Indiscutiblemente, la reconstrucción del país exige el esfuerzo de todos los chilenos con celeridad y altruismo. El actual gobierno ha hecho un llamado en este sentido, anunciando una reorientación del Presupuesto para el 2010 y “austeridad fiscal”. Las universidades públicas nacionales (aquellas de aparato académico más robusto y por ende con mayor capacidad de intervenir a nivel de país, y aquí me tomo la licencia de incluir a la Universidad Católica) no podrán estar ausentes en esta tarea. Sin embargo, sostengo que no debe confundirse reconstrucción con acciones improvisadas, ni malinterpretarse el perfil universitario con labores más propias de oficinas gubernamentales, el ejército, o las ONG. Las universidades son y serán, fundamentalmente, centros de investigación y pensamiento complejo, y como tales, están llamadas a encauzar la reconstrucción y reordenamiento territorial siempre y cuando se haga planificadamente, en plazos medianos y largos.
De partida, sería deseable que el interés mediático en la reconstrucción no acabe con el mundial de fútbol ni con las celebraciones del Bicentenario. A corto plazo, las acciones de emergencia y catastro ya son asumidas por reparticiones de gobierno y municipales, mientras que las universidades colaboran aportando contingentes académicos y estudiantiles. La pronta reacción de la FECH es encomiable, centralizando ayuda y destinando un respetable número de voluntarios a las zonas más golpeadas. La Universidad Católica ha aportado otro tanto. Entre ésta última y la U. de Chile se está elaborando un manual técnico de instalación de viviendas de emergencia.
[cita]El IDIEM de la U. de Chile, que desde hace mucho viene produciendo aportes al conocimiento constructivo, realiza hoy una impecable tarea en la detección de fallas estructurales en los edificios colapsados[/cita].
No obstante, ya casi a un mes de la catástrofe, las acciones de corto plazo exigen un nivel de sofisticación mayor. El IDIEM de la U. de Chile, que desde hace mucho viene produciendo aportes al conocimiento constructivo, realiza hoy una impecable tarea en la detección de fallas estructurales en los edificios colapsados. Numerosos municipios desde la Región Metropolitana hasta la octava requieren de catastros técnicos serios de sus zonas y construcciones dañadas. En general, esta segunda fase ha tomado más tiempo y a veces se realiza con cierta improvisación y traslape de acciones (se catastran mismas zonas varias veces). Si bien las universidades más importantes del país cuentan con oficinas de gestión de proyectos, reina cierto nivel de desconcierto y ansiedad entre una mayoría puramente académica que se pregunta qué hacer, cómo contribuir más al país. Se insiste, a todo nivel universitario, en la necesidad de acelerar la ayuda a la reconstrucción. No pocos académicos, y algunas autoridades universitarias incluso, añoran conducciones autoritarias del pasado como única vía para un mejor accionar ante la emergencia. Esto se suma a las voces que claman por una reorientación radical de programas docentes y de investigación hacia temáticas relacionadas con el sismo.
Me parece que no debiera haber ansiedad por parte de los académicos chilenos. Es natural que las universidades públicas exhiban por ahora cierto grado de descoordinación pues no son empresas de fácil dirección, sino centros de pensamiento complejo (y democrático), donde el disenso y la contradicción de ideas son ejes fundamentales para su quehacer. Resulta más bien esperable que las mejores universidades públicas del país no operen con la celeridad y oportunidad que otras instituciones nacionales están exhibiendo por estos días. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, los académicos de estas universidades jugarán un papel clave en la reconstrucción del país. Será fundamental poner los talentos investigativos a disposición de una reconstrucción socialmente equitativa. Las enormes desigualdades sociales y ambientales, inherentes al modelo de crecimiento chileno, no desaparecerán con el terremoto. Por el contrario, posiblemente, éstas se agudizarán de manera catastrófica si no se ejerce una reconstrucción técnica y socialmente bien planificada y asentada en el saber ya existente en el país.
A mediano plazo, fondos públicos deberán direccionarse hacia la formulación de proyectos de planificación territorial (al respecto, no quedan totalmente claras las razones de la SUBDERE del nuevo gobierno para retirar fondos de catastro y planes reguladores, que ya habían sido destinados por la anterior administración a varias universidades). Es probable que diversas zonas urbanas deban ser relocalizadas, lo que tomará tiempo y análisis técnicos detallados con el fin de no irrespetar los legítimos derechos de propiedad de los habitantes de esos lugares, y no desvitalizar las economías de los espacios rurales y pequeñas localidades pobladas. Probablemente también se redirigirá el financiamiento y selección de proyectos de investigación (desarrollados casi exclusivamente en centros universitarios tradicionales) no sólo hacia los muy necesarios ámbitos de las ciencias de la construcción, sino que hacia una mejor regulación del mercado inmobiliario, planificación territorial, monitoreo sísmico y marítimo, estudios de salud públicas de los efectos en la salud mental de la población, entre otros.
Es probable que al país le tome un decenio volver a recomponer el total de su infraestructura dañada. A niveles de planificación territorial, es mucho lo que la academia deberá plantear acerca de relocalización urbana, para evitar a futuro, por ejemplo asentamientos precarios y/o en zonas de riesgo. Tras cada catástrofe en Chile, es frecuente que se olviden los “nunca más” y se vuelva a la improvisación y al oportunismo político y/o empresarial. A niveles de regulación, las escuelas de arquitectura e ingeniería tendrán que seguir reflexionando acerca de las mejores soluciones constructivas, y alertar del peligro de externalizar precariamente los sistemas de supervisión de la calidad de la construcción. Los 23 edificios gravemente dañados en Santiago no pueden ser solamente atribuidos a la mala calidad del suelo donde se emplazan, porque ese era un dato conocido. Asimismo, sin los avances producidos por los centros de investigación universitarios de este país, es probable que la resistencia de la mayoría de los edificios chilenos hubiera sido mucho menor.
Aboguemos desde ya por que los recortes presupuestarios anunciados no disminuyan el ya exiguo aporte fiscal que reciben las universidades chilenas. Tampoco resulta oportuno el desconcierto ni la ansiedad entre sus académicos. Las universidades nacionales no fueron, no son ni serán ONG, oficinas de emergencia o empresas constructoras. Las universidades son centros de investigación y conocimiento. Su labor pasada y presente ha sido clave en fundar las bases de una ciencia de la planificación territorial, monitoreo sísmico, e ingeniería de la construcción de buen nivel en Chile (aquí la labor histórica de la Universidad de Chile ha sido primordial). No se debe descuidar la calidad de la enseñanza, y los planes docentes deben ser modificados sólo en dosis muy bien calculadas. Es claro que a mediano y largo plazo, la producción intelectual de las mejores universidades públicas de este país mostrará su enorme utilidad en la reconstrucción del país.
*Ernesto López Morales es académico, Departamento de Urbanismo, Universidad de Chile. Doctor en Planificación Urbana, University College London.
