MUNDO
Mientras el Senado argentino evalúa la privatización de los medios de comunicación, Milei ya dictó la clausura de sitios web y redes sociales de todos los medios estatales del país. Los trabajadores que penden de un hilo, acusan censura y un “ataque al periodismo crítico” y sin “fines de lucro”.
El presidente argentino Javier Milei abrió un nuevo capítulo en su plan de ajuste fiscal y achicamiento del Estado, ahora destinado a los medios públicos de comunicación. Este plan -que se sumó a previas decisiones de intervencionismo y al cierre de una agencia- viene a suspender la emisión de contenidos a través de sitios web y redes sociales de todas las empresas estatales de comunicación del país.
Así lo decretó este martes el Gobierno, bajo las razones conocidas del mandatario argentino, quien cree que los medios públicos “son un mecanismo de propaganda” y, por ende, deben “estar en manos del sector privado”.
Esta postura comenzó a reflejarse concretamente en febrero, cuando Milei dictó la intervención en los informativos estatales y proclamó un cierre no oficial de Télam, agencia que se encuentra inactiva y sin acceso a sus archivos.
Este despliegue a nivel nacional responde a un “proceso de reorganización que tiene como objetivo mejorar la producción, realización y difusión de los contenidos que se generan”, informó el comunicado oficial. “Por eso se ha tomado la decisión de pausar temporalmente todos los contenidos de las redes sociales y páginas web de Televisión Pública, Radio Nacional, las emisoras del interior, FM Clásica, FM Rock, FM Folclórica, Paka Paka y Canal Encuentro“.
La medida que deshuesa a los medios públicos del país, afecta a unos 3,500 trabajadores: 2,442 de la radiotelevisión pública, 810 de la agencia Télam y 234 de la Sociedad Estatal de Contenidos Públicos, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; describió El País.
El rechazo que despertó la situación se manifestó en diversos organismos, no solo periodísticos, sino también de derechos humanos.
“La medida va en línea con una política de destrucción de los medios públicos, de ataque al periodismo crítico y de ahogo a los medios sin fines de lucro”, aseveró el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, Agustín Lecchi. “Con esto buscan construir un relato que les permita llevar adelante un ajuste brutal en contra del pueblo”, agregó al medio citado.
Otros sindicatos, que catalogan la medida como “censura” y que se pronuncian, además, en contra del “apagón digital”; alertan, al igual que el Centro de Estudios Legales y Sociales, que una “clausura de webs” implica “un nuevo paso del gobierno contra el derecho a la comunicación”.
Asimismo, la agrupación Hijos se manifestó en contra de la “censura a los medios públicos en nombre de un ‘proceso de reorganización’, términos que en nuestro país son parte de la memoria sobre la dictadura genocida. La comunicación es un derecho. El silencio es funcional a la impunidad”, expusieron.
El nombre con el que se ha definido esta baja masiva de las plataformas públicas no es una alusión directa, pero sí llama la atención. La dictadura que rigió en Argentina entre 1976 y 1983 se autodenominó “proceso de reorganización nacional”.
Hoy, el Senado argentino debe discutir sobre la privatización de las empresas de medios, como parte de la ley bases, que ya obtuvo aprobación de la Cámara de Diputados.
Ante este escenario, miles de trabajadores podrían verse en la misma situación que sufre la mayor agencia estatal de noticias de América Latina, Télam: un servicio que emitía más de 500 cables por día con información nacional, unas 200 fotografías y contenidos de video, radio y redes sociales.
El cierre, que no se ha concretado formalmente, tiene a sus empleados sin poder ir a trabajar y con un ofrecimiento de ‘retiro voluntario‘, motivo por el que mantienen protestas a las afueras de la sede central hace más de dos meses.
