Aunque el presidente electo Sebastián Piñera es un redomado libremercadista, relacionado además con el sector de la construcción, es posible que bajo su mandato se produzca un milagro e instruya a su futuro ministro de Vivienda y Urbanismo para que este servicio del Estado implemente políticas públicas orientadas a respetar los derechos urbanos.
Desde hace años estamos criticando fundadamente a los gobiernos de la Concertación por sus prácticas demasiado obsecuentes con el sector inmobiliario, pero como a los distintos ministros del ramo nunca les han interesado las opiniones de los ciudadanos que han estado propugnado el bien común en las ciudades, las reiterativas modificaciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), que hacen por decreto, siempre se han orientado a favorecer los intereses de los actores privados que se desenvuelven en ese negocio. Así ha operado el sistema político para congraciarse con el poder fáctico por excelencia, teniéndose en cuenta que la banca, coligada al anterior, es otro regalón del enclenque Estado chileno.
Los políticos que han usufructuado del poder en estos 20 años se olvidaron de lo prometido al pueblo después del triunfo del NO en octubre de 1988 y por ello han perdido la reciente elección presidencial. Al respecto, quien escribe, independiente de corazón, le creyó en los últimos días a Eduardo Frei, cuando en la campaña presidencial reconoció con hidalguía los errores cometidos por la Concertación en este prolongado período y por ello, a pesar de que tenía previsto votar nulo como expresión concreta de rechazo a esas malas prácticas, recapacité y sufragué a favor de ese candidato. Pero esto ya es historia.
[cita]aunque el presidente electo Sebastián Piñera es un redomado libremercadista, relacionado además con el sector de la construcción, es posible que bajo su mandato se produzca un milagro e instruya a su futuro ministro de Vivienda y Urbanismo para que este servicio del Estado implemente políticas públicas orientadas a respetar los derechos urbanos[/cita]
Ahora bien, aunque el presidente electo Sebastián Piñera es un redomado libremercadista, relacionado además con el sector de la construcción, es posible que bajo su mandato se produzca un milagro e instruya a su futuro ministro de Vivienda y Urbanismo para que este servicio del Estado implemente políticas públicas orientadas a respetar los derechos urbanos adquiridos por las diferentes comunidades, pues a través de ardides establecidos en la OGUC, se han construidos edificios con alturas superiores a las fijadas en los planes reguladores comunales, violación resistida invariablemente por los perjudicados, la que, por lo demás, conocemos muy de cerca y por ello la comentamos en esta oportunidad.
La propia legislación sectorial dice que las normas de la Ley y OGUC priman sobre las disposiciones contempladas en los instrumentos de planificación territorial que traten las mismas materias, lo cual es de toda lógica atendida las disímiles jerarquías de los cuerpos normativos. Tales instrumentos son 1) Plan Regional de Desarrollo Urbano, 2) Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano, 3) Plan Regulador Comunal, 4) Plan Seccional y 5) Límite Urbano. Luego, sólo ciertas y específicas materias de los Planes Reguladores Comunales, aprobados libremente por cada municipalidad, pueden ser sobrepasadas por las reglas de la Ley y Ordenanza.
Las normas de los Planes Reguladores Comunales que nunca pueden ser excedidas por las contenidas en la Ley y OGUC son las referidas a los porcentajes de ocupación de suelo, coeficientes de constructibilidad, alturas máximas o mínimas de las edificaciones y otras normas urbanísticas similares. En estos casos mandan siempre las decisiones municipales, lo que ha sido refrendado por una Circular vinculante emitida por la División de Desarrollo Urbano del Minvu. Como los airados reclamos de grupos vecinales ante ese ministerio han sido muchos, se optó por el simplista camino de derogar esa circular (sic).
Pues bien, en el año 2001 se introdujo antojadizamente el artículo 6.1.8. en la OGUC que brinda nuevos beneficios a los proyectos inmobiliarios que se acogen a la mentirosa figura denominada “viviendas económicas” DFL2, con la cual el erario público ha perdido millones de dólares por concepto de contribuciones de bienes raíces y fundamentalmente porque sus poseedores no declaran en sus impuestos las rentas que esos inmuebles generan. Ese articulillo, con una descarada interpretación ministerial “permite” vulnerar las disposiciones de las alturas de las edificaciones en los sectores en donde existe densidad baja, siempre que los proyectos estén caratulados como DFL2, aunque cada “vivienda económica” del edificio no cumpla con la superficie máxima de 140 m2. La trapacería que se utiliza recurrentemente es botar tabiques, después de la recepción final de cada Dirección de Obras, y así esas viviendas se transforman en espectaculares aposentos valorizados en altísimas sumas de dinero.
En nuestra exposición del 19 de noviembre de 2009, en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, ex Congreso Nacional, con ocasión del Foro “Déficit Urbano-Habitacional: una mirada integral a la calidad de vida y el hábitat residencial en Chile”, en donde representé al candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, señalando lacras de nuestro sistema institucional, me referí, entre otras variadas cosas, a la existencia del artículo 6.1.8. de la OGUC que vulnera las normas locales de altura de las edificaciones que se han dado los municipios. En ese acto estaban presentes la ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete y el diputado Carlos Montes, en su calidad de presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, quienes obviamente no se dieron por aludidos por la directa interpelación.
Quienes han ejercido el poder hablan majaderamente de la necesidad de descentralizar y en esta ocasión hemos dado un ejemplo clarísimo de un ignominioso centralismo. Esperaríamos que el ministro del ramo nominado por Piñera inicie un plan de reingeniería para que las reglas del juego sean parejas para todos, terminándose con las prebendas otorgadas a los poderosos y eliminándose de raíz la mendaz “vivienda económica” DFL2 que tanto a desnaturalizado el sistema de libre mercado.
Veremos si Piñera se atreve y si así fuese, significaría que su discurso de campaña se está empezando a cumplir para congoja de la Concertación.
