Señor Director:
Finalmente ayer, y después de casi 4 años de trabajo y tramitación en un comité en que participaron todas las empresas generadoras, se publicó en el Diario Oficial la norma para termoeléctricas, donde se establece la reducción de emisiones contaminantes que deberán cumplir las generadoras en base a petróleo, gas natural y carbón. La norma pone limites a las emisiones de material particulado, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, mercurio, vanadio y níquel; lo cual es una excelente noticia para la salud de la población, ya que además de los impactos al sistema respiratorio y daños cardiacos que generan estos químicos, algunos son bioacumulativos como el mercurio; dañan el sistema nervioso, el hígado y los riñones, como el vanadio, o son cancerigenos como el níquel. Aunque retrasada en su cronograma, la norma también es una excelente noticia para los productores agrícolas, dado que el material particulado y el dióxido de azufre son altamente dañinos para los cultivos, la fruticultura y el sector forestal, y permite responder a requerimientos sobre contaminación atmosférica realizados por la OECD en su evaluación de 2007. Simultáneamente, la norma constituye una señal de coherencia de Chile frente a las negociaciones de Copenhague, donde justamente se trata de reducir emisiones procedentes de combustibles fósiles como petróleo y carbón.
Las termoeléctricas a carbón existentes actualmente en nuestro país, de las cuales sólo 2 tienen desulfurizadores, estarán obligadas a limitar sus emisiones de azufre (SO2) a un máximo de 200 microgramos por metro cúbico; a 400mg/m3 de óxidos de nitrógeno y 50mg/m3 de material particulado en un plazo de 3 años a partir de la publicación definitiva de la norma y reducir sus emisiones de mercurio (0,1mg/Nm3) vanadio ((1Mg/Nm3 y níquel (0,5mg/Nm3). Para el año 2020, las térmicas a carbón existentes deberán llegar a cumplir lo que se les exige a las nuevas, esto es: 30mg/m3 de MP, 200mg/m3 de SO2 y 200mg/m3 de NOx, lográndose que internalicen algunos de los costos sociales y ambientales que provocan.
Aunque la norma se publica con más de un año de atraso en su cronograma original, los ecologistas celebramos su promulgación y haremos las observaciones pertinentes para mejorar la norma y reducir los plazos de cumplimiento, pero no nos deja de extrañar el doble estándar de aquellos que participaron durante los casi 4 años de formulación y que hoy declaran alarma ante la exigencia legitima de la política publica de evitar que externalicen sus costos para proteger la salud de la población y la producción agrícola.
