El proceso de desafuero de Augusto Pinochet proporciona sorpresas de rebote.
No se trata sólo de la línea de la defensa del senador vitalicio, cuestionada previamente incluso por afines al régimen militar -por lo que prefirieron marginarse-, y que a la hora de descartar las acusaciones se aferra a legalismos del tipo «los detenidos desaparecidos están muertos, fueron ejecutados, y la acusación es de que están secuestrados».
No se trata tampoco -el reverso de la medalla- del hecho de que, en efecto, sólo la figura del secuestro ha permitido al juez Juan Guzmán seguir adelante, eludiendo la ley de amnistía, para satisfacer esa demanda generalizada de verdad -al menos- y justicia.
También hemos presenciado sorpresas menores, pero que dan cuenta de una cierta fijación que el tema Pinochet, que el propio Pinochet, genera en todos nosotros.
El domingo, en, justamente, «la entrevista del domingo» de Televisión Nacional de Chile, los invitados fueron los abogados Hernán Montealegre y Miguel Otero. El tema: el desafuero de quien ya sabemos.
A poco andar, el periodista Jorge Andrés Richards, interrogando a Otero, se adentró en el tema de la culpabilidad de Pinochet, del increíble argumento de que él no supiera lo que sus subordinados hacían, y del hecho de que se trataba de ejecuciones, tal como el propio Pinochet, en una antigua entrevista rescatada del archivo, había señalado: que había habido «ajusticiamientos». El asunto, hay que decirlo, se desordenó, e interrogado Montealegre, paró el cuento en seco: el venía a la TV a hablar del desafuero, y a eso quería remitirse. Lo propio hizo, más tarde, ante otra pregunta del periodista Fidel Oyarzo. La tensión en estudio fue evidente. Cecilia Serrano se vio algo más crispada que de costumbre. Montealegre pretendía poner orden en un asunto que, ante cualquier rendija, se desboca.
El mismo domingo, pero en El Mercurio, la periodista Raquel Correa entrevistó, por el mismo cuento, al general en retiro Ernesto Videla y al senador designado Edgardo Boeninger.
Este último, el determinado momento dijo que los jueces están acostumbrados a recibir presiones, y que en el caso de Pinochet «no dudo que el entorno internacional ha influido en este cambio (en la actitud de los magistrados chilenos) respecto de los derechos humanos».
Y Raquel Correa, entonces, le contrapreguntó:
– ¿Se refiere a la campaña marxista internacional?
La pregunta parece sacada del año 76, ó 78. Que un periodista asuma, a estas alturas, que la mala imagen de Pinochet es fruto de «la campaña marxista internacional» es simplemente un desubique mayor. ¿Quién a estas alturas forma parte del marxismo internacional? ¿Cómo meter en ese saco a los europeos, a los propios estadounidenses, al mismo gobierno español de centroderecha de José María Aznar? Otro desboque, otro regreso a lo atávico -¿eso es lo atávico de Raquel Correa?-, otra muestra de que el asunto Pinochet, más allá de las leguleyadas, está ya inscrito en en lo más profundo de todos nosotros.
