Señor Director:
Esta semana comenzó la 15º Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático, donde la comunidad internacional debe llegar a un compromiso político para reducir emisiones de CO2 y frenar en 2 grados promedio adicionales el calentamiento del planeta y prevenir aumentos de 4, o más grados como advierte la comunidad científica.
El gobierno chileno comparte la posición de los países en desarrollo (bloque del G-77) de que los países industrializados asuman su responsabilidad histórica, se comprometan a reducciones absolutas en sus territorios y creen un fondo para la adaptación de los países en desarrollo. Pero Chile además ha declarado que se comprometerá a reducciones voluntarias para cooperar con la tarea global; y que sí estos compromisos voluntarios son financiados internacionalmente, podrían ser verificables y reportables a la Convención.
Junto con celebrar la posición proactiva de nuestro gobierno; queremos hacer notar que esa posición es contradictoria con la política sectorial, particularmente en la generación eléctrica, donde 83% (2.500 MW) de los proyectos en construcción entre 2009 y 2010 son a carbón y petróleo con altísimas emisiones. Ello, en un país que aún no tiene norma para termoeléctricas; donde la norma preliminar tiene un retraso de un año; y donde el Ministro de Energía y las empresas presionan por un mayor retraso.
Así, la posición de Chile hacia Copenhague es incoherente con lo que obra en la política interna. Ello resta credibilidad a Chile frente a la comunidad internacional y frente a los chilenos.
