Políticas Contra el Desempleo: ¿Por qué evitamos la discusión de fondo?

Por Luis Eduardo Escobar*

La economía chilena está en recesión, usando la forma de medir que se usa en todas las economías desarrolladas. La tasa de desempleo ya estaría sobre los dos dígitos si la midiéramos como la miden los países desarrollados. Nadie discute que la recesión es un shock que nos llega del exterior. Curiosamente, en el caso del desempleo, algunos dicen que es causado por la rigidez de las reglas que regulan el mercado de trabajo y no mencionan la recesión reinante. Los que apelan al argumento de la rigidez parecen no distinguir entre el nivel de desempleo «permanente» (a lo largo del ciclo económico) y las variaciones del desempleo según el momento del ciclo económico.

Chile, como muestran los ranking internacionales tiene un índice de rigidez por debajo del promedio de los países de la OCDE (Estudio Económico de Chile, OCDE, 2003). Esos mismos ranking muestran que economías emergentes que crecen mejor que nosotros tienen mercados laborales más rígidos que nosotros. Por lo tanto, dejemos de repetir como loros que lo que frena nuestro crecimiento es la rigidez del mercado laboral. Aunque es probable que, si mejoramos la eficiencia del mercado laboral, probablemente podemos crecer un poco más. Pero dista mucho de ser la única o principal causa de nuestro bajo crecimiento en los últimos años.

Veamos los hechos de nuestra economía. La rigidez laboral, según la OCDE, se debería a dos elementos principales: (i) la jornada laboral que no se puede adaptar fácilmente y (ii) las altas indemnizaciones por años de servicio (IAS). En los demás elementos somos más flexibles que la gran mayoría de los países de la OCDE.

La rigidez de la jornada laboral es un problema real de nuestra economía y para abordarlo se necesitan propuestas razonables. No cumple el criterio de razonabilidad que se diga «déjenos reducir la jornada y pagamos la parte proporcional del trabajo» porque, con toda lógica económica, un trabajador prefiere apostar a que despidan a otro y seguir ganando su sueldo completo. Es decir, la propuesta no es razonable porque no explicita un mecanismo que asegure la equidad del procedimiento. Tampoco es razonable volver a la «doble jornada», como han propuesto otros, porque todo el costo de la misma lo pagaría el asalariado. Sí sería razonable flexibilizar la jornada y los horarios de trabajo para facilitar el trabajo de estudiantes y madres. También sería razonable la propuesta de AMCHAM de contratar por un cierto número de horas que se pueda repartir de formas diferentes dependiendo de las necesidades de la empresa.

Tema aparte son las IAS que son muy altas en comparación con los países de la OCDE y que generan conductas disfuncionales por parte de empleadores y empleados. Además, promueven la informalidad y la segmentación del mercado laboral en perjuicio de los grupos de más bajos ingresos, las personas con menos educación formal, las mujeres y los jóvenes.

Entre muchos chilenos existe la idea que las IAS son un derecho de todos. Esto es absoluta y totalmente falso. De las personas que pierden su empleo en nuestro país, sólo el 6,4% tiene derecho a cobrar IAS, según los datos de la Encuesta de Protección Social (EPS). Libertad y Desarrollo usando otras fuentes publicó en septiembre de 2008 una cifra más baja que esta. Más aún, según la EPS, tener derecho a cobrar IAS no significa que se puedan cobrar o que se logre cobrar todo lo que supuestamente corresponde. Los que efectivamente cobran algo, ¡no llegan al 1,5% de los que pierden el empleo!, es decir, la cuarta parte de los que tienen derecho a cobrar IAS.

Ni hablar de la distribución de las IAS. Cobran IAS los que ganan más, en los sectores de actividad mejor pagados y en las empresas más intensivas en el uso de capital (instalaciones, equipo y maquinaria), donde los empleos son más estables y se contrata menos gente (minería, electricidad, agua y alcantarillado).

O sea, en la práctica las IAS no afectan directamente la rigidez real del mercado de trabajo. Pero sí generan un problema real: la segmentación del mercado de trabajo y la posibilidad, perfectamente legal, de eludir el pago de este supuesto «derecho laboral emblemático«.

El problema verdadero son las leyes, el Código del Trabajo y sus reglamentos, que segmentan el mercado laboral en trabajadores de diferentes categorías con derechos distintos según la categoría en la que sean clasificados.  En particular, la distinción de «contrato a plazo indefinido» es la base de gran parte de los problemas. La única diferencia práctica, desde el punto de vista económico, de tener un contrato «indefinido» es el derecho a cobrar IAS si se cumplen, copulativamente, una serie de condiciones adicionales. Eludir los contratos a plazo indefinido no es gratis pero es factible y, muchas veces, económicamente conveniente. La subcontratación, la tercerización y el suministro externos de trabajadores para actividades centrales de una empresa no son más que la expresión extrema de este problema.

Volviendo a la distinción inicial entre el desempleo en recesión y los niveles de desempleo más permanentes, lo esencial de una recesión es el desempleo de recursos, incluyendo trabajadores. El desempleo cíclico no se soluciona mejorando y facilitando los programas de capacitación, por bueno que sea hacerlo. El problema no es falta de capacitación (¡ya estaban empleados!), es la pérdida cíclica del empleo porque las empresas no pueden sustentar ese nivel de gasto salarial. El desempleo cíclico tampoco se soluciona subsidiando la contratación de personas. Lo que ocurrirá será que se despiden a las personas que están empleadas para contratar a los que llegan subsidiados porque son más baratos.

El aumento del desempleo durante una recesión es inevitable. Pero sí se pueden paliar los problemas que genera el desempleo con un seguro de desempleo bien constituido. No se resuelven, si no muy parcialmente, con estas cuentas de ahorro individual que en Chile tratamos de hacer pasar por «seguro de desempleo» y que el gobierno ahora trata de suplir por la vía de los pagos «solidarios».

Para solucionar los problemas que tenemos en el mercado de trabajo debemos revisar  nuestra institucionalidad y abordar seriamente las distorsiones entre contratos de trabajo: indefinido, temporal o por faena, empleados domésticos, empleados públicos, contratos a honorarios, etc.. Tenemos que nivelar la cancha de los derechos laborales para todos los asalariados y terminar con las distinciones legales odiosas y regresivas: un trabajo, es un trabajo. Ya es hora de eliminar las distinciones legales entre contratos de trabajo y fijar reglas razonables sobre la jornada laboral y su adaptación.

Todo el que trabaja como asalariado debiera tener derecho a que le paguen las cotizaciones a su fondo de pensiones, a su Isapres o Fonasa, y a un seguro de desempleo bien constituido que el Estado debe crear. Todo lo demás debe ser negociado a nivel de cada empresa, para lo cual hay que reducir las barreras a la sindicalización. Así los trabajadores estarían verdaderamente protegidos (pensión, salud y desempleo) y los empresarios podrán gozar de una flexibilidad laboral comparable a las de las economías más competitivas del mundo. Pero esto sólo ocurrirá si discutimos los problemas y no sólo los síntomas.

Por mientras, para enfrentar este período recesivo, instalemos un seguro de desempleo que permita proteger los ingresos de los trabajadores que inevitablemente serán despedidos de sus trabajos durante esta recesión. Para más adelante ojalá tengamos la sabiduría de resolver los problemas de nuestra institucionalidad laboral de forma de facilitar la incorporación de más gente a empleos de calidad una vez que la recesión dé paso a la recuperación.

*Luis Eduardo Escobar, economista Fundación Chile 21.