El camino que llevó a esta situación de ineficacia gubernamental fue una sucesión de decisiones y políticas que se aplicaron a lo largo de varios años: desde el comienzo del gobierno de Aylwin, la Concertación adoptó una política tendiente a bajar el perfil de la presencia y actividad de las FF.AA. en el control de situaciones de emergencia, las que fueron entregadas, para su administración, a la ONEMI.
Una catástrofe como la ocurrida en nuestro país el 27 de febrero recién pasado debe ser investigada a fondo, primero, porque los deudos de los fallecidos merecen una información verídica y completa sobre lo que causó la muerte de sus seres queridos; segundo, porque hay que determinar si las autoridades de gobierno y organismos del Estado cumplieron sus obligaciones cabalmente y tercero, porque debemos aprender de esta dolorosa experiencia que seguramente se repetirá.
Para que la investigación sea efectiva, es necesario hacerla con serenidad y objetividad, para lo cual es bueno poner la situación en perspectiva:
1.- Chile enfrentó un terremoto y maremoto de inusitada violencia y de una amplitud territorial nunca antes vista, que sobrepasó las previsiones de la planificación (Plan Nacional de Protección Civil – Decreto Supremo de Interior nº 156, de 2002. Disponible en la red bajo ese mismo nombre).
Aún no está claro si el terremoto se trató de uno o varios sismos con uno o más epicentros. Tampoco la secuencia temporal y espacial de ellos.
[cita]Lo que no puede seguir sucediendo es que la pugna intrapartidaria, en su afán de dar protección o “blindar” a algunos actores políticos, lleve a la politización de este desastre.[/cita]
Si está claro que el SHOA no logró hacerse una idea precisa de lo que estaba sucediendo y decretó una alerta que levantó al cabo de algo más de una hora, mientras los movimientos de mareas aún continuaban. Es justo decir también que el SHOA es una de las oficinas hidrográficas y oceanográficas más antiguas y prestigiadas del mundo.
También está claro que durante ese lapso, ni la ONEMI ni las autoridades presentes en su puesto de mando, particularmente el Ministro del Interior, declararon la alarma prevista en el Plan Nacional mencionado anteriormente.
La respuesta de los organismos de gobierno y de las FF.AA. fue lenta y tardía. Estas últimas recién lo hicieron al día siguiente, cuando el descontrol se había traducido en saqueos y pillaje violento.
2.- El camino que llevó a esta situación de ineficacia gubernamental fue una sucesión de decisiones y políticas que se aplicaron a lo largo de varios años: desde el comienzo del gobierno de Aylwin, la Concertación adoptó una política tendiente a bajar el perfil de la presencia y actividad de las FF.AA. en el control de situaciones de emergencia, las que fueron entregadas, para su administración, a la ONEMI y en cada crisis se nombró una autoridad civil ad-hoc (Un “Ministro en Campaña”) para ejercer un mando que fue mayormente nominal. Esta voluntad está graficada en la expresión del Ministro Bitar sobre “lo difícil que les resultaba entregar el gobierno con los militares en la calle”.
Pese a que esa política entregaba nuevas y muy serias responsabilidades a la ONEMI, no se la proveyó de una capacidad de mando, control y coordinación equivalente a las de los militares que dejaron de tener el mando.
Durante el terremoto ocurrido en Aysén se pudo comprobar que el sistema no funcionaba y que había que modificarlo. La idea de modificación que dominaba en el gobierno, particularmente en los Ministerios del Interior y de Defensa, está expuesta en el Decreto exento 760 del 25 de febrero de 2010 (también disponible en la red), que traspasó el total del control a la ONEMI, en exclusividad, y dejó a las FF.AA. en condición sólo de prestar apoyo cuando le fuera requerido. Este decreto fue anulado, pero ilustra sobre la política del gobierno en cuanto a que la coordinación de los recursos se haría entre el Ministerio de Defensa y la ONEMI, dejando a los Mandos Militares Institucionales fuera del esquema.
Por otra parte, la iniciativa de las FF.AA., particularmente de sus mandos subalternos -que podrían haber procedido por si mismos ante la magnitud del desastre-, estaba coartada por el dictamen 42.822 de la Contraloría que determinó que las FF.AA. no podían intervenir en situaciones públicas sin la orden explícita del Ejecutivo. Esa orden no se dio sino 40 horas después de ocurrido el terremoto.
Con posterioridad al terremoto se pudo apreciar un intento del Ministerio del Interior / ONEMI por desconocer la existencia de una alerta por parte del SHOA y ocultar el hecho de no haber tomado acción alguna durante la hora en que estuvo vigente y quedó claro que el Ministerio del Interior / ONEMI no contaba con la capacidad para comunicarse con sus propias organizaciones ni coordinar sus acciones.
Por otra parte, la presencia del Jefe del Estado Mayor Conjunto (un mando sin fuerzas propias) en el puesto de mando de la ONEMI y las declaraciones del Ministro de Defensa al respecto, hacen suponer que ya habría asumido su rol coordinador, relevando a los Comandantes en Jefe de esas responsabilidades. Hasta donde se sabe, ni el Ministro de Defensa ni el Jefe de Estado Mayor recabaron la asignación de fuerzas a los Comandantes en Jefes Institucionales. En breve, las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización del Ministerio de Defensa en la estructura de ésta, no se reflejaron adecuadamente en el Plan Nacional de Protección Civil ni menos en la organización y el equipamiento de la ONEMI.
El video tomado en el puesto de mando de la ONEMI durante la emergencia es elocuente respecto del desconcierto y parálisis de las autoridades de gobierno y no amerita más comentarios.
En días recientes un medio escrito lanzó la insinuación infame, que fue recogida y amplificada por un medio televisivo, de la posible existencia de una conspiración de los Comandantes en Jefe Institucionales, en venganza por lo que establecía el derogado decreto 760, para boicotear las acciones del gobierno y en particular de la ex Presidenta de la República. Además de una bajeza, es una estupidez imaginar a esas autoridades coordinándose durante el terremoto para obstruir la acción del gobierno.
Para finalizar: la prensa del domingo recién pasado nos trae una entrevista a la Fiscal Sra. Solange Huerta que viene a poner paños fríos a la imaginación desbocada. La Fiscal explica en forma clara y precisa lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Deja una impresión de inteligencia, buena fe, competencia profesional y objetividad que nos debería reforzar la serenidad mientras esperamos el resultado de su investigación y de la que paralelamente efectúa la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que seguramente también estará a la altura de las circunstancias históricas que este desastre ha creado en nuestro país, investigaciones que para ser útiles no pueden prolongarse mucho tiempo.
Lo que no puede seguir sucediendo es que la pugna intrapartidaria, en su afán de dar protección o “blindar” a algunos actores políticos, lleve a la politización de este desastre usando instrumentalmente a personas e instituciones con actitudes que todos considerábamos superadas e inicien el camino de regreso a 1972.
