MUNDO
Fotos: Jeff Roberson, Chris Szagola/AP/DW
La jueza asociada a la Corte Suprema de EEUU Sonia Sotomayor expresó en su voto de minoría una firme oposición a la inmunidad parcial otorgada a Trump, advirtiendo que podría permitirle actuar impunemente en situaciones extremas como “ordenar asesinatos políticos” o “promover golpes militares”.
“El presidente es ahora un rey que está por encima de la ley”.
Ese fue el pronunciamiento de la jueza asociada en la Corte Suprema de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor, al discrepar de la histórica decisión del máximo tribunal del país para concederle inmunidad parcial al expresidente Donald Trump frente a procesos judiciales.
Seis magistrados de tendencia conservadora (tres de los cuales fueron designados por el propio Trump durante su presidencia) firmaron la opinión mayoritaria. Los tres liberales restantes, incluyendo Sotomayor, disintieron en los términos más enérgicos, expresando “temor por nuestra democracia”.
Igualmente, el presidente Joe Biden describió el fallo como un “precedente peligroso” añadiendo que socavaba el “Estado de derecho” y sentaba “un terrible perjuicio” para los estadounidenses.
En contraste, poco después de que la Corte Suprema de EEUU emitiera su decisión, Donald Trump celebró en las redes sociales. “Gran victoria para nuestra Constitución y democracia”, publicó en su red Truth Social. “¡Orgulloso de ser estadounidense!”
La jueza Sonia Sotomayor lideró la disidencia, acompañada por las juezas Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan. Sotomayor planteó escenarios hipotéticos alarmantes donde la inmunidad presidencial podría aplicarse de manera extrema.
“¿Ordena al equipo SEAL de la Marina asesinar a un rival político? Inmune. ¿Organiza un golpe militar para aferrarse al poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un perdón? Inmune, inmune, inmune”, manifestó Sotomayor, visiblemente emocionada durante la lectura de su opinión.
La decisión, escrita por el juez presidente John Roberts, fue criticada por los disidentes como un precedente peligroso que socava el principio de que nadie está por encima de la ley. En tanto, la opinión mayoritaria defendió que los jueces disidentes exageraban con escenarios hipotéticos extremos y calificó sus argumentos legales de débiles.
Trump enfrenta cuatro casos criminales en su contra que van desde conspiración para anular las elecciones hasta la falsificación de documentos para ocultar los pagos que hizo para acallar una supuesta relación con una actriz porno.
El juez Roberts explicó que los presidentes necesitan una inmunidad tan amplia para las acciones oficiales porque la amenaza de un proceso penal -y el “peculiar oprobio público que acompaña a los procesos penales”- podría “distorsionar” la toma de decisiones presidenciales.
“El presidente no está por encima de la ley”, sentenció. “Pero el Congreso no puede criminalizar la conducta del presidente en el desempeño de las responsabilidades del poder Ejecutivo en virtud de la Constitución”.
La Corte Suprema referirá ahora el caso de interferencia electoral al juez de primera instancia, que tendrá que aplicar los detalles de la decisión. Esas decisiones también estarán sujetas a apelación y revisión, un proceso que podría llevar meses o, inclusive, años.
Y si Trump gana la presidencia en noviembre, los funcionarios que designe en el Departamento de Justicia podrían desechar ese caso por completo.
El juez Juan Merchan, que presidió el juicio a Donald Trump por el pago oculto a una exactriz porno, pospuso este martes la sentencia hasta el 18 de septiembre para analizar si la decisión de la Corte Suprema, que le otorga amplia inmunidad, afecta al caso.
Los abogados del magnate de 78 años alegan que la decisión de la máxima autoridad judicial de Estados Unidos, que determinó la inmunidad de los presidentes por sus actos oficiales, debe aplicarse al caso del pago de 130.000 dólares para comprar el silencio de la exactriz de cine porno Stormy Daniels en la recta final de la campaña presidencial de 2016.
A fines de mayo, un jurado popular declaró culpable a Trump de 34 delitos por falsificar registros contables para disfrazar ese pago, convirtiéndolo en el primer presidente de la historia de Estados Unidos condenado por la justicia penal. Por ello, podría ser sentenciado a cuatro años de cárcel.
La condena iba a ser anunciada el 11 de julio, pero ante la nueva situación derivada del fallo de la máxima autoridad judicial de Estados Unidos, controlada por una mayoría conservadora de jueces -tres nombrados por el propio Trump- el juez Merchan aplazó la fecha hasta “el 18 de septiembre de 2024, a las 10h00 (locales)”.
“Aunque creemos que los argumentos del acusado carecen de mérito, no nos oponemos (…) a su pedido de aplazar la sentencia”, adujo el fiscal Joshua Steinglass.
Para la exagente del FBI, Asha Rangappa, “incluso en el caso de Manhattan, que está lo más alejado posible de sus funciones oficiales, algunas de esas conductas tuvieron lugar después de que asumiera el cargo” de presidente.
Los abogados del magnate tendrán hasta el 10 de julio de plazo para presentar los nuevos argumentos a favor de su defendido, y la fiscalía hasta el 24 de julio para aducir los suyos.
La de Manhattan fue la primera de las numerosas causas judiciales pendientes del 45º presidente de Estados Unidos (2017-2021) que llegó a término, en plena campaña electoral para volver a la Casa Blanca.
