El lamentable espectáculo que en estos días dieron los parlamentarios y el Jefe del Gabinete en el Congreso, evidencia que además de exigir el cumplimiento del Programa de Gobierno en materias legislativas, la ciudadanía debe demandar un status de calidad a quienes los representan ante los poderes públicos.
El control ciudadano a las iniciativas sobre profundización democrática y fortalecimiento de los derechos humanos es uno de los objetivos que desde hace 4 años persigue el Observatorio Parlamentario, que ante la primera Cuenta Pública Presidencial no puede sino poner el acento en un conjunto de proyectos pendientes en el Congreso Nacional. La ley que establece medidas contra la discriminación, la Defensoría de las Personas, la ley de paridad que permite la participación política equilibrada entre hombres y mujeres, y el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, son parte de esa deuda.
Por tratarse de primera Cuenta Pública del actual Gobierno, estará marcada por los anuncios de las medidas político institucionales, económicas y sociales a implementar este cuadrienio; así como por la evaluación de los primeros dos meses de gobierno, en que la gran preocupación ha sido enfrentar las graves consecuencias del pasado terremoto y tsunami. Si bien la tragedia obliga a reestructurar el plan gubernamental, en lo fundamental los compromisos deben mantenerse.
En reformas políticas el Programa resalta el compromiso presidencial con la transparencia, probidad, rendición de cuentas y fortalecimiento de la ciudadanía. Ello deberá traducirse en anuncios específicos para una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, como el impulso a la ley de participación ciudadana en la gestión pública, a la iniciativa ciudadana de ley, la implementación de mecanismos de rendición de cuentas y control social, así como la regulación de conflictos de interés.
Si bien se han adelantado señales favorables al voto de chilenos en el exterior y la implementación de la inscripción automática y sufragio voluntario, tal como el Programa indica, se espera se aborden el conjunto de reformas que requiere el régimen político para aumentar su representatividad y participación, como la modificación al sistema electoral y el límite a la reelección indefinida de congresistas y autoridades locales.
Asimismo, el Presidente Piñera se comprometió a “fortalecer y ampliar los derechos de las personas” y a implementar una “política contra la discriminación y a favor de la igualdad de trato en una sociedad democrática”. Ello debe traducirse en anuncios concretos el 21 de mayo, como urgencia legislativa al proyecto que establece medidas contra la discriminación, pendiente ante el Senado desde 2005. Igualmente, debe cumplirse el compromiso de “proteger los derechos de los chilenos y chilenas que viven juntos sin estar casados”, impulsando la aprobación del Pacto de Unión Civil para terminar con la discriminación que afecta a quienes conviven.
La adhesión ciudadana al nuevo gobierno en gran medida depende de la capacidad de éste para acoger el conjunto de preocupaciones de la ciudadanía en materia de derechos humanos y democracia. Los desafíos son numerosos y los anuncios presidenciales permitirán conocer la profundidad de los cambios que se quieren impulsar en consonancia con las promesas de campaña.
Camila Maturana
Abogada de la Corporación Humanas y Coordinadora del Observatorio Parlamentario
