En medio del cariño con que la población aplaude especialmente al Ejército, en unidad nacional y sin distinción política, sorprende que Piñera pudiera decidir involucrar en política al recién retirado Comandante en Jefe del Ejército Oscar Izurieta, y a tan pocos días de abandonar el mando militar.
Sería prudente que el nuevo Presidente de la República permitiera que ese brillante General instale su retiro y que se distancie, en espacio y tiempo, de la sólida y obediente red de mando militar que conducía recién antes de pasar a un mando político.
El cargo de subsecretario de Defensa no es un cargo técnico ni militar, es político. La ley 20.424 indica claramente, y a la letra, que el Subsecretario está a cargo de proponer políticas de Defensa para el Congreso y al debate que efectuarán los partidos políticos; políticas internacionales, de adquisiciones de armas , y otras que cada gobierno propone según su concepción política de la Defensa. Son materias en las que hay muchas diferencias políticas. Los acuerdos se buscan, no están. En esa tarea política estará el subsecretario. Malo sería que esa tarea política se perciba militarizada por la llegada de un reciente jefe castrense.
A pesar de su apego a la ley, el ascendiente militar que recién tenía el General Izurieta sobre el actual Comandante en Jefe, sobre el Jefe del Estado Mayor Conjunto y sobre el alto mando, no desaparecerán por decreto. Y entre militares, el afecto, los lazos, y la obediencia tienen estrecha relación. Es recomendable un tiempo de distancia siempre necesario en la naturaleza humana.
[cita]Dañino sería que cada partido político se considerara autorizado a convocar militares en servicio activo, preparándoles su retiro con un cargo de gobierno o quizás uno de elección popular. [/cita]
El General Izurieta tendría el mando político de la Defensa y una especie de mando militar. Se produciría una confusa sensación de conducción en quienes hace pocos días eran sus subordinados militares.
La súbita transformación del general en autoridad política sobre sus recientes subalternos militares podría ser incómoda para los nuevos mandos.
El orden democrático que consagra la ley separa claramente el mando político del mando militar no deliberante. La reciente Ley de la Defensa fortalece a los militares como un recurso de todos los chilenos. Pseudo-militarizar la autoridad política deforma la supeditación constitucional de las FF.AA.
El nuevo Presidente de Chile debería cuidar evitar dar señales confusas entre política y militares que tantos problemas crearon en el siglo XX .Para lograrlo, debería dejar pasar al menos esos dos años que la Ley 19.880 prevee para ciertos conflictos de intereses. Las atribuciones del General podrían verse impedidas por las circunstancias de abstención de esa ley.
La sola posibilidad de nombrar a este reciente militar hizo suponer contactos políticos previos a su retiro, que el propio General Izurieta se ha visto obligado a negar y de cuya palabra nadie duda. Pero si el gobierno instala este procedimiento de alta velocidad entre retiro militar y política, permitirá suponer que instala un método de exploraciones de los políticos sobre los militares. La prudencia de dejar pasar unos años evitaría imaginar al gobierno invitando militares que están en las filas a sumarse a un proyecto político.
La gravedad de una apresurada decisión de Piñera permitirá deducir un precedente para que todos los partidos políticos se sientan autorizados a ingresar a los cuarteles y a reclutar militares para el futuro.
Dañino sería que cada partido político se considerara autorizado a convocar militares en servicio activo, preparándoles su retiro con un cargo de gobierno o quizás uno de elección popular.
Los militares retirados no son eunucos políticos y tiene pleno derecho a participar de la política. Lo incorrecto sería que estando en las filas, acordaran con políticos que los esperen en la puerta de los cuarteles, después de convocarlos en las sombras, para sus proyectos partidarios.
Por eso debe mediar un tiempo importante desde su retiro.
Asumimos que el Presidente Piñera no ha cometido esa ilegalidad, pero no ha despejado las confusiones entorno al apresurado nombramiento del General Izurieta.
El Presidente tendrá que aprender que invitar a un ex militar a trabajar en un gobierno que ganó con los votos de un solo sector de los chilenos requiere, no solo la legalidad sino la total y sana apariencia de legalidad que regula la relación entre política y militares.
*Patricio Hales es diputado, miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara.
