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Créditos: DW
Los abogados del exmandatario Donald Trump habían alegado que la designación de un perito independiente brindaría «confianza» a la investigación sobre los documentos oficiales que este mantenía en su mansión de Florida.
La Justicia estadounidense aceptó hoy que un perito independiente supervise los documentos oficiales recuperados en la residencia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021) en Florida.
La magistrada Aileen Cannon, del distrito Sur de Florida, ordenó que esa persona se encargue de revisar los bienes incautados, gestionar las afirmaciones de privilegio invocadas al respecto, hacer recomendaciones y evaluar las reclamaciones de devolución de bienes.
La petición de un perito independiente había sido solicitada por los abogados defensores de Trump, que el pasado día 1 alegaron que su designación brindaría «confianza» a la investigación sobre los documentos oficiales que mantenía el exmandatario en su mansión de Florida.
Los letrados habían reclamado ese «special master», como se denomina en inglés al perito independiente, no solo para supervisar qué documentos han sido clasificados como cubiertos por el privilegio abogado cliente, y por ende separados de la investigación, sino también para revisar el inventario de lo requisado por el c en la residencia de Trump.
A su vez, los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) habían señalado como «innecesaria» la designación de un perito al considerar que dilataría las pesquisas.
En el registro realizado por el FBI en Mar-a-Lago se encontraron documentos clasificados y secretos que el expresidente republicano presuntamente se llevó consigo cuando dejó la Casa Blanca, en enero de 2021.
La decisión de hoy de la jueza estipula que el Departamento de Justicia no puede seguir revisando el material incautado o utilizarlo en el marco de la investigación hasta que ese perito no finalice su análisis o hasta nueva orden judicial.
No obstante, apunta que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional puede continuar su evaluación del posible riesgo para la seguridad nacional que constituye la eliminación de la custodia gubernamental de documentos clasificados, algunos relacionados con secretos de gobierno y de inteligencia calificados como «top secret».
