Con motivo de las celebraciones de Semana Santa, el Cardenal Jorge Medina apuntó a la necesidad de dictar una nueva ley de amnistía, que sirviera para poner la vista en el futuro y no continuar indagando en las atrocidades del pasado.
Por los mismos días, sin ser tan explícito, el sacerdote Luis Eugenio Silva, desde la pantalla cruzada de TV13, hacía observaciones análogas, señalando la importancia de saber olvidar.
Todo lo anterior lo decían con Jesucristo crucificado como telón de fondo: metafóricamente en el caso de Monseñor Medina (por estar en Semana Santa) y literalmente en lo que se refiere al sacerdote Luis Eugenio Silva, pues mientras hablaba se apreciaba detrás suyo la imagen de Cristo en esa situación.
En otras palabras, se nos pide que recordemos diariamente hechos ocurridos hace dos mil años y que olvidemos otros muy recientes en comparación. Ä„Dios nos libre!
¿Guerras civiles? Monseñor Medina nos hablaba de ellas -en particular de la 1891- y de unos tíos suyos que perdieron algunas condecoraciones. Desde luego, en el caso chileno reciente, se está lejos de haberse librado una guerra civil y lo que hubo, en cambio, fue una política deliberada y sistemática para violar los derechos humanos más elementales como el de la vida y el de la integridad personal.
Sin embargo, es precisamente en las guerras civiles y las rebeliones que se encuentra el origen histórico de las leyes de amnistía, sólo que en un sentido muy distinto al que se pretende ahora. En rigor, el uso de la expresión «amnistía» es impropio en el contexto actual. Las amnistías se han referido históricamente a crímenes contra la soberanía del estado, esto es, a delitos políticos. En tales casos, la justificación para abolir u olvidar los crímenes de los que se han alzado en contra suyo emana precisamente de la calidad de víctima que el estado ha tenido en tal contexto.
Es esta característica fundamental la que se ha estado ausente en la «amnistías» dictadas en América Latina en los últimos años, ya que la función que ellas han desempeñado es la de que el estado deje en la impunidad crímenes cometidos por sus propios agentes, los que generalmente formaban parte de estructuras centralizadas y jerarquizadas, que ponían en práctica un plan deliberado de ejecutar masivamente, hacer desaparecer personas o torturar de manera sistemática. No se trata en absoluto de «excesos», como lo demuestra palmariamente el que muchos importantes ex-agentes en diversos países (incluido el nuestro) se vanaglorien de haber tenido «éxito» en las tareas de represión. En el caso de Chile, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación dejó en evidencia que detrás del grueso de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas existieron instituciones estructuradas con planes deliberados y centralizados.
Por lo demás, al igual que cuando el Cardenal Medina o el sacerdote Luis Eugenio Silva evocan la figura de Cristo, cuando se plantea el esclarecimiento de las violaciones masivas y sistemáticas no se está sólo escudriñando el pasado, sino que el asunto tiene un sentido de futuro. En el caso de las violaciones a los derechos humanos se trata de establecer bases sólidas para la construcción de un Estado de Derecho en que no haya ciudadanos de primera y segunda clase, siendo los de primera aquellos que pudieran haber cometido los crímenes más graves y quedar en la impunidad. Y se trata, además, de establecer medidas para prevenir la repetición de hechos similares en el futuro.
