Entendemos que El Mercurio se abanderice con los intereses del sector inmobiliario, pero de ahí a que ataque a los profesionales que están haciendo lo que la Cámara de la Construcción no hace, lo consideramos un exceso.
En la editorial “Demandas y querellas por el terremoto” publicada el miércoles 24 de marzo pasado en El Mercurio se critica a los abogados que están defendiendo a los compradores de viviendas que forman parte de edificios colapsados por culpa de constructoras e inmobiliarias, cuyos socios no han dado la cara ante sus clientes.
Ese medio aduce que hay una proliferación de abogados que han tenido exposición pública en los canales de televisión, lo que podría establecer la figura de publicidad engañosa y también le ha bajado el perfil a los daños producidos por el sismo, argumentado que, por su magnitud, se debe considerar que estamos ante un hecho fortuito. Llegó a aseverar que “suponer que las empresas constructoras o los primeros vendedores son responsables de todos los daños sufridos pierde de vista el evento de fuerza mayor al que fueron sometidas las construcciones” (sic). A ese diario no le gusta que las víctimas se coordinen en organizaciones ciudadanas en defensa de sus intereses.
[cita]Entendemos que El Mercurio se abanderice con los intereses del sector inmobiliario, pero de ahí a que ataque a los profesionales que están haciendo lo que la Cámara de la Construcción no hace, lo consideramos un exceso.[/cita]
Estamos en total desacuerdo con la postura del matutino porque, a la fecha, las instituciones del Estado no han dado señales claras en orden a informar en detalle lo que deben hacer las miles de familias burladas por los llamados primeros vendedores y por ello consideramos muy necesario que algunos competentes abogados estén dando a conocer públicamente los derechos que tienen los compradores de viviendas nuevas o relativamente nuevas con ocasión de esta tragedia. Entendemos que El Mercurio se abanderice con los intereses del sector inmobiliario, pero de ahí a que ataque a los profesionales que están haciendo lo que la Cámara de la Construcción no hace, lo consideramos un exceso.
Ahora bien, está claro que si no hubieran existido los últimos grandes terremotos en nuestro país, con el de la madrugada del 27 de febrero pasado, que marcó cifras superiores en magnitud e intensidad se habría derrumbado todo. En efecto, Chile es un país sísmico y la ocurrencia de los anteriores movimientos nos ha obligado a tener normativas bastante estrictas, las cuales son cumplidas generalmente por los profesionales que intervienen en los análisis de los suelos, en los cálculos de estructuras y en los materiales que se utilizan, sobre todo en la construcción de edificios en altura.
La norma vigente de diseño sísmico de edificios se denomina NCh433.Of 96 y fue elaborada por el Instituto Nacional de Normalización. En su capítulo 5 se establece que, si las estructuras en altura se enmarcan en sus disposiciones : a) ante sismos de intensidad moderada, deben resistir sin daños, b) ante sismos de mediana intensidad, los daños se limitan en elementos no estructurales y c) ante sismos de intensidad excepcionalmente severa, aunque presenten daños eviten colapso. El movimiento telúrico del 27 de febrero fue muy severo en el sur y un poco menos severo en la zona central, pero a pesar de ello muchos edificios colapsaron. Ante este escenario es evidente que no caben las expresiones “fuerza mayor” y “caso fortuito”.
Ciertos empresarios inmobiliarios, aprovechándose de la ausencia de efectiva fiscalización por parte del Estado, creen que las reglamentaciones vigentes tienen un carácter meramente indicativo y por tal razón levantan sus edificios ansiosos en reducir costos con el único propósito de mejorar las rentabilidades de sus negocios. Lo anterior se explica porque ellos conjeturan que la ocurrencia de un terremoto es lejana. Un experto comentó nuestra columna “Quiénes pagan las demoliciones”, publicada el 23/03/10 en La Nación, afirmado que “aquí nadie ha reparado en la calidad del hormigón usado, basta con fijarse en la fragilidad de ese material para ver que se usaron fórmulas baratas, homologadas por descriteriados, quienes en fugaces inspecciones dejaron todo en manos del azar, olvidándose que en Chile cada 20 años la naturaleza hace su propia inspección técnica”.
Otro experto en ese mismo diario denunció “como ITO (inspector técnico de obras) por muchos años, vi con enfado cómo se me obligaba a aceptar lo inaceptable. Hace ya más de cinco años que un grupo de profesionales denunciamos la mala calidad de la construcción, pero sólo recibimos un portazo en la cara y el descrédito, que en algunos casos significó quedar en la lista negra de las constructoras. Ahora el tiempo no dio la razón. El Presidente debería mostrar su independencia de los grupos económicos, colocando mano dura contra los irresponsables que solo privilegiaron las ganancias a la calidad en la construcción. Lo triste es que no creo que eso pase”.
A través del tiempo hemos sido obstinados críticos del laissez faire imperante en este sector de la economía, pero los poderes fácticos ligados a tal actividad productiva han sido más fructíferos en sus mensajes dirigidos a quienes toman las decisiones y por ello los servicios públicos están ausentes, permitiéndoles a los privados que hagan lo que deseen. Todos sabemos que las inmobiliarias quieren vender sus edificios al más alto precio posible y las constructoras construirlos al menor costo, lo que es muy obvio en un sistema económico, como el nuestro, que privilegia sólo el resultado de las ganancias privadas en el corto plazo.
Con el terremoto, ahora los causantes de los colapsos, tendrán que asumir sus comportamientos mercantiles indemnizando a todos aquellos que creyeron en las bondades de los inmuebles ofrecidos. La ausencia de diligencia profesional se debe pagar y las víctimas tienen que ejercer sus legítimos derechos ante la instancia jurisdiccional con esos abogados irrespetuosamente defenestrados por El Decano.
Para que el mercado funcione bien necesita tener una señal por parte de la Cámara de la Construcción, y en tal sentido, este ente corporativo debería expulsar con publicidad a todos sus socios que no se han comportado como auténticos empresarios y también nos gustaría que El Mercurio publique un nuevo editorial dando a conocer el vía crucis que están viviendo las miles de familias que incautamente creyeron lo que decían los folletos publicitarios de los edificios colapsados.
Con ocasión de una información que terceros nos hicieron llegar respecto a “manitos de gato” que estaban haciendo algunas constructoras para que no se notaran los daños en sus edificios recién recibidos por algunas direcciones de obras, el miércoles 24 de marzo pasado nos reunimos con la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, a quien le hicimos notar lo anterior, manifestándole además que las nuevas autoridades no pueden dejar abandonadas a las familias de clase media endeudadas a 20 y 30 años con los bancos.
En todo caso insistimos, en orden a que todas las familias atormentadas por los colapsos de sus edificios, deben unirse en resguardo de sus patrimonios perdidos o subvalorados, ya que en sus casos se vulneró la norma NCh433.Of 96, lo que es grave.
