Todo esto habla mal de la Concertación y habla mal de nuestro sistema. Habla mal del gobierno que defendió en el Tribunal la constitucionalidad del artículo 38. Habla mal de nuestros políticos que no supieron, en décadas, hacerse cargo del tema. Habla mal de los apóstoles del modelo, incapaces de admitir que la mirada neoliberal no siempre es la correcta ni la adecuada para resolver todos los problemas.
En los próximos días, el Tribunal Constitucional debe tomar una decisión que afectará directamente la vida de miles de chilenos. En efecto, dicho tribunal se apresta a zanjar la eventual inconstitucionalidad del artículo 38 de la Ley de Isapres, que permite la existencia de tablas de riesgo para calcular el valor de las cotizaciones. Explicado en simple, el problema es más o menos así: para determinar el monto que los usuarios deben pagar todos los meses, las isapres utilizan tablas de factores de riesgo. Así, para acceder al mismo plan una mujer fértil debe pagar mucho más que un hombre de su misma edad. Los más perjudicados son quienes tienen más de 60 años, pues en la tercera edad los gastos de salud se multiplican y el factor de riesgo crece exponencialmente.
Este sistema, que a más de alguno podrá parecerle perverso, es perfectamente lógico desde el punto de vista económico: si usted presenta un “riesgo” alto, tendrá que pagar más por su plan de salud. Si usted corre el “riesgo” de quedar embarazada, si usted corre el “riesgo” de enfermarse mucho, entonces o bien paga, o bien se va. En ese sentido, resulta un poco ingenuo quejarse de las isapres: ellas simplemente hacen su negocio. No es de extrañar entonces que defiendan el artículo 38 con uñas y dientes, anunciando una hecatombe si acaso el fallo no les fuera favorable.
[cita]Habrá que buscar una fórmula para evitar un éxodo masivo a Fonasa, pues el Estado no está en condiciones de absorber algo así.[/cita]
Lo realmente llamativo es que este tema no haya sido puesto en la agenda por los políticos, sino por el Tribunal Constitucional. Éste último, luego de tratar algunos casos particulares, decidió resolver el fondo de la cuestión por oficio, esto es, por iniciativa propia. La pregunta que cae de cajón es: ¿por qué una cuestión tan sensible, y que afecta directamente la vida de miles y miles de chilenos, no fue asumida por quienes dicen representarnos?, ¿por qué son jueces los que van a terminar resolviendo este tipo de situaciones? Todo esto es aún más extraño si consideramos que el Tribunal acumula ya varios fallos que habían dejado claro que acá había un problema, y los políticos miraron al techo. Aclaro que no tengo nada contra los jueces. Ellos no han hecho más que hacerse cargo del silencio del poder político en la materia. Es una suerte de abdicación de la política o, si se quiere, de un fracaso de los políticos: ante su negligencia, los jueces han terminado asumiendo un rol que no quisieran, pero al que están obligados.
Los síntomas son preocupantes. Es obvio que este tipo de conflictos no debería resolverse en sede judicial. Pero el problema no reside tanto allí cuanto en la incapacidad de nuestra clase política de haber asumido antes el tema. Lo mínimo que cabía esperar, después de veinte años con la centro-izquierda en el poder, era la introducción de dosis de justicia social en el sistema de isapres. Es cierto que algo se hizo, pero fue a todas luces insuficiente. No es justo que sólo la mujer “pague” por su fertilidad, pues es una cuestión que involucra a toda la sociedad. Lo mismo ocurre con los ancianos y con los niños en sus primeros años de edad. Este es el típico caso en el que la aplicación del liberalismo económico puro y duro termina siendo insuficiente, porque es incapaz de dar cuenta de fenómenos que no son puramente individuales y que, por tanto, merecen una mirada distinta.
Todo esto habla mal de la Concertación y habla mal de nuestro sistema. Habla mal del gobierno que defendió en el Tribunal la constitucionalidad del artículo 38. Habla mal de nuestros políticos que no supieron, en décadas, hacerse cargo del tema. Habla mal de los apóstoles del modelo, incapaces de admitir que la mirada neoliberal no siempre es la correcta ni la adecuada para resolver todos los problemas. En suma, fuera de los jueces, nadie queda muy bien parado.
Las isapres por su parte profetizan el apocalipsis si el artículo es declarado inconstitucional. Supongo que están en su derecho, pero cuando escucho ese tipo de argumentaciones no puedo dejar de recordar algunas observaciones de Marx. Los economistas burgueses del siglo XIX, anotaba Marx, predecían un desastre para la industria inglesa si se aprobaba la ley que impedía jornadas laborales que excedieran las diez horas. Por cierto, la ley se aprobó y la industria inglesa siguió siendo tan próspera como antes. Triunfó el principio, concluía Marx: grados mínimos de justicia social no son necesariamente incompatibles con la prosperidad económica.
Como sea, es evidente que, con independencia del fallo final, el sistema tendrá que ser repensado a partir de lo ocurrido. Habrá que buscar una fórmula para evitar un éxodo masivo a Fonasa, pues el Estado no está en condiciones de absorber algo así. Habrá que dar al mismo tiempo con una salida más o menos equilibrada que no perjudique demasiado a los usuarios. Pero está claro que, en esta materia, las cosas no volverán a ser como antes. Y esa buena noticia no se la debemos a los políticos, sino a los jueces. Vaya lección.
