Es evidente que existe un acaparamiento de poder por parte de La Moneda, alimentado por la personalidad del Presidente y la búsqueda de protagonismo del Ministro del Interior que hace más lenta la instalación del gobierno, y que se ve incentivado por la construcción y reconstrucción que quedó como tarea luego del sismo.
La instalación del gobierno ha sido lenta y desmadejada, hasta el punto de aparentar, en determinados momentos, desconocimiento o torpeza sobre los asuntos de gobierno. Toda la primera línea de responsabilidad funcionaria ejecutiva de los ministerios y servicios sigue intacta, a excepción de los ministros, subsecretarios, intendentes y directores nacionales, que apenas llegan a un centenar de cargos.
A simple vista ello no parece negativo sino muy por el contrario, pues podría ser un indicador – más allá de las consecuencias del sismo de fines de febrero- de una comprensión de parte de las nuevas autoridades de que los procesos de gobierno tienen características que los hacen más permanentes de lo que el común de las personas piensa, y una disposición a tomarse las cosas con calma.
También demostraría una sensibilidad importante para entender que las políticas públicas tienen fuertes componentes inerciales que traspasan los temas y los problemas de un gobierno a otro de manera no ideológica, y que se está en buen camino para transformar la administración pública en un verdadero servicio civil.
De ahí nuestra apreciación de lo repudiable que resultan para el desarrollo de una democracia las leyes de amarre, que consolidan de modo casi coercitivo situaciones que al menos merecerían la opinión previa de quien las administrará o experimentará sus consecuencias. Más aún si se refieren a definiciones presupuestarias, que en una situación como la actual inevitablemente requerirán revisiones y reasignaciones como ocurrirá en gran parte de los gobiernos regionales.
No obstante todo lo anterior, es necesario que el nuevo gobierno acelere la designación formal de los altos ejecutivos del Estado en todas las áreas. Principalmente porque un número importante de ellos son de exclusiva confianza presidencial, son caucionados, están sometidos a regímenes especiales de control y responsabilidad, y son vitales para llevar adelante muchas políticas públicas.
La administración en el Estado chileno no funciona como una lanzadera de punto vertical entre jefe y subordinado en sus niveles superiores, sino como una compleja red de coordinación intersectorial que requiere respaldo y confianza política delegada para adoptar acuerdos y tomar decisiones.
[cita]Es necesario que el nuevo gobierno acelere la designación formal de los altos ejecutivos del Estado en todas las áreas. [/cita]
A este punto es evidente que muchos ámbitos de la administración se encuentran semiparalizados en sus procedimientos debido precisamente a que falta el combustible de la confianza y la designación formal en los cargos. Y que ello llama la atención acerca de una eventual falta de previsión por parte del gobierno, pese a todo el trabajo programático publicitado durante el proceso electoral que le llevó al poder.
No ayuda a solucionar este problema el que la fuente fundamental para el reclutamiento de altos cargos del Estado sean los ejecutivos y gerentes de empresas, cuya cultura de mando es completamente diferente a la que regula el funcionamiento de la administración pública. Ellos deberán pasar algún tiempo aprendiendo y acoplando sus conductas funcionarias con aquellas de la administración, particularmente en materia de procedimientos legales, lo que es un riesgo real para la instalación normal del gobierno. No hay que olvidar que la administración se rige por principios de derecho público que solo permiten hacer lo expresamente permitido, mientras que en el sector privado es todo lo contrario y se puede hacer todo lo que no esté expresamente prohibido.
Pero también es evidente que existe un acaparamiento de poder por parte de La Moneda, alimentado por la personalidad del Presidente y la búsqueda de protagonismo del Ministro del Interior que hace más lenta la instalación del gobierno, y que se ve incentivado por la construcción y reconstrucción que quedó como tarea luego del sismo.
Sin embargo, el gobierno debe dejar lo más pronto posible el carácter de administración de emergencia que hoy lo domina, y adoptar el de un gobierno en forma, capaz de instalar una administración profesional del país, y no ser solo un administrador de la inercia burocrática que tiene cualquier Estado relativamente desarrollado.
