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¿Recibió Nicolas Sarkozy dinero del exdictador libio Muamar Kadafi para financiar la campaña que lo llevó al Elíseo en 2007? Esta es la cuestión central del juicio que comienza hoy en el Tribunal Correccional de París, donde comparecerán el expresidente francés y otros 11 acusados.
En este caso, Sarkozy está acusado de haber tejido, a través de sus allegados, un “pacto de corrupción” con Kadafi para que el exlíder libio contribuyera a la financiación de su campaña presidencial de 2007, a cambio de beneficios económicos y diplomáticos, como su reintegración en la escena internacional. El expresidente niega categóricamente estas acusaciones.
El Tribunal Correccional de París se ocupará de un caso que se remonta a 2011, poco antes de la caída de Kadafi, asediado por la revuelta popular y la intervención occidental, en la que Francia y Sarkozy desempeñaron un papel clave. En marzo de ese año, una agencia libia advirtió que el régimen estaba a punto de revelar un “secreto capaz de poner en peligro la carrera política del mandatario francés”. Poco después, Saif al-Islam, hijo de Kadafi, exigió en una entrevista que Sarkozy “devolviera el dinero al pueblo libio”. Kadafi declaró más tarde al diario Le Figaro que “gracias a nosotros llegó a la presidencia; nosotros le proporcionamos los fondos”.
El caso se complicó con la publicación en el sitio Internet Mediapart de una nota atribuida al exjefe de inteligencia libio, Moussa Koussa, que confirmaría un acuerdo para financiar la campaña de Sarkozy con 50 millones de euros. Aunque Sarkozy denunció esta publicación como “infame” y demandó al medio por falsificación, la justicia desestimó las acusaciones de falsedad, aunque no reconoció el documento como auténtico.
Los investigadores alegan que el supuesto pacto entre Sarkozy y Kadafi se habría sellado en 2005, cuando el entonces ministro del Interior visitó Trípoli oficialmente para discutir temas migratorios. Según la acusación, este pacto incluyó beneficios financieros para la campaña de 2007 y la rehabilitación de Kadafi en el ámbito internacional, como se evidenció en la polémica visita del líder libio a París en 2007.
Entre las pruebas, figuran declaraciones de exfuncionarios libios, registros de desplazamientos de allegados de Sarkozy, y los diarios del exministro del Petróleo de Libia, Shukri Ghanem, encontrado muerto en el Danubio en 2012.
En este juicio, que se extenderá hasta el 10 de abril, Sarkozy está acusado de corrupción, malversación de fondos públicos, financiamiento ilegal de campaña y asociación ilícita. Podría ser condenado una pena de hasta diez años de cárcel, una multa de 375.000 euros y la inhabilitación política por cinco años. Además, este juicio se suma a su reciente condena definitiva a un año de prisión con vigilancia electrónica por otro caso de corrupción.
Sarkozy ha denunciado repetidamente las acusaciones como una “fábula” o “maquinación” motivada por su apoyo a la caída de Kadafi durante la Primavera Árabe. La defensa critica la “inconsistencia” del caso, especialmente las múltiples versiones de Ziad Takieddine, el empresario franco-libanés que inicialmente implicó a Sarkozy pero que luego se retractó en 2020, provocando otra investigación. En esta, Sarkozy está imputado por presuntamente avalar maniobras fraudulentas para limpiar su imagen.
Este proceso promete ser una prueba crucial para el expresidente, cuya sombra política aún persiste en Francia.
