potable, y tres mil millones no acceden siquiera a lavarse las manos con agua y jabón. Para los jugadores como Fink, gestionar e incrementar artificialmente esa escasez es una excelente oportunidad de negocios.

BlackRock avanzó en su proyecto por distintos frentes. En julio de 2020 publicó el informe Troubled Waters (aguas turbulentas), en el que advirtió que el estrés hídrico —mayor demanda que disponibilidad del recurso— produciría graves riesgos financieros en las próximas décadas. Mencionó especialmente los riesgos para el sector inmobiliario, el agrícola y la generación eléctrica. Lo vinculó, además, con las sequías y las inundaciones producto de la crisis climática. Reconoció el contexto y tomó carrera.

Meses más tarde, en diciembre de 2020, el agua comenzó a cotizar en Wall Street, esa cueva de Fink y otros popes de la economía de mercado global. Se trata, por el momento, de precios futuros para el comercio de agua de cuencas de California para el mercado agrícola. Pero también es lo que parece: el mecanismo técnico necesario para abrir formalmente el camino a la commoditización del agua. 

En los últimos días, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, reconoció que “durante años y generaciones se pelearon guerras por el petróleo; en un corto tiempo se pelearán por el agua”. Para defender el recurso, Harris la catalogó como una “commodity preciosa”. Plantea así un escenario en el cual el agua nos llevará, o bien a la guerra formal y conocida, u otra más abstracta pero igual de sangrienta, la que deviene de ingresarla con un valor cuantificable, competitivo y comerciable al reino del capitalismo. Lo que propone la vicepresidenta norteamericana es que, si queremos evitar que nos arrebaten el agua al calor del hierro, debemos aceptar —y abrazar— su valorización económica. 

En 2020, Fink mostró su primer modelo de ataque. Copropietario de la farmacéutica estadounidense Pfizer, dueña de una de las vacunas que se comercializa contra la COVID-19, exigió que los países que querían comprar la droga pusieran activos soberanos a modo de garantía para responder ante eventuales juicios futuros. El caso fue develado por una investigación periodística del Bureau of Investigative Journalism y reiterado en Argentina por Jorge Rachid, asesor del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, quien declaró que Pfizer le exigió a Argentina que sancionara una ley que eventualmente permitiera embargar los glaciares andinos. Si algo salía mal con la vacuna, Argentina respondería con sus cuerpos de hielo, nada menos que sus reservas de agua. El país, hasta ahora, rechazó esas condiciones.

¿Corderos atados?

Cordillera de los Andes. Centro-oeste de Argentina. Departamento de Las Heras, Provincia de Mendoza. Allí se emplaza la Reserva turística Villavicencio. Un paraíso verde entre las altas cumbres, a casi dos mil metros sobre el nivel del mar, que corona una construcción blanca de estilo andina. El Hotel Villavicencio tiene cuatro pisos y techos de tejas ocre. La reserva posee el 8% de la superficie total del departamento. El dominio de esas 72 mil hectáreas, que incluyen el manantial, tres ecosistemas distintos, 240 especies de fauna y 200 especies de flora, es privado. Desde el año 2000, lo administra la compañía multinacional Danone. El acceso es arancelado (hoy ingresar cuesta unos dos dólares) y parte de los caudales de agua son embotellados por esa compañía en botellas que llevan la imagen del hotel impresa y luego son vendidas a un dólar el litro.

Lejos de la figura clásica del villano de película que acompaña a las corporaciones agrotóxicas, fósiles o megamineras, las que venden agua, como si fueran ángeles de la industria alimentaria, avanzan con rostro humano y cercanía a las poblaciones. Son la vanguardia sensible de esta embestida sobre el bien estratégico del siglo XXI. 

Según datos de 2018, solo tres corporaciones controlan el 85% del mercado del agua en Argentina: Danone, Nestlé y Coca-Cola. ¿Quién se esconde detrás de las tres? Los lobos. El 10% de Coca-Cola (Coke Inc.) es controlado por BlackRock; en Danone, aunque el principal fondo de inversión es otro —el Massachusetts Financial Services—, el gigante norteamericano tiene más del 5%; y en Nestlé ningún accionista supera el 3%, excepto la compañía de Fink. Es sabido que estos gigantes financieros lanzan sus inversiones detrás de toda gran empresa global. Pero es clave para entender el criterio que aplican sobre el agua y su commoditización, así como para identificar a los ganadores y los perdedores de esta idea que, con la llegada de la tercera década del siglo veintiuno, deja de ser amenaza latente para convertirse en realidad.

La intención se oculta con publicidad. Coca-Cola propone que sientas el sabor. Nestlé habla de buena comida, buena vida. Danone va más allá: un planeta, una salud, dicen en un registro épico. Los sitios de las principales embotelladoras están inundados de noticias sobre sustentabilidad, medio ambiente, bienestar y reciclaje. Parecen una oenegé, cuando su core business es embotellar un derecho. Toda la estrategia de marketing está disfrazada de responsabilidad social, una estrategia que busca vestir al lobo con piel de cordero.

Coca-Cola, por ejemplo, acordó con el Gobierno de Salta, provincia del norte de Argentina, que llevaría agua potable a la región. En principio, con una prueba piloto que llevará veinte (sí, veinte) filtros familiares a comunidades originarias de los departamentos de Rivadavia y San Martín. No importa que para fabricar un litro de Coca-Cola se utilicen setenta litros de agua, sin contar la cantidad utilizada para el envase o el endulzante; caridad mata realidad. Aunque, a pesar de su rol clave en el sector del agua embotellada a través de Bonaqua y Kin, el foco de la empresa norteamericana sigue siendo su gaseosa de bandera y su estrategia comercial no logra despegarse del impacto que produce como sí intenta, con mejor éxito, la francesa Danone.

Ya sea en la promoción de lácteos como garantes de salud, como en la gestión del agua, Danone no solo busca parecer una oenegé: también las financia. Así, junto al programa SedCero —que integra junto con el Rotary, la empresa de marketing sustentable Diamonds, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y organizaciones sociales—, lanzaron en 2018 (y en la casa de gobierno argentina, la Casa Rosada) la Plataforma del Agua. Esta herramienta busca, según su sitio web, facilitar procesos de “desarrollo inclusivo y sustentable”.

Desde ese espacio, el último Día Mundial del Agua, que se celebró el 22 de marzo, Danone, SedCero, Avina y la Universidad Nacional de Quilmes firmaron un convenio con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación. El documento con la carta de intención no se hizo público ni se conocieron avances posteriores, pero tanto desde el Estado como desde las organizaciones firmantes aseguran que la colaboración pondría a disposición del Consejo la información sobre vulnerabilidad en el acceso al agua generada por la mencionada plataforma, financiada por la principal embotelladora del país. Como si Danone fuera, no una empresa privada que está extrayendo y comercializando lo que escasea en ese segmento de la población, sino un ejecutor de políticas públicas que busca resolverlo.

Gabriel Lindoso/Greenpeace

Los datos de escasez de agua en Argentina son alarmantes. Según el INDEC, cinco millones trescientas mil personas no tienen acceso al agua potable en sus viviendas y más del 13% de los argentinos no goza de acceso permanente a este recurso vital. En las zonas rurales, como el Gran Chaco —donde centra su actividad el programa SedCero—, la situación se agrava y la escasez hídrica alcanza al 41% de los hogares. La inexistencia de una ley nacional para regular el agua aumenta la complejidad del abordaje, imposibilita el acceso a los datos reales y deja librada la gestión a colaboraciones con privados que se benefician con la venta del recurso que se busca garantizar. 

El Consejo Nacional es un espacio de articulación entre distintas áreas del Estado que busca optimizar los recursos en relación con las poblaciones más vulnerables. Su presidenta, Victoria Tolosa Paz, no considera que el rol del sector privado en la gestión de estos datos despierte ninguna alarma. Por el contrario: cree que los datos hay que buscarlos allí donde están, para poder cruzar la información existente con los mapas de vulnerabilidad y acceso al agua y acercar soluciones urgentes a los que más necesitan ese recurso. “Sin datos no se pueden tomar decisiones”, dice en comunicación con Bocado. También asegura que “no existe ni existirá ningún entrecruzamiento de datos del Estado con el sector privado”. Pero el convenio sigue sin hacerse público y las preguntas se acumulan sin respuesta. Sobre todo una: ¿qué gana Danone al involucrarse financiera y públicamente con esta iniciativa? 

Durante las semanas que duró esta investigación, intentamos comunicarnos con la empresa, pero nada se logró más que una promesa de respuesta futura, el comunicado oficial por el acuerdo con el Consejo y una línea muy sugestiva: “Sabemos que ya hablaron con las organizaciones”. Parece que la comunicación tras bambalinas fluye con una velocidad mucho más vertiginosa que el acceso a la información pública sobre el agua que embotellan, venden, gestionan y relevan, ahora en conjunto con un organismo dependiente del Poder Ejecutivo.

Buscando otras respuestas, aparece una declaración del exdirector financiero de Danone Argentina entre 2007 y 2010, François-Xavier Lacroix, ahora a cargo de Aguas Danone España. En una entrevista con ElEconomista.es, Lacroix reconoció que “el agua corriente no es competencia [a su negocio], pero dar agua gratis puede ser contraproducente”. Su razonamiento es el siguiente: “Hay que darle un trato adecuado al agua, porque si se ve como algo gratuito sin interés ni sofisticación, toda la categoría agua cae, y da más espacio a los productos que pueden ofrecer una experiencia de consumo más atractiva pero son menos sanos”. Si revisamos un poco más, veremos que no es un caso aislado en el sector. En esta misma línea se expresó tiempo atrás Peter Brabeck-Letmathe, CEO de Nestlé entre 1997 y 2008: “La posición de que todo ser humano debe tener derecho al agua es extrema. […] Personalmente creo que es mejor darle al agua un valor de mercado para que todos seamos conscientes de que tiene un precio”.

La doctora Ana Torlaschi preside el Comité de Salud y Ambiente de la Asociación Médica Argentina y se especializó en el mercado del agua embotellada y el acceso al agua segura. Torlaschi cree que “las empresas privadas tienen la capacidad de ver un negocio donde tendría que haber un derecho; aprovechan el agujero que deja el Estado”. Dice que “los gobiernos deberían proveer el agua segura a la población porque el acceso al agua es un derecho humano como lo es el derecho al aire” y no duda en considerar que “el agua va a ser el oro del futuro”. Cuando le consulto sobre el acuerdo entre el Estado y Danone, Torlaschi se pregunta sobre los datos que relevarán y exhibirán: “El que tiene la información tiene la manija, porque de la información que tenés, mostrás lo que querés”. 

La estepa

La Veredita es un largo pasillo de casas bajas en el que se estima que viven unas 140 familias. Está ubicado en el sudoeste de la ciudad de Buenos Aires, a dos cuadras del estadio de San Lorenzo, el club del que es hincha el Papa Francisco. Algunas de esas casas no tienen las cuatro paredes de material, se arreglan con nylon y frazadas. Durante catorce años, el barrio no tuvo agua. Ni siquiera es uno de los 57 barrios de emergencia relevados en la Ciudad de Buenos Aires (que habitan unas 73.600 familias): el Gobierno de la Ciudad no lo reconoce, alejando a sus habitantes de sus derechos básicos, como el acceso al agua. Desde la primera toma tuvieron varios conflictos entre vecinos por intentar acceder al recurso que ya tenía el barrio lindante, Los Pinos, y la Federación de Asociaciones Bolivianas que queda cruzando la calle.

Guido Piotrkowski

Laura tiene menos de cuarenta años, vive con su marido, dos hijos y una nieta pequeña. Tiene pelo oscuro, un mechón violeta y usa un barbijo negro con la pipa de Nike. Tiene ojos negros y una mirada profunda. Desde hace tres años gestiona el comedor de La Veredita, al que asisten unas setenta familias a buscar la comida que prepara junto con otras dos mujeres. “Yo busco dónde está la solución y avanzo, te atropello”, dice Laura cuando le pregunto por el agua. Cuenta que hace unos años, el Gobierno de la Ciudad colocó dos tanques en cada esquina. Mantenerlos funcionando es una tarea que obliga a los vecinos a mantenerse atentos: deben llamar por teléfono cuando el agua se está acabando. La distribución hacia cada casa la hacen los mismos vecinos con baldes. 

“Esa agua la pones en el balde y en cinco minutos se pone amarilla”, relata Laura. “Tuvimos chicos con forúnculos, diarreas, todo por esa agua”. El gobierno no lo reconoce, pero lo sabe. Por eso, para beber, cada quince días acercan a cada familia cuatro bidones de cinco litros de agua de mesa (que en realidad es agua corriente, pero envasada) que comercializa la empresa Akua S.A., bajo la marca Freezy. Por familia supone alrededor de un litro por día. La familia tipo de La Veredita, tiene unos seis o siete integrantes, como mínimo. Laura atiende en el comedor a familias de nueve y hasta doce personas. Lo que les lleva el gobierno los enferma o no alcanza. El barrio está lleno de chicos que corren y juegan entre los bidones de agua que se amontonan vacíos.

La pandemia agravó varios problemas que ya existían. “Te dicen que te quedés aislada en tu casa por la pandemia, ¿pero cómo hacés si no tenés agua ni para lavarte las manos?”. Entre la sed y la enfermedad, Laura avanzó y atropelló. Varios vecinos del barrio se convirtieron en ingenieros hidráulicos a través de YouTube. En noviembre del 2020 buscaron un caño, lo cortaron, sellaron y canalizaron hacia el barrio. Con apoyo de una parroquia cercana consiguieron una tuneladora y pasaron los caños prolijamente por debajo del asfalto. Llevaron agua hasta los tanques del gobierno y se organizaron cada cuatro vecinos para comprar caños más pequeños para que el agua llegara hasta las casas. No cubre toda la cuadra, pero media Veredita tiene su canilla. Para los que aún no llega, usan las canillas populares que pueden abrir y cargar sus baldes con agua más segura que la que les acerca el gobierno y sin miedo a que se termine. Así pasaron la primera ola, organizándose para mejorar la higiene básica y permitiéndose el primer verano en el que los chicos pasaron el calor refrescándose en una pileta de lona.

Esta situación no es una excepción. De acuerdo al Observatorio Villero de La Poderosa, el 75% de las asambleas que integran en todo el país tiene conexiones informales, el 55% no posee tanques para almacenarla y el 25% tiene solo una canilla por casa. Uno de cada cinco no tiene ni una sola gota. Cuando alrededor del 40% de los habitantes de las villas tiene menos de 15 años y 7 de cada diez menos de 30, el ataque es contra el futuro. A Laura y a sus vecinos no les dejan alternativa: “No es la solución correcta, pero vamos tapando huequitos; más no podemos hacer”.

Las farmacéuticas que piden glaciares como garantía, los fondos de inversión que especulan con el precio del agua en Wall Street, o las multinacionales que ocupan grandes reservas naturales para embotellar un bien público están muy lejos de estas realidades. La cotización bursátil en Estados Unidos es irrelevante en la realidad cotidiana de los vecinos de los barrios populares. Las verdaderas guerras por el agua ya se están peleando allí. La privatización del bien común, la ausencia en la gestión estatal y la profunda desigualdad social son parte de esta embestida que crece desde la sed de los lobos y las maniobras de quienes visten de corderos, mientras oscurecen el futuro de los niños en la estepa latinoamericana.