Desde el año 1990 a la fecha se han hecho más de 20 cambios en la ley de la renta para que los más grandes actores económicos paguen menos impuestos y por ello muchos especialistas hablan de la elusión. Los que fiscalizan interpretan los diferentes cuerpos normativos de manera permisiva para no incomodar a los contribuyentes que forman parte del decil que disfruta de la institucionalidad.
En mi condición de mero observador en materias económicas y en los asuntos relacionados con los impuestos que pagan las personas naturales y jurídicas, pero como conocedor del acontecer nacional y fustigador de los grupos de interés corporativo que han cooptado a los diferentes gobiernos para beneficiarse con las políticas públicas que han implementado quienes ejercen el poder en el Ejecutivo y Legislativo, me atrevo a manifestar algunas palabras sobre la acomodaticia estructura tributaria que tenemos en nuestro país.
Desde el año 1990 a la fecha se han hecho más de 20 cambios en la ley de la renta para que los más grandes actores económicos paguen menos impuestos y por ello muchos especialistas hablan de la elusión. Los que fiscalizan interpretan los diferentes cuerpos normativos de manera permisiva para no incomodar a los contribuyentes que forman parte del decil que disfruta de la institucionalidad. Los gremios ganadores con estas facilidades son los contadores, auditores, ingenieros comerciales y abogados especialistas en “salidas inteligentes” para que sus clientes dispongan de mayores recursos que se utilizan en crear riqueza privada, ya que, entregar dinero al Estado para que lo distribuya es intolerable en un país que se precie de neoliberal de verdad.
[cita]Pero lo más escandaloso es el subsidio de no pago de IVA o de IVA disminuido, existente todavía a la oferta de viviendas, es decir, a la industria.[/cita]
Se han concebido expresiones tales como “ingresos no renta” para eximirlos del pago de impuestos y en tal sentido, a modo de ejemplo, debemos recordar los famosos sobres con dinero en efectivo que el Palacio de La Moneda les entregaba a funcionarios ministeriales con funciones críticas como “compensaciones” adicionales por el trabajo sobrehumano que ejercían. Ni hablar de las deducciones a la renta, los malabares que se hacen con las sociedades de papel y los llamados gastos para empequeñecer las rentas que se declaran ante el Servicio de Impuestos Internos. Hemos tomado conocimiento que la ley respectiva contiene más de 100 artículos con infinidad de arreglines administrativos que los distorsionan para así aliviar los pagos de impuestos de aquellos pillines que deben declarar sus ingresos monetarios.
Las empresas en la práctica no pagan el impuesto del 17% de sus utilidades si estas se distribuyen en forma de dividendos, ya que los accionistas que los reciben los utilizan como créditos en el momento de pagar sus globales complementarios, lo que es algo muy atractivo para atraer inversionistas extranjeros ávidos de remesar a sus países cuantiosas sumas de dinero. A esta regalía se le llama ventaja competitiva en la medida de que los diferentes países del tercer mundo se esfuerzan por cautivar a las empresas multinacionales que han proliferado con la globalización de los mercados. El denominado royalty para las empresas del Consejo Minero es una burla a la inteligencia, por su insignificante cuantía y porque esas compañías afectas a tal carga disponen para ellas de los valiosos recursos naturales no renovables que nos pertenecen a todos los chilenos.
La famosa y mendaz renta presunta que favorece a la agricultura y el transporte ya no se justifica, pues con las mejoras tecnológicas disponibles, esos sectores deberían declarar sus impuestos en base a la renta obtenida efectivamente. El sector de la construcción continúa con sus innumerables franquicias, siendo la más regresiva aquella que tienen los dueños de viviendas DFL2, cuyas rentas no se declaran como ingresos y así observamos como las inmobiliarias y muchos particulares no tributan por sus inmuebles arrendados, independientemente si se trata de 10, 100 o 1.000 viviendas.
Las universidades privadas han crecido aceleradamente porque, a pesar de ser instituciones sin fines de lucro (sic), sus dueños fraudulentamente se las arreglan para transformarlas en consorcios educativos multipropósito que generan ingentes niveles de utilidades, lo que es conocido por todos y aceptado por el establishment: sus activos les pertenecen a sociedades inmobiliarias que inventan transacciones de los inmuebles que utilizan tales casas de estudios. Demás está decir que no pagan el impuesto de primera categoría por sus excedentes, vocablo afín a su estructura artificialmente legal.
Pero lo más escandaloso es el subsidio de no pago de IVA o de IVA disminuido, existente todavía a la oferta de viviendas, es decir, a la industria. Majaderamente y desde hace años hemos propuesto que este beneficio debería tener una connotación social y en tal sentido debería ser a la demanda de viviendas para así ayudar a los compradores de las mismas. Conocemos casos de importantes actores empresariales que tienen terrenos de varias hectáreas en zonas urbanas del sector oriente de Santiago que pagan contribuciones de bienes raíces como si sus predios fueran agrícolas, es decir, enteran anualmente en la caja fiscal la nada misma.
Las Isapres, negocio de salud privada inventado en el gobierno de Pinochet, tienen asegurados sus abultados ingresos mensuales porque las cotizaciones de sus clientes son obligatorias y estos afiliados tienen que someterse a los unilaterales y discrecionales dictados de aquellas, sin que la Superintendencia correspondiente tenga mucho que decir. Otro sector regalón es el de la banca que, según columna publicada en El Mostrador por Hernán Calderón, obtuvo una utilidad de 500 millones de dólares en los dos primeros meses del año en curso, cifra que se debe analizar en profundidad porque el negocio bancario se nutre del dinero de otros y minoritariamente de sus propios capitales. Tengamos en cuenta la abismante diferencia existente entre las tasas que pagan los bancos por las captaciones y las que cobran por sus colocaciones. Y aunque el lector no lo crea, estas instituciones financieras aportan el dinero de la operación de la respectiva Superintendencia que las fiscaliza.
Ante la emergencia de reconstrucción por la sacudida telúrica y para que exista una mejor asignación de recursos, debemos ponernos sensatos y empezar a derogar todas las disposiciones que favorecen a aquellos sectores económicos con buena llegada a Palacio o a las oficinas de los partidos políticos, con lo cual aumentará gradualmente la caja fiscal. Así iremos en la senda del desarrollo integral con igualdad de oportunidades, teniendo como eje conductor la probidad e imparcialidad a toda prueba.
Este planteamiento se formula en el entendido de que el actual gobernante esté interesado en que en un futuro haya justicia tributaria y como quien suscribe es un promotor perseverante de la equidad y transparencia, declaramos a priori que en nuestra próxima reunión del lunes 19 de abril en Paris con la OCDE nos referiremos, aparte de los temas urbanísticos y medioambientales que están en la agenda programada, los formulados en el presente comentario para que esa organización internacional disponga de una opinión ciudadana respecto de nuestro agrandado país recién ingresado a la misma.
