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Este 13 de noviembre, la Cámara de Casación Penal ratificó la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, el fallo no quedará firme hasta que se pronuncie la Corte Suprema.
Ratificada la condena contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aunque aún tiene una posibilidad ante la Justicia.
La Cámara de Casación Penal confirmó este miércoles 13 de noviembre la condena de seis años de prisión e “inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos” por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La ratificación llega luego de que el Tribunal Oral Federal 2 condenara, en diciembre de 2022, a Fernández por la causa conocida como ‘Vialidad’, en la que las autoridades investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a firmas del empresario Lázaro Báez.
Los hechos tuvieron lugar durante el Gobierno del fallecido presidente y esposo de Fernández, Néstor Kirchner, quien gobernó entre 2003 y 2007, y en la Administración de su pareja y sucesora, en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
Sin embargo, la prensa local resalta que la ex jefa de Estado no pisará la cárcel, al menos no por ahora.
¿El motivo? La ratificación de la condena contra la ex jefa de Estado no quedará firme hasta el veredicto de la Corte Suprema del país, algo que podría ocurrir en marzo de 2025.
Un tribunal de Argentina condenó a la expresidenta Cristina Fernández a seis años de prisión por fraude al Estado, que también la inhabilita para ocupar cargos públicos.
La medida no implica que pierda su libertad o deba abstenerse de aspirar a un cargo público en los meses… pic.twitter.com/fAG9RFFRiW
— Emeequis (@emeequis) November 13, 2024
Tras su condena, Fernández, que para ese momento se desempeñaba como vicepresidente, en la Administración de Alberto Fernández, emitió una respuesta en vivo y abierta de casi una hora a través de la red social YouTube, en la que remarcó su acusación de que “la idea siempre” fue condenarla.
Además, volvió a apuntar contra los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, encargados de recoger las pruebas en su contra. Fernández aseguró que “no pudieron responder a los alegatos y solo dijeron mentiras”.
Desde su entonces despacho, Cristina Fernández denunció un entramado corrupto y partidario a favor de la oposición del Poder Judicial, una situación que ha sido mencionada por el oficialismo reiteradas ocasiones.
Cristina Fernández subrayó en ese momento que su sentencia no corresponde a un “lawfare ni a un partido judicial. “Esto es un Estado paralelo y mafia judicial”, agregó.
Fernández está acusada de encabezar el complot para la adjudicación de esos 51 contratos de obras públicas viales a Lázaro Báez, muchas de las cuales nunca se terminaron o implicaron sobrecostos.
Cerca del 85% de los contratos viales de la provincia fue adjudicado a Báez, amigo personal del fallecido expresidente Néstor Kirchner, según el juez federal Julián Ercolini, quien estuvo a cargo de la etapa de instrucción del caso.
Los fiscales aseguran que Báez, un exempleado bancario que de repente se convirtió en un magnate de las obras públicas, creó la empresa Austral Construcciones como una forma de ganar licitaciones estatales con la ayuda de sus amigos: los Kirchner. Otras 12 personas también están procesadas en el caso, incluidos Báez y Julio De Vido, el ministro que estuvo a cargo de Obras Públicas durante la Administración de Fernández.
“Estamos ante la mayor maniobra de corrupción que ha conocido este país”, aseguró en sus alegatos finales en el juicio de Fernández, en 2022, el fiscal Diego Luciani. El fraude le habría costado 1.000 millones de dólares a la nación, según los investigadores.
Luciani, aseguró al final del proceso judicial que había quedado demostrado que Fernández era la “jefa” de una asociación ilícita.
