El empleo indirecto de la minería

El decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, realizó hace una semana un sencillo cálculo para demostrar que la minería instalada en Chile, es, contrariamente a lo que sostenemos algunos economistas con estudios de doctorado, altamente eficaz en la generación de empleo. Sin embargo, este empleo no sería directo sino indirecto, puesto que los puestos de trabajo que aporta la minería en forma directa no superan el 1% del empleo total del país, lo cual es francamente pobre viniendo de una actividad tan importante como la extracción minera.



Lo primero que me provoca el comentario de Ramos, es un estado de completa perplejidad. En primer lugar, debido a que no deja de ser lógica y coherente su argumentación, pero, por otra parte, me resulta inconsistente aceptar el argumento de que una actividad no genera el empleo por sí misma, sino más bien, se lo crea otro sector productivo indirectamente. En el sector transporte o comercio, por ejemplo, no serían los empresarios de este rubro los que a través de sus inversiones y su actividad generan el empleo de su sector, sino más bien, el sector minero, forestal, agrícola o salmonero, quienes lo crean indirectamente. Lo curioso es que, estadísticamente, el empleo se registra por sectores de forma directa, pero, de acuerdo al criterio del decano, no sería del todo correcto el modo de registrarlo.



En todo caso, habría que convenir que el «empleo indirecto» es una suerte de terreno de nadie y en disputa, muy difícil de precisar y de asignar correctamente. En este tipo de discusiones podríamos estar debatiendo eternamente acerca de qué fue primero, el huevo o la gallina, puesto que, sí bien podríamos sostener que la minería genera demanda por comercialización y transporte de insumos, lo que crearía empleos, también podríamos sostener que un moderno sistema de transporte y comercialización favorece y hace rentable las inversiones en minería; entonces, es el sector comercio y trasporte que le crearía el empleo a la minería y no al revés.



Como yo veo las cosas, los empleos son directos y nada más. El empleo indirecto sólo es posible explicarlo por la mentalidad lineal con que funcionan los economistas. Por mucho que algunos académicos de la economía se vanaglorien usando modelos dinámicos, espacios tridimensionales y funciones continuas, cuando les toca hacer propuestas de política, usan ecuaciones discretas y miran la realidad como si fuera un plano bidimensional. Pero la realidad no es lineal y el espacio, como decía Einstein, es curvo y no un plano cartesiano.



El «empleo indirecto» de Joseph Ramos, no es empleo, no existe. Al menos no existe como variable empleo, aunque sí constituye un fenómeno económico que no deberíamos despreciar ni soslayar. A mi modo de ver, ese fenómeno lo podríamos definir como «ambiente-empleo», en el sentido que crea condiciones para sostener el trabajo generado por otros sectores de actividad, para que estos permanezcan en el tiempo, para que puedan desarrollarse e incluso mejorarse. Este fenómeno que yo defino como «ambiente-empleo» se explica por la interrelación de la sociedad humana, por la especialización de roles y funciones, además de la interdeterminación del producto económico que caracteriza a las sociedades modernas, en donde aportan trabajadores, empresarios, profesionales, universidades, bancos, funcionarios públicos, escuelas, etcétera. Es decir, el fenómeno de la realidad compleja y multideterminada.



Lo segundo que tiendo a intuir del escrito del decano, es un olor a justificación ideológica de las inversiones mineras privadas que, en el último tiempo, han estado en cuestión y cuyo aporte al desarrollo del país está fuertemente desacreditado, especialmente cuando se trata de proyectos mineros como el de Pascua Lama. No menos importante es la proliferación de escritos ideológicos tendientes a mostrar la legitimidad de una eventual privatización de Codelco. Últimamente, nuestro decano se ha caracterizado por dar conferencias en distintos seminarios -Casa de Piedra incluida- legitimando el modelo económico chileno con la teoría del «sube, sube, sube la marea: para algunos mucho y para otros menos, pero de que subeÂ… sube». Por tanto, no es tan descabellado desprender intenciones ideológicas en los escritos de Joe Ramos.



De todas maneras, sus planteamientos me parecen dignos de consideración, aunque, insisto, no como variable «empleo indirecto», sino más bien, como variable «ambiente-empleo». Sin embargo, creo importante hacer algunas precisiones a sus cálculos, nada más que para mejorar la puntería y evitar el uso tendencioso de sus conclusiones. No vaya a ser que sus interesantes conclusiones terminen como fundamento de cualquier inversión que se nos ponga por delante, den o no empleos medianamente aceptables, o terminen como argumento técnico en boca de los «quijotes» de las privatizaciones.



Una primera precisión es distinguir entre la minería pública y la privada. Desde el punto de vista del «ambiente-empleo» que buscamos determinar, la diferencia entre ambos tipos de propiedad es diametralmente diferente, tal como se verá en el curso de este análisis. Las otras precisiones dicen relación con los cálculos mismos.



El autor del artículo menciona cuatro fuentes de «empleo indirecto». La primera consistiría en las actividades «aguas arriba», es decir las que abastecen de insumos y equipos a la minería. El autor supone que como la minería produce el 8% del PIB y, según la matriz insumo-producto, por cada 100 pesos de producción minera se genera una demanda de 60 pesos de producción nacional en insumos y equipos, se estaría generando un 5% de PIB adicional, lo que representaría un 2,5% de la fuerza laboral del país, como «empleo indirecto» y en conformidad con los mitos urbanos elaborados por los economistas.



Ahora bien, los cálculos efectuados por Ramos están hechos en base a la matriz insumo-producto del año 1996, año en que la minería pública explicaba el 46% de la producción nacional de cobre. Esto significa que para determinar el impacto de la minería en la demanda de insumos y equipos dentro del mercado nacional, el peso de Codelco era muy importante. Por otra parte, no debemos olvidar que, el sector privado trasnacional es justamente el que menos aporta a la producción nacional de insumos y equipos ya que su estructura de negocio tiene una fuerte integración vertical e importa la mayoría de sus equipos e insumos. En 1955, cuando la gran minería estaba en manos de las transnacionales -al igual que hoy en día- sólo el 5% de los equipos era proveído localmente. La sustitución de importaciones por producción nacional para abastecer de insumos y equipos a la gran minería es fruto del proceso de nacionalización del cobre y del fortalecimiento de Codelco, que llegó a representar dos tercios de la producción nacional de cobre.



Tomando en cuenta lo anterior, nosotros deberíamos recalcular los resultados entregados por Ramos, diferenciando el aporte que realiza cada uno de los sectores. Considerando que el sector público representa el 36% de la producción y el privado el 64%, podemos descomponer el 8% del PIB en 2,88 puntos porcentuales explicados por Codelco y en 5,12 puntos por las multinacionales privadas. Incorporando, también, el grado de integración vertical de las privadas transnacionales y el mayor aporte de Codelco a la producción de insumos de origen nacional, podemos descomponer el 60% de encadenamientos «hacia atrás» utilizando un promedio lineal entre ambos sectores, asumiendo que estos eslabonamientos se explican en un 80% por el sector público y un 40% por el sector privado, dado que la matriz-insumo producto de 1996 se basa en una participación equitativa de ambos sectores a la producción total.



Reconozco que es una arbitrariedad, pero, es coherente y equitativa y no menos arbitraria que tantos cálculos que hacen mis colegas. Esto nos da como resultado un 2,3% de PIB adicional gracias al sector público y un 2,05% de PIB adicional gracias al sector privado, lo que implica, a su vez, un aporte al empleo de 1,15% de la fuerza laboral gracias al sector público y un 1,03% de la fuerza laboral para el sector privado. Naturalmente, en «empleo indirecto».



La segunda fuente tiene su origen en un cálculo mucho más osado que el anterior. Se dice que la minería genera actividades «aguas abajo» o «encadenamientos hacia delante» y, en particular, el decano se refiere a la comercialización y transporte de productos importados gracias a las divisas generadas por las exportaciones mineras. Éstas permitirían importar un 14% del PIB, por lo que habría que atribuir el 14% del empleo total del comercio y del transporte de carga a la minería, es decir, un 3% de empleo adicional.



Esta simplificación debería necesariamente suponer que todo el PIB es comercializado y transportado, lo que no es correcto si consideramos que los servicios médicos, educacionales y otros que también son parte del ingreso generado en al economía, no se transportan ni se comercializan. Además, el autor nuevamente no distingue entre sector minero público y privado, lo que lo lleva a no considerar que muchas de las importaciones las hacen las mismas empresas mineras transnacionales, muchas de las cuales cuentan con sus propios sistemas de transporte, y al estar integradas verticalmente no participan de los sistemas de comercialización nacional. Al mismo tiempo, todos lo sabemos, parte importante de las divisas que genera la minería trasnacional van a pagar los intereses de los créditos relacionados, las consultorías millonarias que se pagan a sí mismas y las pérdidas acumuladas que declaran, entre otras cosas.



Además, Ramos no considera que no existe una relación uno a uno entre las exportaciones e importaciones, al contrario, se han presentado importantes superávit comerciales en los últimos años. Por lo tanto, hay un ahorro de divisas que no se usa para realizar importaciones y, entonces, lo más adecuado sería considerar que las exportaciones de cobre (40% del total de las ventas de Chile al exterior), sólo permiten un 40% de las importaciones, asumiendo que todos los exportadores contribuyen por igual al superávit comercial. Esto implica poco más de 10.000 millones de dólares, es decir, un 10% del PIB.



En todo caso, el mejor método para estimar este aporte, debería tomar las importaciones que permiten realmente las exportaciones mineras y estimar su importancia relativa sobre las ventas del comercio y del transporte de carga y, a partir de ese dato, calcular el PIB adicional que crea así como el «empleo indirecto» que favorece. Asumiendo la misma simplificación de Joseph Ramos, habría que atribuir el 10% del empleo total del comercio y del transporte de carga a la minería, es decir, un 2,1% de empleo adicional. De este, 0,77% se explicaría por la minería estatal y 1,37% por las trasnacionales y privadas, debido al aporte que cada sector hace a la producción total: 36 y 64 por ciento respectivamente.



Queda la duda respecto a los encadenamientos «hacia delante» que generarían las exportaciones de cobre sobre el transporte y la comercialización, los que Ramos no considera. El cobre producido se exporta y debe ser comercializado y transportado. A menos que suponga que esos encadenamientos son hacia las economías extranjeras, estaría subestimando el aporte del empleo indirecto de la minería.



La tercera fuente de «empleo indirecto» viene por el lado tributario, ya que debido al impuesto adicional a las importaciones al que están afectas las mineras (arancel efectivo del 2%), se estarían obteniendo ingresos fiscales de 280 millones de dólares, los que llevados a valor presente implican 3.500 millones de dólares disponibles para inversiones por parte del Estado. Ahora bien, bajo la hipótesis de que por cada 30.000 dólares se produce un empleo productivo, se llega a la cifra de 120.000 empleos o 2% de la fuerza laboral. Este argumento supone, también, que los ingresos fiscales efectivamente se convierten en empleos directos y no en burocracia. Entonces, descomponiendo nuevamente, de este aporte total, 0,72% sería responsabilidad del Estado y 1,28% de las trasnacionales.



Lo anterior, no deja de ser curioso a la luz de la permanente crítica de la profesión al cobro de impuestos por ser contrario al bienestar de las personas y estigmatizado como uno de los males de la economía. Sorprendentemente Ramos nos abre el juego para determinar la pérdida de «empleo indirectos» que ha significado el no pago de impuestos por parte de las trasnacionales. Si consideramos que las utilidades reales de éstas alcanzarían a unos 1.350 millones de dólares anuales, dado que constituyen el 64% de la producción total de cobre y suponiendo que tienen la misma función de producción que Codelco; entonces, aplicando el impuesto a la renta del 42%, tenemos una pérdida anual en impuestos que no se pagan de 570 millones dólares.



En concordancia con el método seguido por el decano, habría que estimar la pérdida utilizando el valor presente de los impuestos no pagados, lo que equivale a 7.200 millones de dólares, es decir, 240 mil empleos. Prácticamente, una pérdida del 4% en «empleos indirectos» por la práctica de esconder utilidades y evitar el pago de impuestos.



La cuarta posible fuente de «empleo indirecto» de la minería plantea la renta económica para el Fisco del cobre nacionalizado, que alcanzaría a unos 750 millones de dólares anuales por las utilidades que Codelco traspasa al Fisco, las que en valor presente alcanzarían a los 9.500 millones de dólares, lo que equivaldría a 320.000 empleos o un 5% de la fuerza de trabajo. Ciertamente, en estos traspasos que hace Codelco, no sólo están las utilidades sino también la renta económica del recurso cobre, es decir, el valor económico, la remuneración de este factor productivo que es el recurso natural. Naturalmente este 5% es netamente aporte de la minería pública y no privada, por lo que no corresponde asignarlo en partes proporcionales.



Así las cosas, a pesar de que la minería pública representa un 36% de la actividad y la privada un 64%, de acuerdo a los cálculos de Ramos (que dicho sea de paso compara el aporte anual de los sectores productivos con el aporte a perpetuidad de los impuestos y de las utilidades traspasadas al Fisco, lo que no parece muy consistente, pero, es el método que define el decano), la minería nacionalizada es casi 100% más eficaz para generar un «ambiente-empleo» que la minería transnacional y privada. La primera con un 7,64% de «empleo indirecto» y la segunda con sólo un 3,68%.



Lo anterior, sin considerar las pérdidas de «empleo indirecto» que ha provocado la minería privada transnacional, primero, por no pagar impuestos (el 4% de la fuerza de trabajo, según nuestros cálculos), y, segundo, por no pagar la renta económica del recurso natural, es decir, el famoso royalty. Según la Universidad de Harvard, anualmente la renta apropiada por las transnacionales asciende a los 1.600 millones de dólares. En valor presente esto significa 20 mil millones de dólares. Esto equivale a 670.000 empleos permanentes, un 11.17% de la fuerza laboral.



Entonces, sumando el aporte de la minería privada trasnacional en «empleos indirectos» (3,68%) y restando la pérdida que esta minería le ha imputado al país, también en «empleos indirectos» (15,17%), el aporte de esta minería es negativo, llegando a una pérdida neta de «empleos indirectos» de -11,5%.



En conclusión, desde la perspectiva del «ambiente-empleo», nuestro país y particularmente sus trabajadores, han perdido como en la guerra con la privatización en manos extranjeras de la minería chilena, esa que costó tantos años de sacrificio para que efectivamente beneficiara a todos los chilenos y que, aún después del continuo proceso de privatización de la minería chilena, sigue siendo un pilar de la economía social de Chile y de su empleo.



Sin embargo, no sólo la conclusión anterior es válida después de este análisis que hemos hecho siguiendo los caminos que nos señala Ramos. Adicionalmente, queda completamente legitimada la política de que las mineras paguen los impuestos correspondientes y que no hacerlo es dañino para el desarrollo del país, para su gente y sus trabajadores. Es más, queda legitimada la política tributaria de hacer pagar más impuestos a los sectores de mayor ingreso del país, particularmente las grandes empresas, dado que redunda en un mejor «ambiente-empleo».



Por otra parte, no menos legitimada queda la demanda ciudadana de que las mineras extranjeras paguen el royalty minero, no sólo porque es el justo precio que debe pagarse a los dueños del recurso, es decir, los chilenos, sino también por el enorme aporte que representa en «empleos indirectos» o «ambiente-empleo». Chile deja de favorecer en un 11,17% a la creación de empleos por la entrega gratuita de los recursos mineros a las trasnacionales. Un lujo o una estupidez que no nos podemos permitir.



Y finalmenteÂ…Ä„Ä„Ä„Aleluya, Aleluya!!!…la idea de volver a nacionalizar la minería trasnacional ha sido resucitada. Según el mismo Joseph Ramos, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, el mayor aporte al «empleo indirecto» aún se explica por la minería nacionalizada. Entonces, si una variable clave para la definición de políticas públicas es la creación de empleo, no hay donde perderse, habría que volver a poner en la agenda política la nacionalización de la gran minería privada trasnacional.



Muchos son los que, por el prurito de la justificación ideológica, terminan adentrándose en senderos olvidados que han sido sellados y clausurados bajo siete llaves, en otras palabras, se pisan la cola y se tienen que morder la lengua.





Marcel Claude. Economista. Director Ejecutivo Oceana América Latina.