Una de las instituciones esenciales para poder cumplir –a lo menos en la percepción ciudadana–, con la promesa de campaña, no está en manos del Presidente sino que en las de un ente autónomo, alguien a quien el no puede ni controlar ni exigirle resultados.
Una de las promesas del actual Presidente fue ponerle freno a la delincuencia y a poco andar el gobierno ha detectado que para tal logro, de las diversas herramientas a que puede echar mano, hay una que es central: la persecución penal pública. Esta resulta ser más relevante aún en lo que a la sensibilidad ciudadana se refiere, sobretodo cuando se trata de la falta de diligencia en la persecución de los hechos denunciados.
El problema con que se encuentra Piñera es que en nuestro sistema procesal penal se adoptó la autonomía del ente persecutor respecto del Poder Ejecutivo. Es decir, en relación a una de las instituciones esenciales para poder cumplir –a lo menos en la sensación ciudadana–, con la promesa de campaña, resulta que ella no está en sus manos sino que en las de un ente autónomo, alguien a quien el Presidente no puede ni controlar ni exigirle resultados.
De ahí la complejidad de lo que ha ocurrido: que el gobierno a través del Ministro de Justicia busque poder auditar de alguna forma la gestión de los fiscales, y así, por razones políticas, hacer que un órgano autónomo encamine sus actuar a las necesidades de cumplir –aunque sea subjetivamente – con lo prometido.
[cita]¿Puede estar Bulnes pensando en poner cuestionamientos al modelo de un Ministerio Público autónomo?, y de ser así ¿ello resulta muy irracional?[/cita]
Pero incluso puede ser que el problema sea un poco más profundo que tan solo esta piedra en el zapato que molesta a Bulnes para efectos de cumplir promesas de campaña. ¿Puede que haya un problema de diseño? Solo a modo de borrador uno podría sostener que si la persecución penal pública, tanto en su faz de eficacia como en la de respeto a las garantías fundamentales, es una cuestión que interesa de manera primordial a la ciudadanía, debiera su forma de ejercicio también ser materia de escrutinio popular, y por ende de responsabilidad política. Si tal afirmación se comparte, es evidente que un Ministerio Público autónomo está mucho más ausente e impávido frente al escrutinio ciudadano.
Entonces puede legítimamente cuestionarse si el modelo es el correcto, o si por el contrario sería preferible un Ministerio Público bajo el escrutinio ciudadano y con responsabilidad política.
De ser así el Ministerio Público debiera depender del Ejecutivo, lo cual llevaría a que sus avances o sus errores queden expuestos a la valoración ciudadana, sirviendo ello como control de su actuar. Tal hipótesis no resulta tan extravagante, sobretodo si tenemos en consideración, como lo demuestran los hechos, que parte importante de las campañas políticas más próximas han tenido el tema de la llamada seguridad ciudadana como uno de sus grandes tópicos. Cuestión que resulta curiosa si tenemos presente que, una herramienta central de ella, la persecución penal pública, no va a estar en las manos de quien resulte elegido.
Por cierto, avanzar en esa línea, la de la dependencia del Ejecutivo, debiera ir acompañada de resguardos para asegurar la persecución de casos en que el propio gobierno pueda tener interés (problema que por lo demás siempre existe, aún en un ente autónomo).
En suma, ¿puede estar Bulnes pensando en poner cuestionamientos al modelo de un Ministerio Público autónomo?, y de ser así ¿ello resulta muy irracional?
