Jair Bolsonaro a juicio por tramar un golpe de Estado contra presidente Lula da Silva

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (2019-2022) se convirtió este miércoles en reo de una causa penal en la que se le juzgará por haber tramado un golpe de Estado para arrebatarle el poder a Luiz Inácio Lula da Silva.

La Primera Sala del Tribunal Supremo admitió la denuncia contra Bolsonaro y otros siete de sus colaboradores, entre ellos exministros y militares de alto rango, todos ellos acusados de encabezar la conspiración supuestamente urdida entre 2021 y 2022, y de incitar los ataques contra las sedes de los tres Poderes perpetrados en enero de 2023.

El voto de los cinco magistrados de la Sala, todos ellos de perfil progresista, fue unánime y permitirá abrir un juicio para el que todavía no hay fecha y que Bolsonaro, líder de la extrema derecha, aguardará en libertad.

Penas de hasta 40 años

Los jueces entendieron que hay indicios suficientes para juzgar a los ocho sospechosos por cinco delitos graves que podrían acarrearles condenas de hasta 40 años de cárcel, si bien la ley brasileña limita a 30 años la privación de libertad.

Los cargos son abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor de la causa, argumentó en su alegato que “la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al Gobierno legítimamente elegido” en las elecciones de octubre de 2022.

La intervención militar no se materializó, según el magistrado, por “la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea” a imponer medidas de excepción.

El propio Bolsonaro ha admitido haber discutido la aplicación de estas medidas con la cúpula militar, pero hoy reiteró que el estado de sitio y de excepción son “dispositivos constitucionales” y hablar de ellos “no es crimen”.

La causa se apoya en miles de pruebas recabadas por la policía, entre ellas un borrador de decreto para declarar el estado de sitio, y en la confesión del antiguo edecán de Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid.

Las investigaciones también descubrieron planes para asesinar a Lula, al juez De Moraes y otras autoridades; y vinculan al grupo con la invasión de la sede de la Presidencia, del Congreso y del Tribunal Supremo perpetrada por miles de bolsonaristas el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula.

Hasta ahora, 497 personas han sido condenadas por su implicación en los disturbios y otras 532, acusadas de delitos menos graves, han firmado acuerdos de no persecución penal.

Bolsonaro alega “persecución” judicial

Bolsonaro siguió el segundo día de la audiencia en el despacho de su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, y tras conocer la decisión, hizo una declaración a la prensa durante una hora, pero no aceptó preguntas.

Refutó los cargos que se le imputan y cuestionó la imparcialidad de los jueces, a los que acusó de tener motivaciones “personales” contra él.

De hecho, la defensa de los acusados trató sin éxito de impugnar a tres jueces: De Moraes, por ser juez y víctima; Flávio Dino, por ser exministro de Lula y un exrival político de Bolsonaro; y Cristiano Zanin, por haber trabajado como abogado personal de Lula.

El exgobernante también apuntó intereses políticos, con el supuesto objetivo de impedirle la posibilidad de volver a ser candidato en las elecciones de 2026.

Pero Bolsonaro, aunque se sigue proclamando como el candidato de la derecha, ya ha sido inhabilitado políticamente por la Justicia Electoral, por deslegitimar las instituciones democráticas, y no podrá participar en unas elecciones hasta 2030.

“No tengo obsesión por el poder”, aseguró.

Los próximos pasos

Con la causa penal abierta, el juicio correrá a cargo de la Primera Sala del Supremo, que previsiblemente deberá analizar el caso en los próximos meses.

Bolsonaro pasará este trámite en libertad y solo podría ser arrestado, si la corte considera que existe riesgo de fuga, de obstrucción a la justicia o de coacción de testigos.

Desde el año pasado ya pesan medidas cautelares contra el ex jefe de Estado, entre ellas la retención de su pasaporte, lo que le impidió viajar el pasado enero a la investidura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su aliado político.

De forma paralela, Bolsonaro también figura como investigado en otras causas. La Policía lo denunció el año pasado por la supuesta apropiación indebida de unas joyas, que deberían haber sido incorporadas al acervo del Estado, y por fraude en los certificados de vacunación del covid-19.