El mandatario venezolano ordenó iniciar la entrega de documentos de identidad a habitantes de la zona disputada, proponiendo la creación de una provincia y la explotación de recursos, tras un polémico referéndum sobre la anexión. Maduro llamó a “recuperar lo que nos dejaron los libertadores”.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este martes comenzar a entregar la nacionalidad a los habitantes de la zona disputada con Guyana, en la que viven unas 125.000 personas, dentro del plan—cuestionado por la oposición—de anexión de este territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados, actualmente bajo control de Georgetown.
“Anuncio la activación inmediata de un plan de atención humana, social, a toda la población de la Guayana Esequiba, la realización de un censo, el inicio de la entrega de la cédula de identidad”, dijo el mandatario durante un acto con ministros, alcaldes, gobernadores, diplomáticos, militares y otros altos funcionarios.
Asimismo, ordenó la apertura de una oficina del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en la localidad de Tumeremo, cercana a la zona disputada, “para dirigir todos estos esfuerzos de identidad para los habitantes” del área bajo pleito, mayoritariamente comunidades indígenas.
Estos anuncios se producen dos días después de que el país celebrara un referéndum en el que los ciudadanos respaldaron por abrumadora mayoría anexionarse la zona disputada e implementar un plan de atención a los esequibanos, que no fueron consultados al respecto.
Maduro también propuso al Parlamento crear una ley para decretar “áreas de protección especial en la Guayana Esequiba” y la conformación de “nuevos parques protegidos que sean un centro de turismo”.
Según dijo, este territorio —rico en minerales—, sobre el que Venezuela no ejerce control desde 1899, ha sido “descuartizado” por Guyana, por lo que “amerita un plan especial para su recuperación”, aunque no ofreció detalles al respecto.
La controversia por esta área data del siglo XIX, pero desde 2018 ha cobrado vigor en vista de la admisión del caso por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ha pedido a Venezuela no completar acciones que alteren la dinámica actual sobre la zona, administrada por Guyana.
Sin embargo, Maduro rechaza la mediación de la CIJ en este asunto, un alegato que también se vio reforzado con el referéndum, en el que los venezolanos acordaron no reconocer la jurisdicción del tribunal internacional que, de cualquier modo, emitirá una decisión vinculante para las dos naciones en los meses por venir.
Maduro también propuso una ley para declarar la creación de una provincia en el Esequibo. Ordenó en una reunión con su gobierno “activar de inmediato el debate en la Asamblea Nacional y la aprobación de la ley orgánica para la creación de la Guayana Esequiba” como provincia venezolana.
Además instó a la empresa estatal petrolera PDVSA a “crear la división PDVSA-Esequibo” y a otorgar, también “de inmediato”, licencias operativas para la explotación de crudo, gas y minas en el Esequibo, controlado de facto por Guyana pero reclamada por Caracas.
Aunque ambos países se disputan la zona desde hace más de un siglo, las tensiones aumentaron hace casi diez años, cuando comenzaron a encontrarse allí grandes yacimientos de petróleo.
La celebración del referéndum venezolano causó preocupación en Guyana, cuyo gobierno no cree que Venezuela trate de tomar el territorio por la fuerza, pero tampoco lo descarta y se mantiene “vigilante”.
El fiscal general de Guyana, Anil Nandlall, declaró este martes a la agencia AFP que pediría ayuda al Consejo de Seguridad de la ONU si Venezuela toma alguna medida después del referéndum, que ya trató de evitar sin éxito con una solicitud urgente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Especificó que, de ser necesario, invocaría los artículos 41 y 42 de la Carta de la ONU, que pueden autorizar sanciones o acciones militares de los estados miembros para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacionales.
Desde hace décadas Venezuela considera al Esequibo, también conocido como Guayana Esequiba, como una “zona en reclamación” y suele incluirla en sus mapas con un tachado.
Existe un litigio en curso entre ambos países ante La Haya para definir las fronteras bilaterales en esa zona.
Guyana, una antigua colonia británica y holandesa, insiste en que las fronteras fueron establecidas por un panel de arbitraje en 1899.
Sin embargo, Venezuela no reconoce la jurisdicción de la CIJ en el asunto y sostiene que el río Esequibo, al este del país, forma una frontera natural que ha sido reconocida históricamente.
La disputa se intensificó desde que ExxonMobil descubrió petróleo en Esequibo en 2015.
Caracas convocó el referéndum después de que el gobierno de Georgetown comenzara a subastar bloques petroleros allí en agosto.
Guyana afirmó que mantendrá la cooperación en materia de defensa con Estados Unidos y otros socios estratégicos y continuará los esfuerzos diplomáticos para persuadir a Venezuela de que permita que la justicia internacional tome la decisión final.
“Ya dejamos claro que acataremos la sentencia del tribunal”, afirmó el ministro guyanés. Previamente, Guyana pidió a la CIJ que bloqueara la votación.
Aunque la Corte instó a Caracas a no tomar ninguna medida que pudiera afectar el territorio en disputa, tampoco accedió a la solicitud de intervención urgente de Georgetown para parar el referendo.
Los votantes venezolanos fueron consultados sobre cinco preguntas en el referendo, entre ellas si Venezuela debería o no rechazar la decisión de arbitraje de 1899 y la jurisdicción de la CIJ.
También fueron consultados sobre si se debería otorgar o no la ciudadanía venezolana al pueblo (actualmente guyanés) del nuevo “Estado Guyana Esequiba”.
El gobierno de Maduro emprendió una campaña masiva para que los venezolanos votaran a favor, sin que hubiera ninguna iniciativa en contra de la medida.
Participaron más de la mitad de los 20,7 millones de votantes, aseguró el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, tratando de disipar las dudas sobre la participación.
El recuento inicial fue cuestionado por políticos y analistas de la oposición, quienes advirtieron sobre la posibilidad de que las respuestas de los votantes a cada una de las cinco preguntas del referendo fueran contadas como votos emitidos por separado.
La baja afluencia de votantes en los colegios electorales de Caracas y otras ciudades fomentó las dudas.
La cifra de 10,5 millones anunciada por Amoroso acompañado por Maduro es la participación más alta jamás registrada en una elección venezolana.
El mandatario dijo que se trató de una “victoria abrumadora”.
“Hemos dado los primeros pasos de una nueva etapa histórica en la lucha por lo que nos pertenece, por recuperar lo que nos dejaron los libertadores”, afirmó.