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Foto: Tomas F. Cuesta/AP/picture alliance
La medida había sido anunciada por la administración de Javier Milei, que hace un mes suspendió la pauta publicitaria oficial en los medios también por 12 meses.
El gobierno del presidente ultraliberal Javier Milei intervendrá durante un año todos los medios estatales dentro de su política de “reorganización de las empresas públicas” en Argentina, según lo confirmó el decreto publicado en el Boletín Oficial el lunes.
La agencia de noticias Télam, el portal Educ.ar, la Radio Nacional, la Televisión Pública y las señales de Contenidos Públicos segmentados (Encuentro, Paka Paka, Depor TV, ACUA Mayor y ACUA Federal) integran la lista de medios intervenidos durante un año, con opción de prórroga, por el decreto 117/2024.
También queda incluida la administración del Polo de Producción Audiovisual y el acervo del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (Bacua).
La misión de la intervención será “elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades”, que incluirá la revisión de la administración de fondos, la modificación del régimen de contrataciones y la designación o suspensión de funcionarios.
Además, entre los fines de los interventores está el de “optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas”, todo ello dentro de la anunciada búsqueda de “una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público”.
Según explicó el vocero presidencial Manuel Adorni el viernes, aún no está definido si el gobierno avanzará o no en la privatización de los medios de comunicación. “No lo sabemos, no está definido (…) el presidente irá definiendo cómo es el alcance de esa reorganización que llevará mucho tiempo”, dijo.
Con respecto al personal que labora en esas empresas, Adorni sostuvo que “todos los que trabajan de buena fe y aportan valor, no tienen de qué preocuparse”.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) advirtió que la intervención es una “violación de la legislación vigente” y pasa por encima del Congreso, ya que “algunas de las empresas intervenidas cuentan con directivos votados por distintas representaciones parlamentarias, a quienes se les quitará todo rol”.
En un comunicado difundido en sus redes sociales, el colectivo resalta que “es clara la intención del Poder Ejecutivo de privatizar los medios públicos para hacer un negocio con ellos, tal vez un negocio inmobiliario, funcional a los sectores privados de la comunicación”.
Fatpren recuerda que impugnó por inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, dictado por el mandatario el 20 de diciembre pasado.
En el recurso presentado ante la Justicia, el colectivo señala “la absoluta incompatibilidad del DNU con las obligaciones del Estado en materia de sostenimiento y resguardo del rol social de los medios públicos, que garantizan pluralidad de voces”.
