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La ley, aprobada por el Congreso el 13 de septiembre, establecía actualizar los fondos para gastos de funcionamiento de las universidades por la variación de la inflación, que en agosto se ubicó en el 236,7 % interanual. El pasado 3 de octubre, Milei vetó con el argumento del equilibrio fiscal.
El presidente de Argentina, Javier Milei, logró este miércoles, gracias al apoyo de un sector de la oposición, imponer su veto a la ley de financiación de la educación universitaria pública, lo que agudiza el conflicto con estudiantes y profesores.
Los sectores de oposición que promovían el rechazo al veto presidencial no lograron reunir los dos tercios de los votos necesarios en una sesión en el pleno de la Cámara de Diputados celebrada este miércoles, por lo que la decisión del jefe de Estado quedó en firme.
El oficialismo, minoritario en el Parlamento argentino, consiguió sostener el veto presidencial gracias al apoyo de legisladores del partido de centroderecha Propuesta Republicana (Pro), que lidera el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), un aliado de Javier Milei.
La ley de financiación universitaria, aprobada por el Congreso el pasado 13 de septiembre, establecía actualizar los fondos para gastos de funcionamiento de las universidades por la variación del índice de inflación, que en agosto se ubicó en el 236,7 % interanual.
Asimismo, ordenaba una recomposición de los salarios universitarios, también teniendo en cuenta la inflación.
El pasado 3 de octubre, Milei vetó la norma con el argumento de que su aplicación comprometería el objetivo del equilibrio fiscal buscado por el Gobierno.
“La aprobación de esta ley generaría un incremento desmedido del gasto público, con un impacto de más de 1,5 billones de pesos (unos 1.500 millones de dólares), lo cual es insostenible en el actual contexto de crisis económica”, alegó durante el debate en la Cámara Alta la diputada oficialista Juliana Santillán Juárez Brahim.
De acuerdo a cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley tendría un impacto presupuestario equivalente al 0,14 del PIB, por lo que la comunidad universitaria considera que no afectaba sustancialmente a las cuentas públicas.
“No son conscientes de los sueños que se van a frustrar como consecuencia de esta medida. Están haciendo un ajuste sobre una de las pocas cosas que funcionan bien en nuestro país. Están profundizando las tensiones sociales”, advirtió el diputado Leandro Santoro, de la opositora Unión Cívica Radical.
Esta es la segunda vez que Milei logra mantener un veto a una ley: en septiembre pasado la Cámara de Diputados convalidó un veto presidencial a una norma que establecía una nueva fórmula para actualizar las jubilaciones -en su mayoría, bajo la línea de la pobreza- y que, a juicio del Ejecutivo, también comprometía las cuentas públicas.
Con el veto presidencial en firme, no queda más espacio para la discusión de los fondos para las universidades que el debate parlamentario del proyecto del Presupuesto Nacional 2025.
Casi dos millones de personas estudian en las 57 casas de altos estudios nacionales financiadas por el Estado en Argentina, donde el acceso a la educación universitaria pública es gratuito desde 1949 y ha permitido la formación de millones de argentinos que, de otro modo, no hubieran podido solventar su carrera.
Muchos de estos estudiantes han protagonizado, junto a profesores y personal no docente, una multitudinaria protesta la semana pasada en contra del veto presidencial y este miércoles volvieron a concentrarse a las puertas del Parlamento.
Tras conocerse el resultado de la votación, se registraron algunos incidentes entre los manifestantes y militantes del oficialismo, mientras que sindicatos de profesores han convocado a una huelga para este jueves en rechazo al veto presidencial.
Varios edificios de universidades públicas en la capital argentina y otros puntos del país han sido tomados por los estudiantes en señal de protesta contra la medida gubernamental.
El conflicto, que va en aumento, se originó a principios de este año tras la decisión de Milei de recortar en términos reales los fondos educativos como parte de su plan de ‘shock’ de ajuste fiscal.
