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“Este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario y al director del Penal de Barbadillo, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori, bajo responsabilidad”, sentencia la resolución.
El Tribunal Constitucional de Perú ha instruido la liberación de Alberto Fujimori –presidente del país desde 1990 al 2000-, tras descartar la orden previa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
La resolución aprobada por tres de los seis miembros del TC y con el voto decisivo del presidente del tribunal, Francisco Morales, ejecuta directamente una sentencia anterior con fecha del 17 de marzo de 2022 que indultaba a Fujimori.
De este modo, la orden de este martes resuelve “declarar fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo de 2022 recaída en el presente proceso, en consecuencia (…) este Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario y al director del Penal de Barbadillo, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori, bajo responsabilidad”.
Esta orden judicial se produce a pesar de una sentencia del juzgado de Ica, que había declarado improcedente la decisión anterior del TC sobre otorgar la libertad al polémico expresidente.
En ese sentido, el Tribunal resolvió llamar “severamente la atención al juez a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, señor Vicente Fernández Tapia”. Y lo exhortó a “poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus”.
A esto se suma, que los jueces declararon “falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, en el marco de una supervisión del cumplimiento de sentencias, ordenar directamente la no ejecución de una decisión judicial”.
Morales ha enfatizado la necesidad de acatar esta sentencia, mencionando el indulto concedido a Fujimori en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, el cual fue anulado por el Poder Judicial en 2018, siguiendo una solicitud de la CorteIDH para garantizar justicia a las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
