1960-2010: ¿planificación versus gestión?

En su reciente reunión con los grandes empresarios del país, el Presidente Sebastián Piñera recalcó la necesidad de acelerar la tramitación y aprobación de proyectos de inversión ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), para contribuir –adujo- a la normalización productiva; la reconstrucción de puentes, caminos, infraestructura portuaria y residencial, etc.; y la recuperación de fuentes de empleo.

El imperativo de reconstrucción está dado por la llegada del otoño –el frío, las lluvias-, y la necesidad de reducción de impactos posteriores del terremoto y maremoto, que se circunscriben al ámbito de la responsabilidad de la autoridad ejecutiva. La premura del Presidente amerita, sin embargo, la consideración de información acabada sobre el patrimonio natural y productivo del territorio, pues de ello depende la sustentabilidad de la (re)construcción y la rectificación de situaciones que acentuaron tragedias humanas y pérdidas materiales.

Esta catástrofe se vio agravada por razones ambientales. Muchísimas construcciones -entre las cuales resalta el edificio Alto Río, de Concepción- fueron levantadas sobre áreas inestables de riveras o humedales desecados, para incrementar superficies urbanas, y sin la precaución de reforzamiento de construcción que imponía el terreno.

[cita]Los antecedentes técnicos del Estado son insuficientes para fijar resguardos especiales en la construcción de viviendas, sobre todo de gran altura. El Centro de Información de Recursos Naturales puede aportar datos relevantes para construir un cuadro general de precauciones.[/cita]

Por ello, la prioridad de gestión de emergencia no debe anular el imperativo de planificar la instalación de viviendas, escuelas y hospitales en lugares seguros, distantes del peligro de maremotos y alejados de áreas de remoción en masa o quebradas. Igualmente, el contexto debe mover al Parlamento a incorporar la relevancia del proyecto que busca una Ley General de Urbanismo y Construcciones, para integrar así normas especiales de estabilidad y asismicidad en las edificaciones del borde costero.

La autoridad política a cargo de la reconstrucción debe procurar que las instalaciones industriales que utilizan o fabrican productos tóxicos queden lejos de escuelas, poblaciones y fuentes de agua, y cuenten, además, con depósitos seguros. No debe repetirse la situación del laboratorio de la Universidad de Concepción, ubicado en el balneario de Dichato, en Tomé, donde se encontraron contenedores con cianuro y otros tóxicos en el mar. Esto retardó la búsqueda de personas desaparecidas y puso en riesgo a la población sobreviviente.

Hoy, los antecedentes técnicos del Estado son insuficientes para fijar resguardos especiales en la construcción de viviendas, sobre todo de gran altura. Para casos del emplazamiento de viviendas bajas y particularmente en las áreas rurales, el Centro de Información de Recursos Naturales (cuya fundación se debió a la necesidad del Estado de contar con información ambiental tras el terremoto de 1960) puede aportar datos relevantes para construir un cuadro general de precauciones. Los estudios de suelos agrícolas aportan antecedentes que hacen la diferencia para la edificación de viviendas rurales, como tipos de suelo según series, profundidad, material subyacente en el primer metro y medio y profundidad de napa. Estos datos pueden ser interpretados en términos de refuerzo a la construcción para quienes necesitan reconstruir sus viviendas. Además, muchas zonas que hoy resultaron afectadas, figuran entre aquellas que serán impactadas por el cambio climático.

Si el terremoto de 1960 movió al Estado a producir esta plataforma de información, hoy es momento de aplicar lo que sabemos del territorio. La planificación es más importante que la gestión de emergencia que resalta el Presidente.