Para que una democracia participativa sea posible es necesaria una distribución descentralizada del poder político en el nivel territorial. La modernización más profunda del Estado chileno es el paso del centralismo a la autonomía regional, y en el futuro, a la federalización. Esa reforma mata dos pájaros de un tiro: genera mejores condiciones para aumentar la eficacia de la gestión publica, y genera espacios más amigables para una participación efectiva.
No estoy interesado en fomentar una discusión humorística e ingeniosa, pero improductiva. Por eso dejaré para la posdata las referencias de mi contradictor «oficial» a las diferentes formas de la crítica.
Me parece más apropiado y constructivo no distraer la atención de los lectores en divagaciones cuya intención principal es el juego más que la argumentación.
Me centraré en indicar o esbozar las grandes direcciones de una democratización del sistema político que se sitúe en la perspectiva de una política transformadora, orientada a luchar en todos los planos por una democracia efectiva, la cual necesita además de cambios político-institucionales, una reorientación de la economía desde la lógica de la ganancia como criterio central de calculo económico a la lógica material de la satisfacción de las necesidades humanas y una «reforma intelectual y moral».
Para caminar en dirección de una democratización profunda de la política hay que abordar en forma simultánea dos aspectos:
a la lucha por eliminar los «enclaves autoritarios» de la dictadura, y
b la lucha por construir una democracia participativa que supere los estrechos marcos de iniciativa del colectivo político que otorga la democracia puramente representativa.
Los indicios de despolitización o de despreocupación por participar (de alguna manera) en la esfera de las decisiones públicas y los indicios de rechazo a las formas actuales de hacer política, que se expresan en intenciones o intentos orgánicos, representan importantes señales. Se trata de luces rojas que nos muestran que las tendencias al retraimiento no constituyen un rasgo incontrarrestable de la época.
Cuando ellas se desarrollan, lo que ocurre más bien es que existe malestar con la sociedad como tal, con las formas de gobernarla o con las modalidades de acción política que desarrollan los actores más representativos.
Para enfrentar de manera constructiva esas tendencias hay que buscar condiciones de mayor participación del colectivo ciudadano. El problema más grave de la democracia representativa clásica es que opera en un régimen de cesión de la soberanía por un tiempo prescrito. En ese lapso, el representante es autónomo respecto del colectivo ciudadano. Se entrega a los representantes en cuerpo y alma, y solo pueden ser removidos por decisiones de las autoridades judiciales o de los propios representantes.
Una democracia participativa opera con un régimen de delegación y no de cesión de la soberanía. Eso significa que en el lapso que duran las funciones representativas los ciudadanos conservan la iniciativa legal para proponer la discusión de materias no tratadas por los cuerpos o autoridades representativas o para impugnar las que éstas han decidido.
Los colectivos de ciudadanos también deberán tener la posibilidad de revocación de los representantes a través de procedimientos preestablecidos.
En ese tipo de sistema político, el esfuerzo está concentrado en buscar formas cada vez más profundas de participación. Un ejemplo práctico que revela que no se trata de ilusiones es la experiencia del «presupuesto participativo», la cual se desarrolló inicialmente en el municipio de Porto Alegre.
La participación de los ciudadanos en la definición de las prioridades presupuestarias en todos los niveles concreta la idea central de la democracia, en cuanto modalidad de expresión de la voluntad popular en un marco de reglas acordadas.
Una democracia solo será real y efectiva si materializa estos dos grandes principios:
a la discusión permanente y abierta sobre los fines y objetivos que una comunidad se plantea, ya que éstos deben ser reflejos de la voluntad popular, constituida a través de una discusión en profundidad, con acceso equitativo a la posibilidad de conocer la información disponible y con posibilidad de comunicar de manera masiva las posiciones y proyectos, y
b el reconocimiento de una igual racionalidad por parte de todos los ciudadanos, cualquiera sea su nivel de conocimientos formales.
Solo si se reconocen esos dos grandes principios existe la política. Si se cree, como lo hace en la actualidad el neoliberalismo, que las finalidades están predeterminadas por la ciencia, por la voluntad de Dios o la naturaleza humana, la democracia será limitada y con tendencia a debilitarse. En esas condiciones la política se metamorfosea en técnica o en administración.
Para que una democracia participativa sea posible es necesaria una distribución descentralizada del poder político en el nivel territorial. La modernización más profunda del Estado chileno es el paso del centralismo a la autonomía regional, y en el futuro, a la federalización. Esa reforma mata dos pájaros de un tiro: genera mejores condiciones para aumentar la eficacia de la gestión publica, y genera espacios más amigables para una participación efectiva.
Permite, además, despertar las potencialidades políticas de los niveles regional, provincial y local, hoy coartadas por el centralismo asfixiante.
No pretendo con estas indicaciones definir un modelo. Eso no tiene sentido. Solo me interesa señalar las direcciones de las luchas que deben dar los sujetos sociales interesados por una democracia más profunda.
PD: Para satisfacer las sugerencias de mi contradictor oficial en el sentido que abandone el pedestal moral y me interese por la «crítica narrativa», le envío un primer borrador. Mi idea es ir armando un libro de literatura de vanguardia con diversos materiales provenientes de los «críticos narrativos».
Dos perlas: «Así como el gobierno asumió una reforma laboral, con la cual pagó un gran costo y en la cual dice que aquí había que preocuparse de los trabajadores, creo… que debiera venir una etapa en que tenemos que preocuparnos de lo que entraba su acción a los empresarios». «No creo que… en Chile haya cabida para una agenda que busque impulsar el crecimiento, poniéndolo a la cola de medidas de redistribución del ingreso». El autor no es Dickens, sino Brunner (La Tercera, domingo 9 de diciembre de 2001).
Siga la extensa polémica entre Brunner y Moulian
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