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Los jueces, en una decisión de 9-0, revocaron la sentencia de un tribunal inferior que había revivido una demanda contra Twitter por parte de los familiares estadounidenses de Nawras Alassaf, una mujer jordana que murió en un ataque en 2017 durante la celebración de Año Nuevo en un club nocturno de Estambul, reivindicado por el grupo militante Estado Islámico.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el jueves que las víctimas de ataques de organizaciones militantes puedan responsabilizar a las empresas de redes sociales bajo una ley antiterrorista por no impedir que los grupos usen sus plataformas, en una victoria a Twitter Inc.
En un caso no relacionado que afectaba a Google LLC, la corte eludió un intento por debilitar la protección jurídica de las empresas de Internet.
Los jueces, en una decisión de 9-0, revocaron la sentencia de un tribunal inferior que había revivido una demanda contra Twitter por parte de los familiares estadounidenses de Nawras Alassaf, una mujer jordana que murió en un ataque en 2017 durante la celebración de Año Nuevo en un club nocturno de Estambul, reivindicado por el grupo militante Estado Islámico.
El caso fue uno de los dos que la Corte Suprema sopesó en su actual período con el objetivo de responsabilizar a las empresas de Internet por los contenidos publicados por los usuarios, una cuestión que preocupa cada vez más a la opinión pública y a los legisladores estadounidenses.
El jueves en un caso similar contra YouTube, propiedad de Google LLC, que forma parte de Alphabet Inc., los jueces eludieron pronunciarse sobre un intento de restringir una ley federal que protege a las empresas de Internet de demandas por contenidos publicados por sus usuarios, denominada Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones.
En un fallo breve y sin firma, los jueces devolvieron a un tribunal inferior la demanda de la familia de Nohemi González, una estudiante universitaria californiana de 23 años que murió en un tiroteo reivindicado por Estado Islámico en París en 2015. El tribunal inferior había desestimado la demanda.
En la masacre de Estambul del 1 de enero de 2017 murieron Alassaf y otras 38 personas.
Sus familiares acusaron a Twitter de complicidad con Estado Islámico, que reivindicó el ataque, al no vigilar la plataforma en busca de cuentas o publicaciones del grupo, violando una ley federal llamada Ley Antiterrorista que permite a los estadounidenses solicitar una compensación por daños relacionados con “un acto de terrorismo internacional”.
El juez conservador Clarence Thomas, autor de la sentencia, dijo que las alegaciones de los demandantes eran insuficientes porque “no apuntan a ningún acto de alentar, solicitar o aconsejar la comisión” del ataque.
“Más bien, esencialmente retratan a los demandados como espectadores, observando pasivamente cómo ISIS llevaba a cabo sus nefastos planes”, añadió Thomas.
El Gobierno del presidente Joe Biden apoyó a Twitter, afirmando que la Ley Antiterrorista impone responsabilidad por ayudar a un acto terrorista y no por “proporcionar ayuda generalizada a una organización terrorista extranjera” sin relación causal con el acto en cuestión.
Twitter ha declarado en documentos judiciales que ha dado de baja a más de 1,7 millones de cuentas por infringir las normas contra la “amenaza o promoción del terrorismo”.
