sin la permanente presión participacionista, que por años ha sostenido que la inclusión y deliberación ciudadana es la mejor garantía para cualificar la gestión pública, estos avances hubieran sido imposibles…
Por Álvaro Ramis*
El 2009 será sin duda el año de la crisis financiera internacional, quizá esa urgencia nos permita impulsar con más vigor la agenda democratizadora. Estamos frente a un tiempo que puede ser excepcional para avanzar, es posible que a corto plazo se abran espacios inéditos de participación ciudadana, que permitan la profundización del carácter ciudadano de la gestión pública. Si es así, en este año podremos contar con nuevos instrumentos y mecanismos que la sociedad civil debe estar dispuesta a apoyar y acompañar decididamente.
Recordemos que hace pocos días el proyecto de ley que crea en la Constitución la figura del Defensor de las Personas alcanzó el quórum necesario para ser aprobado en la Cámara de Diputados. Este proyecto constituye un largo anhelo de los sectores democráticos, que han demandado por largos años esta institucionalidad. Sin duda, la perseverancia del capítulo chileno del Ombudsman, y de diversas ONGs defensoras de derechos humanos han permitido que este proyecto no haya desaparecido de la agenda pública y de la discusión parlamentaria. Se trata por lo tanto de un gran logro de la sociedad civil, que es necesario consolidar por medio de una pronta aprobación en la Cámara Alta.
Al mismo tiempo, esperamos que los proyectos de ley «Anti discriminación» y sobre «Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública» logren avances importantes en el curso de este período legislativo. Del mismo modo este año ha comenzado a operar el Consejo para la Transparencia, mandatado para otorgar protección al derecho de acceso a la información de todas las personas. Se trata de iniciativas que permitirán el fortalecimiento de la sociedad civil, elemento esencial de una democracia moderna y efectiva, abierta a la escucha, al diálogo y al aporte deliberativo de sus ciudadanos. Pero tal vez el elemento más novedoso y que en 2009 podremos ver operando, será el Instructivo Presidencial sobre participación ciudadana. Este documento, entregado por la Presidenta Bachelet el 21 de agosto de 2008, precisa que cada órgano de la administración del Estado deberá establecer una norma general de participación que contemple mecanismos que fomenten la inclusión de comunidad en el desarrollo de las políticas públicas. Estas normas deberán ser presentadas a la ciudadanía durante el mes de abril y obligarán a cada órgano de la administración del Estado a establecer Consejos de Sociedad Civil que tendrán carácter consultivo y se conformarán de modo que obedezcan a los principios de diversidad, representatividad y pluralismo.
Además cada entidad gubernamental deberá implementar cuentas públicas participativas que tendrán una periodicidad anual, y abarcarán el conjunto de la gestión de sus políticas, planes, programas, y de su ejecución presupuestaria. Para ello deberán tener a disposición de la ciudadanía, de forma permanente, amplia información sobre su labor.
Este tipo de iniciativas otorgan una mayor institucionalización a la participación ciudadana. Se trata de una dimensión fundamental de todo sistema democrático, pues contribuye a que los derechos y deberes establecidos sean efectivamente reconocidos y ejercidos por todos y todas. Por este motivo, la apertura de estos mecanismos novedosos en el Estado deben ser acompañados de forma entusiasta por la sociedad civil. Esta consiste en una ventana de oportunidad que una vez que comienza a operar permite insospechados avances. En las manos de una ciudadanía consciente y fortalecida, los instrumentos de participación pueden hacer la diferencia entre la pasividad y el fatalismo o la exigibilidad de derechos declarados pero nunca ejercidos por falta de fuerza y capacidad política de nuestras organizaciones.
Recordemos que este tipo de espacios de participación no son una dádiva o un privilegio que concede un potentado. Se trata de la concreción de una agenda de larga data, que ha encontrado en la presidenta Bachelet el eco suficiente para avanzar de forma sostenida. Pero sin la permanente presión participacionista, que por años ha sostenido que la inclusión y deliberación ciudadana es la mejor garantía para cualificar la gestión pública, estos avances hubieran sido imposibles. Se trata de conquistas que es necesario consolidar por medio de la incorporación de las demandas más diversas, de los sueños postergados y de las miradas ignoradas, que ahora pueden ser reconocidas en toda su dignidad.
*Álvaro Ramis es Presidente de la Asociación chilena de ONGs, Acción.
