Ralco nos habla de la desprotección en que se encuentran los derechos indígenas y ambientales en Chile, de la inexistencia de una cultura respetuosa de la diversidad étnica y de una conciencia ambiental, y de las debilidades de nuestra democracia. Y el Presidente (Lagos) no puede ignorarlo.
Con fecha 27 de septiembre se inauguró la central hidroeléctrica Ralco en el Alto Bío Bío, en el territorio ancestral de los mapuche pehuenche. La central, que tuvo un costo de 570 millones de dólares, fue construída por Endesa Chile, filial de Endesa España. Ralco inundó 3.500 hectáreas ancestralmente habitadas por los pehuenche, y obligó a la relocalización de alrededor de 500 integrantes de sus comunidades.
Orgulloso de la obra el presidente de Endesa, Luis Rivera, afirmó en el acto de inauguración que Ralco es «uno de los mayores emprendimientos eléctricos de los últimos tiempos de Chile, de toda América Latina y, si me apuran, del mundo». El ministro de Economía Jorge Rodríguez estuvo allí para manifestar la satisfacción del gobierno con la conclusión de este polémico proyecto. En la ocasión el ministro Rodríguez sostuvo que Ralco era un aporte fundamental al sistema eléctrico chileno y al crecimiento económico y social del país.
La ausencia del Presidente Lagos no puede interpretarse como un hecho casual: aunque hace un año atrás, con ocasión de la suscripción de un pre acuerdo con cuatro mujeres pehuenche en el marco de la denuncia que ellas presentaran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Presidente manifestó que la central se ejecutaría con respeto a los derechos de los pehuenche, Ralco nos habla de la desprotección en que se encuentran los derechos indígenas y ambientales en Chile, de la inexistencia de una cultura respetuosa de la diversidad étnica y de una conciencia ambiental, y de las debilidades de nuestra democracia. Y el Presidente no puede ignorarlo.
Resistido desde temprano por las dos comunidades directamente afectadas por Ralco (Quepuca Ralco y Ralco Lepoy), las que manifestaron en 1996 su oposición unánime a su construcción en el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental, así como por importantes sectores de la ciudadanía nacional, el proyecto se fue imponiendo a través de la acción concertada del Estado y de la empresa, acción que no se caracterizó por la trasparencia ni por la consideración de los derechos ciudadanos.
Así mientras desde el Estado se removía a todo funcionario público que manifestara su cuestionamiento a este proyecto y se toleró la estrategia de hechos consumados utilizada por Endesa para avanzar en la construcción de una obra que no contaba con las autorizaciones exigidas por la ley, esta última utilizó la maquinación y el dinero para debilitar la oposición pehuenche, para comprar la voluntad de las familias cuyas tierras serían inundadas por Ralco. Se trata de hechos que han sido documentados a lo largo del último decenio, y que ni los sucesivos gobiernos ni Endesa, para su vergüenza, han podido desmentir.
Nada gráfica mejor esta estrategia concertada entre el Estado y Endesa que la inundación anticipada del embalse de Ralco en abril de este año, en circunstancias que órganos del mismo Estado (Conadi y Monumentos Nacionales) conversaban con los integrantes de la comunidad de Quepuca Ralco sobre la remoción de los restos de cincuenta de sus antepasados allí enterrados. La inundación del embalse con anterioridad a la fecha acordada, con el silencio del gobierno, sepultó para siempre bajo el agua los restos de los antepasados pehuenche, así como la ilusión del nuevo trato que en esos días el Presidente Lagos había anunciado a los pueblos indígenas de Chile.
La central se inaugura en momentos en que está pendiente el cumplimiento de la mayoría de los compromisos asumidos por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el acuerdo suscrito el 2003 con las mujeres pehuenche. Entre estos compromisos se encuentran no sólo aquellos que dicen relación con el impulso de procesos de entendimiento y diálogo con los pueblos indígenas para introducir una reforma constitucional para el reconocimiento de sus derechos y para la ratificación del Convenio 169 de la OIT, sino también aquellos relacionados con las compensaciones materiales a las familias directamente afectadas por la represa.
No es casual entonces que Ralco se haya convertido a nivel internacional en un caso paradigmático de tensión entre desarrollo modernizador y respeto a la diversidad cultural y al medio ambiente. Así el Relator Especial de Naciones Unidas para los derechos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, sostuvo el 2003:
«…el caso de Ralco ilustra claramente las tensiones sociales que surgen entre un modelo de desarrollo «modernizador» y los costos sociales, ambientales y culturales que debe soportar el pueblo que carga con el peso de esa transformación económica.»
Para los pueblos indígenas y para muchos en la sociedad chilena que vemos con preocupación como se nos impone un modelo de sociedad en que las visiones alternativas a las de la economía de mercado no caben, para quienes constatamos que estamos lejos de avanzar hacia lo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su reciente informe sobre la democracia en America Latina (2004) llamado «democracia de la ciudadanía», la inauguración de Ralco es un hecho que nos causa tristeza.
Lejos de celebrar su inauguración, aprovechemos la ocasión para sacar lecciones de lo ocurrido durante su construcción y para impulsar un dialogo sobre la democracia que tenemos y la democracia que queremos, sobre el espacio que cabe en ella a los pueblos indígenas y a las comunidades locales, sobre la relación que debe existir entre el desarrollo y el medio ambiente. Sino lo hacemos ahora, la historia de Ralco, con sus costos sociales y ambientales, se repetirá en el futuro próximo, que duda cabe.
José Aylwin O. es director del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
