Socios privados de La Nación salen del clóset

Sobre el futuro de La Nación y a partir de la creación de una comisión parlamentaria, en La Tercera recién se admite públicamente la verdadera estructura de La Nación. Citando fuentes de gobierno, el matutino señala que las acciones que importan están en manos de una sociedad privada y transversal en lo político (claro, no dice que la información fue publicada hace un año por El Mostrador). Lo que no cuenta ese diario, es cómo llegaron esas acciones a manos de la sociedad privada (Colliguay). Sería interesante que a propósito de los antecedentes que se están ventilando en la Cámara, tanto los ex funcionarios de Pinochet, como los de los gobiernos de la Concertación involucrados, explicaran cómo la propiedad del Estado pasó a manos de estas tres personas y de qué modo pretende ahora el gobierno «negociar» con ellas.

Raimundo Valenzuela, según publica La Segunda, uno de los tres socios privados de La Nación, ha concurrido para hacer ver sus prevenciones sobre el tema. Tal vez esté disponible ahora para responder cómo llegó a convertirse en dueño de la empresa periodística La Nación S.A.

Muchos sugieren que la pregunta es: ¿Debe existir un diario estatal? A mí me parece que la pregunta es retórica, porque La Nación, aunque se ha comportado casi siempre -no siempre- como un diario al servicio del gobierno de turno, en términos estrictos, ya no es estatal. Colliguay aunque controla el menor número de acciones (casi un 30 por ciento), posee todas las acciones Preferentes. El estado sólo tiene acciones ordinarias. Es decir, no puede hacer nada con su parte, ni siquiera venderla, sin buscar su consentimiento.

Las experiencias que han existido para tratar a ese medio como un medio estatal -es decir, al servicio de los ciudadanos y no del gobierno de turno-, se han estrellado contra la oposición de los administradores del momento. (No voy a repetir aquí la historia de La Nación Domingo, pero recuerdo claramente una discusión que tuve con una autoridad de ese diario. Yo le planteaba la obligación que teníamos de hacer periodismo público en un medio que, suponía yo, como casi todo el mundo, era estatal. «Este diario no es del Estado», fue su respuesta).

Sin embargo, creo que quienes defienden la necesidad de mantener a La Nación como mera «fuente laboral» le hacen un flaco favor a la profesión periodística y se ponen en la línea de ataque de los economistas de gobierno.

Comparto la angustia de quienes temen enfrentar las penurias que provoca la cesantía, pero ¿por qué el Estado debe mantener a esos periodistas y no a otros tantos miles que ya están cesantes? Además, la historia reciente demuestra que el argumento de la fuente laboral tiene poco efecto político. Un gobierno de La Concertación cerró Lota porque generaba pérdidas al Estado y no le importó mucho el efecto en fuentes laborales. ¿Por qué tendría que tener una mayor consideración el gobierno de Piñera con un puñado de periodistas que la que tuvo Eduardo Frei Ruiz-Tagle con miles de mineros y sus familias?

A mí me parece que lo que hay que defender es el periodismo al servicio del bien común, porque en Chile es el periodismo el que está en peligro por la falta de pluralismo y diversidad en los medios de comunicación. Creo que el Estado tiene la obligación en permitir y promover su existencia y proliferación, quien quiera que esté de turno en el Gobierno. Tal vez se podrían usar las ganancias del Diario Oficial para crear fondos concursables a los que puedan postular nuevos medios de comunicación… ah, pero se me olvidaba. La Nación no es un diario del Estado. Habría que preguntarle a los socios privados.