El conflicto de Codelco

Pese a tratarse de un conflicto de rápido desenlace, la huelga de los mineros  de Chuquicamata que terminó ayer, deja algunas temas planteados más allá de lo sindical que resulta pertinente analizar.

Tanto el gobierno como oposición tuvieron una posición muy similar para condenar el paro, resumida en una frase de la Presidenta que recibió el apoyo unánime de todos los sectores: “la huelga no le hace bien al país”.

Felipe Larraín, coordinador macroeconómico de la campaña de Sebastián Piñera fue incluso más explícito. Señaló como un hecho lamentable que las partes no hayan podido evitar la huelga con un costo de “8 millones de dólares diarios” y enfatizó que todos deben recordar que “Codelco es una empresa que pertenece y seguirá perteneciendo a todos los chilenos, por lo que cualquier salida a este conflicto debe tomar en consideración la competitividad de largo plazo de la empresa y la importancia de Codelco para financiar las políticas sociales”.

Las declaraciones del personero del comando de Sebastián Piñera fueron casi exactas de las emitidas por el diputado radical que representa Chuquicamata y Calama, Marcos Espinosa, quien pocos días antes había calificado la huelga de “preocupante para el país” pues “claramente afectará las utilidades de la empresa y compromete programas sociales del próximo gobierno”.

Esta unanimidad prácticamente sin matices debe haber sido una razón poderosa para que casi el 70% de los trabajadores de Chuquicamata aceptara la propuesta del gobierno que, en todo caso, tampoco estuvo demasiado lejos de lo demandado por ellos en un primer momento.

Es obvio que cualquier conflicto social no le hace bien al país. Sin embargo, esta falta de matices en la unanimidad para juzgar la negociación colectiva en Codelco llama la atención.

Ella se da en medio de una campaña presidencial que aparentemente enfrenta dos posturas irreconciliables en materia económica, y que de alguna manera debieran haberse hecho notar en uno de los temas más importantes de la economía nacional como es el manejo del cobre.

Si ello no ocurrió es tal vez porque tal consenso expresa una aversión primaria a cualquier conflicto social en el funcionamiento del sistema político chileno, especialmente si es de carácter sindical. Y aunque el esté revestido como ocurrió en el caso de Chuquicamata de una plena legalidad laboral, o exprese un valor fuertemente sostenido por sectores oficialistas como instrumento de igualdad social como es la negociación colectiva.

El conflicto era un escenario perfectamente previsible hace varios meses. Tanto en la División Codelco Norte como en la Minera Spencer, Minera Escondida y la División Andina de la empresa estatal, pues concluían los contratos colectivos. En medio de la crisis era previsible también que las empresas desistieran de adelantar sus negociaciones y esperaran los plazos legales  para acercarse con mayor certidumbre a las posiciones futuras de los mercados mundiales y negociar con mayor seguridad.

Cuando esa negociación legalmente se produce, aparecen sin diferencias manifiestas entre oposición y gobierno las objeciones a las peticiones de los trabajadores, el cuestionamiento a la ética del beneficio y la demanda de mesura en sus aspiraciones. Que por cierto no se hace a las empresas, incluida Codelco, cuyo 10 por ciento de las ventas va en propiedad corporativa a las Fuerzas Armadas para que compren armas.

La doctrina internacional proclamó en Teherán ya en 1968 la indivisibilidad de los derechos humanos con la plena realización de los derechos civiles y políticos, cuyo goce es imposible sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Y la OIT ha sido insistente  en destacar la interdependencia de los derechos sindicales y las libertades civiles. Convendría que ambas candidaturas presidenciales y el propio gobierno fueran más claros a la hora de referirse a estos derechos en la práctica.