Una mayor equidad es lo único que nos hace a todos sentirnos en el mismo barco y no enemigos o competidores ante el primer problema que surge. Esa meta de equidad ha sido esquiva en nuestro país y una vez más puede quedar postergada en aras de la reconstrucción.
Se pueden identificar al menos tres fracturas que quedan a la vista en situaciones de máxima tensión como la producida el 27 de febrero. En orden creciente de profundidad: la de gestión de emergencias, la capacidad estatal para regular los asuntos públicos y las fracturas múltiples de la sociedad chilena. Lamentablemente el diagnóstico y la plataforma política del gobierno entrante sólo ha identificado la primera, pues hace de los problemas de gestión el centro de su accionar. Y la receta paradigmática de reducir el Estado y entregar la gestión a los privados, aquí resulta claramente inadecuada. Se trata que el Estado funcione bien ante aquello que sólo éste puede enfrentar. Sobre la segunda fractura, es decir la fractura “estructural” del Estado chileno -su incapacidad regulatoria, orientadora y cohesiva – esta aún no aparece en el diagnóstico. Es tarea de la política plantear ese debate.
Pero, ¿qué hacer con la fractura social que mostró el terremoto y sus secuelas posteriores? Amigos y colegas extranjeros me han señalado con extrañeza que no vieron la emergencia de una sociedad civil movilizándose y haciéndose cargo en alguna medida de aquello que quedaba huérfano de atención por la catástrofe. Y efectivamente esa ausencia –aún si se puede relativizar- es el rasgo más preocupante de la fractura social, pues revela la debilidad en que estamos para afrontar nuestros problemas. Fue muchísimo más potente la voz de queja por el abandono y la tardanza, repetida pueblo por pueblo y caleta por caleta, que la voz convocante y organizadora de los liderazgos sociales y locales. La envergadura de la catástrofe y la devastación obviamente sobrepasan cualquier esfuerzo particular. Pero cuando nadie nos da respuesta, un camino es asegurar la sobrevivencia individual, incluso a mediano plazo (saqueo hoy para vender a buen precio mañana, acaparo hoy antes que suban los precios mañana). El otro, es construir orden a partir de nosotros mismos, controlando, priorizando, solidarizando, y sobre esa base demandar las soluciones a quien corresponde. Y es allí donde se percibe la debilidad.
[cita]Allí identificamos mucha mayor fortaleza organizativa en el medio rural tradicional que en el urbano y en el rur/urbano “moderno”.[/cita]
Hace diez años comparamos las realidades del capital social en algunas comunas de Chile, para el Informe de Desarrollo Humano del año 2000. Allí identificamos mucha mayor fortaleza organizativa en el medio rural tradicional que en el urbano y en el rur/urbano “moderno”. Y una preocupante tendencia que mostraba que el cambio socioeconómico en marcha estaba debilitando el capital social existente. Las comunas en plena modernización mostraban menor capacidad organizativa y sus ciudadanos poseían cada vez menos herramientas para orientar dicho proceso y controlar sus aspectos perjudiciales. Adicionalmente la gran cantidad de asociaciones y grupos existentes -80 mil catastrados a la época- aparecían como un archipiélago de pequeñas unidades desconectadas entre sí: sin coordinación en sus acciones; sin medios de comunicación. El terremoto puso a prueba esas tendencias mostrando que siguen ocurriendo.
En el mediano plazo –y esa es otra vez tarea para el debate y la acción política- requerimos fortalecer la cohesión de nuestra sociedad y para ello hay que reducir la desigualdad. Una mayor equidad es lo único que nos hace a todos sentirnos en el mismo barco y no enemigos o competidores ante el primer problema que surge. Esa meta de equidad ha sido esquiva en nuestro país y una vez más puede quedar postergada en aras de la reconstrucción. Los fenómenos sociales que el terremoto desató deben ayudarnos a no olvidar que no sólo hay que construir mejores edificaciones, sino también una sociedad mejor.
En el corto plazo, sin embargo, también se puede y se debe actuar. Y aquí lo fundamental será la forma como se aborde la recuperación de pueblos, empleos, viviendas y salud mental. No sólo la rapidez es importante, también la involucración de las ciudadanas y ciudadanos en las tareas que vienen. Por una parte es lo único que las hará realmente viables y adecuadas a la realidad. De otro modo se corre el riesgo de las medidas centralizadas, que no toman en cuenta que es la vida de cada uno lo que hay que recuperar y no sólo un número determinado de construcciones. Por otra parte el protagonismo en las soluciones permite combatir eficazmente el dolor y la profundidad de las pérdidas, abriendo nuevas perspectivas. Pero para ello se requieren herramientas de participación en manos de la ciudadanía, con las que hasta la fecha no ha contado. Existen, con todo, dos posibilidades inmediatas de avanzar en este terreno: la Ley de Participación Ciudadana y el Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil.
El 10 de marzo se logró, luego de seis largos años, la aprobación unánime en una Comisión Mixta del Parlamento, de la Ley de Asociatividad y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Ella contiene avances tímidos en la materia, pero no por ello menos importantes: crea Consejos de Organizaciones de la Sociedad Civil en las comunas y en todos los servicios del Estado, facilita la constitución y funcionamiento de las organizaciones sin fines lucrativos, asegura un fondo de financiamiento a actividades de este tipo de organizaciones, consagra el derechos de la ciudadanía a participar de los asuntos públicos entre otras materias. Resulta urgente la aprobación parlamentaria de esta iniciativa, la que puede hacerse a la brevedad, dado que no requiere discusión, sino solo ser votada. Sería una señal potente de que se confía y se apoyará a las organizaciones social
es para participar de lo que viene.
En cuanto al Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil, un instrumento concursable, el gobierno de Bachelet lo dejó financiado, pero no convocado, con el fin de permitir la iniciativa a la actual administración. Resulta imperioso incrementar o por lo menos mantener el monto de un Fondo pequeño pero que sirve a muchas organizaciones. El gobierno anterior no cumplió su promesa de duplicarlo, por lo cual no puede ahora afectarse su financiamiento en nombre de las estrecheces presupuestarias. Por el contrario, una vez que estén en pie las mediaguas, ¿con qué recursos contará la organización ciudadana para recuperar lo demás? Es posible reorientar el Fondo para priorizar las regiones afectadas por el terremoto y el maremoto, simplificando a la vez sus normas administrativas, difíciles de cumplir en las actuales condiciones. En el marco de la nueva Ley el Fondo contempla un Consejo Mixto mayoritariamente electo por las propias organizaciones, lo que garantiza su transparencia. Será el momento de plantearse también la ampliación de su alcance, la diversificación de sus tareas y apoyos y la mayor coordinación con otros fondos públicos, en la tarea de fomentar la organización social en el país.
Definir una orientación estratégica de fortalecer nuestras capacidades como sociedad y demostrar una clara voluntad política de avanzar en forma inmediata con tareas listas para ejecutarse, está hoy en manos del gobierno y del Parlamento. Pueden y deben dar la señal correcta. Ciudadanas y ciudadanos debemos presionar para que estas oportunidades no se pierdan.
