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El presidente argentino Javier Milei vetó este jueves una ley de mejora del presupuesto de las universidades que había sido aprobada recientemente por el Congreso, horas después de una multitudinaria protesta liderada por estudiantes y docentes en apoyo a la educación pública, rechazando el ajuste.
Decenas de miles de personas marcharon este miércoles en Argentina en defensa de la universidad pública. La principal manifestación tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, donde los manifestantes confluyeron frente al Congreso. Le pidieron a los Parlamentarios que rechacen el veto que anunció el presidente Javier Milei que haría de la Ley de Financiamiento Universitario que el propio Congreso aprobó en septiembre.
Esa norma obliga al Ejecutivo a aumentar partidas para gastos de funcionamiento y salarios de las universidades nacionales, que dependen económicamente del gobierno nacional. Desde las casas de estudios y los sindicatos señalan que en los primeros ocho meses de 2024 las transferencias a universidades cayeron un 30,1% interanual en términos reales y los salarios docentes cayeron 23,7% desde noviembre de 2023.
Entre los manifestantes, figuraban docentes, no docentes, no docentes, estudiantes, exestudiantes, y otros miembros de la sociedad se reunieron en la Ciudad de Buenos Aires como en otros puntos del país para marchar en defensa de la universidad pública, como lo habían hecho el 23 de abril pasado, en una de las que fue tal vez de las más masivas manifestaciones contra el gobierno de Javier Milei.
Y este reclamo, además de lo presupuestario, tiene que ver con un vínculo muy fuerte que la sociedad argentina tiene con la universidad pública.
“Es una forma de ascender, una forma de cultivarse, de superarse a uno mismo”, explicaba Pablo a RFI.
“Es lo más, educación como esta no van a encontrar”, abundaba Margarita.
Las columnas de manifestantes marcharon hacia el Congreso Nacional, donde les pidieron a los legisladores que rechacen el veto del gobierno de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario que el propio Parlamento había aprobado en septiembre y que les otorga un aumento presupuestario significativo a las universidades nacionales.
“Debería rechazar el veto, porque la ley de financiamiento educativo es un derecho adquirido por todos los argentinos, por la lucha que han tenido durante muchos años; la educación es un derecho universal”, exigía Graciela.
Para Ruth, “es imprescindible tener educación si queremos un pueblo libre, un pueblo progresista, que se desenvuelva como se tiene que desenvolver, que se desarrolle como se tiene que desarrollar”.
Existe un antecedente de un veto presidencial que no fue rechazado por el Congreso: una ley que aumentaba las jubilaciones.
Queda ver si en esta ocasión los legisladores deciden no acompañar al Ejecutivo y mantener la vigencia de su ley o si ceden a los pedidos del gobierno, que busca a toda costa sostener su política de ajuste del gasto público.
El gobierno calificó la marcha como “política” y los reclamos de aumento de salario de profesores como “injustificados”, en el marco de un escenario social cada vez más crispado y de una marcada merma de popularidad del presidente, según sondeos.
