Promesas hechas, ¿promesas cumplidas?
La economía fue el principal tema que movilizó a los ciudadanos a las urnas, debido a la inflación y los altos precios de los alimentos. En marzo de 2025, el Índice de Precios al Consumidor bajó 0,1 puntos, tras haberse elevado 0,2 puntos en febrero.
En paralelo, el presidente Donald Trump inició una guerra arancelaria con el planeta entero, cuyas consecuencias -según coinciden expertos económicos- son el aumento de los precios para el consumidor final. El mandatario estadounidense argumenta que los aranceles van a movilizar a las empresas a trasladar sus plantas al país, lo que generaría empleo.
“El atraer la inversión que ya hemos visto, compromisos de inversión de 1.200 billones de dólares de empresas y países… Esto no tiene precedentes en un periodo de tres meses. Y quienes más ayuda es a la clase media, a la clase obrera, personas que no tienen títulos universitarios y que se han quedado atrás o sea personas que no van en la economía globalizada”, dijo el politólogo Julio Shiling, director de The Cuban American Voice en entrevista con France 24.
Jim Kepple, un granjero de Pensilvania y simpatizante del republicano, coincide con esta visión: “La mayoría de la carne es procesada en el país así que los aranceles no la afectarán. Habrá algunos cítricos y frutas que pueden verse ligeramente afectados, pero creo los efectos serán en el corto plazo”, dijo en conversación con France 24.
Kepple, propietario de una granja de productos lácteos, está decidido a darle tiempo a los acuerdos que el presidente Trump busca concretar con otras naciones en materia arancelaria.
“El país va bien, no perfecto (…) Creo y espero que cuando se sienten a la mesa todo se resolverá. Creo que las negociaciones avanzarán rápido, en un par de meses estarán resueltas. Dijeron que iba a afectar al mercado agrícola pero no ha sido así en lo absoluto aún. Creo que el país va en la dirección correcta”, agregó.
En contraste, para una residente del Sureste de Washington, D.C., – donde el 45% de la población es negra y el 12 % es hispana o latina, según cifras oficiales– las medidas del presidente Trump son un ataque personal.
“Los precios están subiendo demasiado y ni siquiera hay abastecimiento suficiente saliendo de las granjas por mi presidente y sus decisiones, pero al menos debería haber un plan, pero está cancelando ayudas… Muchas de las cosas que pasan aquí en el distrito afectan a gente como yo, madres solteras negras. Ya sabemos que no está tratando de hacer a Estados Unidos grande de nuevo sino a Estados Unidos blanco de nuevo” dijo a France 24 bajo condición de anonimato.
Washington D.C.: de santuario a refugio rojo
Incluso antes de que llegara al poder, los signos de la metamorfosis fueron tangibles en las calles de Washington D.C., con cientos de personas luciendo con orgullo gorras rojas y camisetas de ‘Make America Great Again’, (Hacer a Estados Unidos grande de nuevo, en inglés), mientras los demócratas parecían haberse metido en sus madrigueras. Los puestos de souvenirs en los lugares turísticos -en los que antes pululaban consignas progresistas- fueron reemplazados por mercancía pro-Trump.
Asimismo, el presidente le ordenó a la alcaldesa Muriel Browser desalojar los campamentos de personas sin hogar en los alrededores de la Casa Blanca y edificios gubernamentales. Esta medida ha generado que habitantes de otras zonas de la ciudad se encuentren, en las mañanas de fines de semana, con las personas desplazadas deambulando.
Tatiana Peralta, directora de Comunicaciones del Consejo Nacional para la Prevención del Crimen considera que “los desalojos de campamentos de personas sin hogar sí pueden afectar la percepción de seguridad, sobre todo si hay menos presencia visible en espacios públicos. Pero esa sensación de seguridad no siempre refleja la realidad. Sacar a estas personas de un lugar sin ofrecer una solución a largo plazo no reduce el crimen… sólo traslada el problema”.
Además, Trump amenazó con recortarle los fondos federales a la capital si continua definiéndose como ciudad santuario, un término que hace referencia a las localidades que no colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, (ICE, por sus siglas en inglés), para que les ayuden a localizar y detener a los migrantes indocumentados con el objetivo de deportarlos y que les facilitan el acceso a sus servicios como educación y salud.
Hasta el 18 de abril, los datos de la Policía Metropolitana mostraban una disminución del 28% en los crímenes violentos en comparación con el mismo periodo del año pasado. En el mes de marzo sólo se registraron siete homicidios según el fiscal de Washington D.C, Ed Martin, la cifra más baja desde 2018.
Para Diego Gutiérrez, reportero local de la cadena Univisión, “la criminalidad ha bajado, pero seguimos teniendo problemas con armas de fuego. Las comunidades viven con miedo al saber que ya D.C. no es catalogada como santuario y eso genera miedo la gente ya no está saliendo, hay ausentismo”.
Sin embargo, para la experta en Prevención el Crimen, Tatiana Peralta, esto es hilar demasiado fino.
“La gran mayoría de los inmigrantes son personas respetuosas de la ley. Tiene sentido enfocarse en sacar de las calles a pandilleros y delincuentes violentos (… ) Pero si las comunidades inmigrantes tienen miedo de ser deportadas o discriminadas, es menos probable que denuncien crímenes o cooperen con la policía. Eso genera una brecha en la comunicación y la confianza, lo cual hace más difícil prevenir o resolver delitos”.
Pero este enfoque punitivo a la migración impacta diversas esferas de la vida en la capital, como nos cuenta un ciudadano argentino que vive en el país hace cuatro años y nos pidió reservar su nombre.
“En la búsqueda laboral definitivamente veo que ha cambiado la intención hacia aquellos que estén autorizados a trabajar, así tengas green card, por más de que les aclare que no necesitas patrocinio. Se me han cancelado muchas entrevistas de trabajo algunas aclaran que es por el tema de ver qué es lo que sucede en el mercado con la crisis económica y otras no te dan un feedback de porqué las están cancelando, pero claramente es por algún cambio en el Gobierno”.
Al menos dos empleados estatales que hablaron con France 24 nos dijeron que tienen miedo, ya sea porque las diferencias entre su orientación sexual y las nuevas directrices del Gobierno les puedan acarrear problemas o porque la incertidumbre de no saber que sucederá con sus empleos les impide hacer planes a futuro.
Shiling, quien también es autor y director de Patria de Martí, cree que todas estas medidas hacen parte de la lucha por “combatir la propagación del marxismo cultural, la teoría crítica de la raza, teoría crítica queer, ideología de género en el sistema de educación, el confrontar programas de la diversidad, de equidad, de inclusión, llamado ese nombre que realmente requiere discriminación, requiere la desigualdad y requiere al asignar una propagación de política de identidad”.
El nuevo contrapeso
En Estados Unidos es habitual que las cortes sean el escenario para disputar las medidas de un presidente, pero actualmente hay al menos dos procesos migratorios en juego que podrían determinar los límites del poder judicial e incluso la fuerza de la Constitución.
A medida que el presidente trata de acelerar las deportaciones con la Ley de Enemigos Extranjeros y mantener fuera del país a Kílmar Ábrego García -un salvadoreño deportado a pesar de que tenía una orden judicial que impedía su salida de la Unión Americana porque su vida corría peligro en su nación de origen- el enfrentamiento entre la Casa Blanca y la rama judicial ha escalado a niveles sin precedentes.
Trump ha llegado a pedir a la destitución del juez James Boasberg, a quien acusó de ser un activista demócrata. El magistrado inició un proceso de desacato porque un avión lleno de ciudadanos venezolanos fue enviado a El Salvador a pesar de que él pidió detenerlo.
Mientras que la Corte Suprema le ordenó a la Casa Blanca “facilitar” el regreso de Ábrego pero los abogados del Gobierno han esquivado el fallo argumentando que “facilitar” no es sinónimo de “regresar”. Mientras la prensa local revela que su esposa lo había denunciado por violencia intrafamiliar.
El politólogo Shiling dijo a France 24 que el país se encuentra “realmente en una crisis extraordinaria de la separación de poderes (…) una guerra sin precedentes en cuanto a utilizar las cortes para impedir la ejecución de una política que de nuevo está claramente marcada bajo las ramas ejecutivas, o sea, bajo la extensión de la rama ejecutiva, y no solo es el tema de la inmigración, el tema de los recortes, el tema de tener una agencia como DOGE”.
Estas transformaciones si bien no son irreversibles, sí representan un cambio que podría tomar años en deshacerse. La doctora MJ Rymsza-Pawlowska también las compara con las reformas del primer mandato de Franklin D. Roosevelt -en plena Gran Depresión- o las de Thaddeus Stevens y Charles Sumner, quienes lideraron el proceso de reconstrucción de la Unión Americana tras la Guerra Civil.
“En ambos casos, la reestructuración a nivel federal reformó radicalmente la vida diaria de los estadounidenses”, concluyó.
Shiling coincide: la presidencia de Trump es “una de transformación”. Y si bien la historia no está escrita, los expertos concuerdan en que los cambios implementados durante un solo mandato pueden perdurar por varias generaciones.
¿Cambio temporal o transformación profunda?
Cien días de los 1.460 que Trump permanecerá en el poder pueden ser pocos, pero han sido suficientes para reconfigurar a Estados Unidos. Si algo ha quedado claro es que su segundo mandato no busca sólo continuar lo que dejó sin terminar en 2021, sino llevar a cabo una transformación en múltiples frentes.
Lo que ocurra en los próximos años -con las elecciones de medio término en 2025 como telón de fondo- será clave para determinar si es una transformación duradera o una sacudida temporal. Por ahora, es evidente que Estados Unidos ha cambiado, y lo ha hecho rápido.
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BBC
