El nuevo Gobierno ha cifrado en U$30 mil millones el costo que tendrá la reconstrucción post terremoto y que se desglosa en perdidas en Educación, Salud, Vivienda e Infraestructura, sumado al irrecuperable costo social y humano, sólo por mencionar algunos efectos de la tragedia.
Es precisamente en lo relativo a la infraestructura de caminos públicos y carreteras concesionadas, donde hemos visto en distintos medios de comunicación el esfuerzo que sectorialmente, a través de la Coordinación de Concesiones, se está haciendo en la reparación de vías y pasarelas.
Esto no sólo debe suponer una reposición de lo que había, sino más bien debe ser una oportunidad para mejorar la calidad de nuestros caminos, puentes y pasarelas a fin de elevar los estándares e incorporar criterios de seguridad para el traslado de los chilenos y chilenas.
El tramo de la ruta 5 sur precisamente de las regiones más afectadas por el cataclismo, Maule y Bio Bío, ha presentado sostenidamente altos niveles de siniestralidad en el tránsito y como consecuencia de ello, elevadas cifras de mortalidad.
A medida que se trabaja en la nueva infraestructura vial en dichas zonas, es importante tener en consideración que ese tramo carretero detentaba gran peligro para conductores y peatones, por tanto, resulta urgente y posible arbitrar las medidas para corregir los problemas de diseño, visibilidad, demarcación o capacidad operacional que presenten esas vías.
Todavía, y esperamos que sea a consecuencia de la catástrofe, no sabemos cuáles serán los lineamientos o prioridades que el gobierno dará a la seguridad vial, que por cierto esperamos supere a las acciones de campañas para prevenir accidentes durante los fines de semana largo (cuestión siempre muy necesaria).
Estamos a pocos días de las festividades de semana santa y esperamos que el número de fallecidos no se dispare, sin embargo más relevante que las cifras, es diseñar y planificar una Política de Seguridad Vial permanente, con acciones y medidas, objetivos y metas claras.
Hace varios años se trabaja en el diseño de una Estrategia Nacional de Seguridad de Tránsito, que por cuestiones de prioridad aún no es sancionada por las autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Es de esperar que esta “nueva forma de gobernar”, tan publicitada durante la campaña presidencial se traduzca no solo en abultados currículos académicos, de universidades principalmente norteamericanas, si no en hacer frente a nuevas necesidades públicas que se han instalado en la sociedad chilena, como es la seguridad vial, la que debe abordarse no como una cuestión meramente llamativa o propagandística, si no como una Política Pública de primer orden.
Trabajar para concretar iniciativas como la reformulación en el otorgamiento de las licencias de conducir, o la incorporación de auditorías viales en el diseño y evaluación de proyectos de infraestructura, o la incorporación de la educación vial en los currículos de los programas de enseñanza, más allá los objetivos transversales de la educación, son acciones y medidas largamente debatidas por los especialistas, que sólo requieren de la tantas veces manoseada voluntad política para transformase en realidad.
La seguridad vial en Chile ha surgido como una necesidad pública que es necesario abordar y desarrollar. El esfuerzo del gobierno debe ir mucho más allá de lo estructural, tiene que considerar una mirada sistémica integral que permita sin vuelta atrás, aprovechar el lamentable terremoto como una oportunidad, para no solo hacer carreteras y caminos más seguros para los usuarios, sino para generar una verdadera cultura de la prevención y el auto cuidado. A fin de cuentas, salvar vidas, evitando la delincuencia, previniendo catástrofes o teniendo un tránsito más seguro, es y siempre será un imperativo ético y moral para cualquier gobierno.
Emilio Oñate Vera
Abogado
Magister en Gerencia y Políticas Públicas
Ex Secretario Ejecutivo
Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito
CONASET
