Ese municipio en la práctica permitió la ejecución de ciertas obras (losas, excavaciones y demoliciones) que estaban expresamente prohibidas en el permiso de remodelación de la fachada del Apumanque.
El 27 de Enero de 2009 publicamos en El Mostrador la columna “El trasgresor Apumanque”, en donde describíamos diversas situaciones irregulares cometidas en ese centro comercial situado en la esquina sur poniente de las avenidas Apoquindo con Manquehue, comuna de Las Condes, relato que no mereció respuesta de ninguno de los involucrados, lo que entendemos como una avispada práctica para bajarle el perfil al hecho.
Pues bien, el caso fue denunciado por locatarios perjudicados en la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda y Urbanismo, ya que ellos observaban comportamientos laxos por parte de funcionarios de la Municipalidad de Las Condes, en relación a construcciones y excavaciones truchas ejecutadas en esa edificación por un contratista que procedió según instrucciones de la sociedad que actúa como su administrador. Al poco tiempo y mientras las irregularidades se evidenciaban, el Alcalde asistió a la inauguración de la fachada del llamado cosmocentro comercial, dignificando con su presencia, una discutida construcción que en esa fecha, como lo dijimos, se analizaba en las dependencias de la autoridad central de Vivienda, jefatura técnica del Director de Obras Municipales.
[cita]Ese municipio en la práctica permitió la ejecución de ciertas obras (losas, excavaciones y demoliciones) que estaban expresamente prohibidas en el permiso de remodelación de la fachada del Apumanque.[/cita]
La instancia ministerial, después de constatar las actuaciones poco diligentes de los funcionarios municipales, le solicitó a la Contraloría General de la República, la instrucción de un sumario administrativo al interior de la Dirección de Obras de Las Condes. El abogado titular de la referida Seremi comprobó un comportamiento errático y dilatorio por parte del Director de Obras en relación al asunto llevado a su conocimiento. Después de una investigación que duró casi 2 años, mediante Resolución Nº 03677, firmada el 15 de octubre de 2009 por el señor Ramiro Mendoza Zúñiga, se concluyó que el Seremi no sólo tenía toda la razón en las irregularidades por él acreditadas, sino agregó otras más graves.
Sumariamente repetimos parte de lo que manifestó la Contraloría General en su Resolución, más que todo para transparentar las actuaciones de las municipalidades, órganos locales de la blandengue administración del Estado, ya que en este caso hubo un desmedido desinterés, por parte de Las Condes, en fiscalizar y reprochar a ese díscolo privado.
Vamos al grano respecto a lo resuelto por el ente contralor:
1) Ese municipio en la práctica permitió la ejecución de ciertas obras (losas, excavaciones y demoliciones) que estaban expresamente prohibidas en el permiso de remodelación de la fachada del Apumanque. Se construyeron al margen de la ley una cierta cantidad de metros cuadrados de superficie y se observó una incongruencia entre lo que mostraban los planos de la solicitud de ese permiso y lo establecido en el mismo. La Contraloría General dictaminó que las ilegales losas “se construyeron en conjunto con las obras de remodelación de fachadas autorizadas mediante el permiso de obra menor Nº 43, de 2007”.
2) El municipio no hizo nada durante el proceso constructivo de estas obras, a pesar de la existencia de reiteradas denuncias, y para posibilitar un nuevo hecho consumado, se dio por oficialmente enterado de estas construcciones sólo después de la finalización de las mismas.
3) En el sumario administrativo se les formuló diversos cargos a 6 funcionarios de la Dirección de Obras, partiendo por su máxima autoridad. Ellos formularon a la Contraloría General sus descargos individualmente, ante lo cual la anterior los desechó en su totalidad.
¿Qué dijo la Contraloría?
En general a todos los arquitectos (as) funcionarios (as) inculpados (as) les respondió: “en virtud de estas condiciones y con el mérito de lo expuesto, corresponde desestimar la defensa del inculpado (a) y mantener en todas sus partes el (los) cargo (s) que le formulara el fiscal sumariante, así como también la vista fiscal”.
Finalmente, la Contraloría General, al aprobar ese sumario, propuso la aplicación de medidas disciplinarias en contra de los 6 profesionales acusados. Para 5 de ellos propuso multas equivalentes a un cierto porcentaje de sus remuneraciones mensuales y para la sexta persona, la censura, medidas contempladas en los artículos 120º, 121º y 122º de la Ley Nº 18.883, sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
Epílogo
Mediante decreto alcaldicio Nº 4512 del 12 de noviembre de 2009, Francisco de la Maza, señala que sus funcionarios cumplieron con su deber en el ámbito de sus funciones y competencias y que, a su juicio, no infringieron norma administrativa alguna y que, por estas razones, no se les puede aplicar las medidas disciplinarias propuestas por el ente contralor. Además dice que él, como alcalde, no se encuentra obligado a acatar en forma irrestricta lo propuesto por la Contraloría General.
Conclusión final
O la Contraloría General de la República, que investigó durante 2 años la denuncia, es un organismo absolutamente inepto, a la luz de lo que decidió el alcalde después de su corto análisis de la situación, o bien éste es una autoridad que se la juega ante todo evento por sus leales funcionarios.
Ahora bien, ante la disyuntiva de creerle al Alcalde de la Maza o al Contralor Mendoza, quien suscribe, conocedor de las prácticas utilizadas en muchas municipalidades del país, y en particular versado en Las Condes, categóricamente, se queda con la versión del Contralor General.
