La experiencia de las organizaciones ciudadanas y los consumidores de viviendas era que las Direcciones de Obras Municipales actúan como buzones receptores de documentos, por lo que es necesario revisar cuáles son sus atribuciones, responsabilidades.
El alcalde de Maipú Alberto Undurraga declaraba en una entrevista que “La responsabilidad está en el trío: empresas constructoras, inmobiliarias y calculistas”. Según parece las Municipalidades no tendrían responsabilidad en las fallas de edificios. Sin embargo hay hechos que vinculan las fallas a una negligencia reiterada en las Direcciones de Obras de las más grandes municipalidades.
Después de la crisis de la calidad de las viviendas sociales de los años 90, se hicieron esfuerzos por introducir modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones y a la Ordenanza General de Urbanismo Y construcciones para mejorarlas. También surgió la ley de calidad de la vivienda que aclara quien es el responsable ante los compradores y crearon las instancias de revisores independientes de arquitectura e ingeniería aumentando los plazos de garantía de la calidad.
[cita]La experiencia de las organizaciones ciudadanas y los consumidores de viviendas era que las Direcciones de Obras Municipales actúan como buzones receptores de documentos, por lo que es necesario revisar cuáles son sus atribuciones, responsabilidades.[/cita]
La ley Nº 20.016 promulgada el 27 de mayo del 2005 fijó plazos de 10 años garantía para daños estructurales, 5 años para las instalaciones y 3 años para las terminaciones, pero todavía es insuficiente para proteger a los compradores que se ven frustrados en como hacer efectivas las reparaciones y indemnizaciones cuando corresponde.
Conadecus y dirigentes de conjuntos habitacionales afectados por mala calidad de la vivienda de Maipú, uno de los cuales fue el conjunto Altos de Maipú, de 506 departamentos que fue declarado inhabitable y desalojado por los daños estructurales del terremoto, denunciaron públicamente en octubre del año 2008 lo que los afectaba, por eso invitaron al alcalde Undurraga revisar el condominio y entregaron una carta a la ministra de vivienda Sra. Poblete con propuestas para mejorar la normativa que regula la construcción de viviendas.
La misiva señalaba que la experiencia de las organizaciones ciudadanas y los consumidores de viviendas era que las Direcciones de Obras Municipales actúan como buzones receptores de documentos, por lo que es necesario revisar cuáles son sus atribuciones, responsabilidades, y su dependencia técnica y administrativa, y hacer las modificaciones que corresponda a la Ley General de Urbanismo con respecto a estos puntos, para restituirles su rol fiscalizador.
La carta proponía además incorporar en forma urgente la calidad de las viviendas en la Ley del Consumidor, que hoy acoge solamente temas de la gestión comercial, las compras en verde, publicidad engañosa, entre otros y no incorpora la calidad que es la que provoca mayores conflictos. Esto permitiría a los compradores mejores herramientas Jurídicas para defender sus derechos. Asimismo proponía revisar la Ley de Calidad de Vivienda, ya que una de las exigencias de la ley como son las medidas de control y gestión de calidad son sólo una declaración de intención, pues no hay un organismo que controle el cumplimiento de lo declarado y si la propuesta que se presentó era adecuada en las obras a ejecutar.
Además insistía que tanto la Ley como la Ordenanza requerían cambios urgentes, que permitieran asegurar el principal patrimonio que adquiere la familia chilena, y no se vea frustrado por la mala calidad de la construcción, como ya ha ocurrido con miles de familias. Que se necesitaba un rol fiscalizador más activo del Estado que debe ser el encargado de velar por el respeto al derecho a una vivienda digna y protegerlo como una inversión social.
Se proponía además como una necesidad urgente la creación de una Superintendencia de Vivienda Social, encargada de fijar normas y fiscalizar la construcción, especialmente de las viviendas sociales, las acogidas al DFL2, y las susceptibles de subsidio.
Una de las medidas que se han incorporado en forma sistemática a nuestra normativa, es entregarle la responsabilidad a los privados en la aplicación de la calidad, revisión y inspección de los proyectos, además el desarrollo urbano ha considerado mas importante los negocios inmobiliarios, los que presionan a las autoridades sectoriales para desafectar zonas que muchas veces no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad por riesgos de inundación, mala calidad de los suelos para construir y una expansión de la ciudad sin planificación.
El desastre en los bordes costeros a raíz del terremoto y el tsunami demuestran que las ciudades sin planificación urbana y sin prevención de los riesgos deben quedar en el pasado de nuestro país.
