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Crédito: Infobae
La causa, liderada por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello, implica a líderes del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y Barrios de Pie, entre otros, quienes habrían desviado fondos destinados a los sectores más vulnerables del país.
En Argentina, una investigación judicial ha sacado a la luz prácticas extorsivas y abusivas por parte de dirigentes de movimientos piqueteros. La causa, liderada por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello, implica a líderes del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y Barrios de Pie, entre otros, quienes habrían desviado fondos destinados a los sectores más vulnerables del país.
Según Infobae, la investigación reveló que los fondos públicos asignados para asistencia social fueron desviados por estos dirigentes, quienes administraban los recursos desde cooperativas y comedores, las que pertenecían a organizaciones que también tienen vínculos con partidos políticos como el Frente de Todos y el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad.
Hasta el momento, 27 personas han sido imputadas, la mayoría de ellas pertenecientes a niveles intermedios y bajos dentro de las organizaciones involucradas. Aún no se han identificado responsables de alto nivel ni exfuncionarios directamente, aunque se espera que las investigaciones y declaraciones indagatorias puedan aportar más claridad al respecto.
En los casos específicos, hay tres nombres que destacan. En Polo Obrero, el apuntado es Eduardo Belliboni, su principal referente. Si bien no ha sido mencionado directamente en la causa, uno de sus allegados, Jeremías Cantero, aparece implicado. Cantero fue funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador de varios comedores en Buenos Aires. Se le acusa de participar en las decisiones coactivas y extorsivas, imponiendo multas y sanciones a quienes no cumplían con las exigencias de participación en movilizaciones.
En el caso de Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), dirigentes de esta organización, responsables del Comedor Kuña Guapa, también están bajo la lupa judicial. Se les acusa de utilizar los recursos públicos para forzar a los beneficiarios a participar en actividades políticas. Las investigaciones indican que los beneficiarios debían pagar multas por faltar a las movilizaciones y que algunos recursos destinados a la asistencia social eran vendidos en el mercado negro.
Finalmente, en Barrios de Pie, se investiga a su coordinador nacional Daniel Menéndez. Es exfuncionario del Ministerio de Desarrollo Social y actual funcionario del gobierno de Axel Kicillof. Las denuncias indican que en el Comedor Caminos de Tiza, administrado por esta organización, se obligaba a los beneficiarios a participar en campañas políticas y movilizaciones, y se les cobraban cuotas por recibir alimentos.
El fiscal Pollicita, en ese sentido, destacó en su pedido de allanamientos y detenciones la “gravedad institucional” del caso, señalando que los fondos destinados a ayudar a los más necesitados fueron utilizados para coaccionar y extorsionar a los beneficiarios. Los dirigentes exigían a los beneficiarios participar en marchas y otras actividades políticas bajo amenaza de perder sus beneficios sociales.
La investigación judicial se centra en dos programas principales del Ministerio de Desarrollo Social: Potenciar Trabajo y el Programa Alimentar. Ambos programas estaban bajo la órbita de la Secretaría de Economía Social, liderada por Emilio Pérsico, y la Secretaría de Inclusión Social.
