El consenso sobre la falta de transparencia en los procesos de adquisiciones de material para la Defensa y respecto a la nefasta actividad y relaciones de estos representantes con el mundo político y militar fue tan abrumador, que al momento de tramitarse la Ley del Ministerio de Defensa se recogió una propuesta que la Comisión Tantauco había venido trabajando en el proceso de armar el programa de gobierno del Presidente Piñera.
Los gobiernos de la Concertación iniciaron su gestión de la Defensa con una adquisición que, andando el tiempo resultó simbólica y fue la compra de un paquete de aeronaves de transporte de fabricación española a través de una empresa editorial de ese país, adquisición en la cual nunca fue aclarada satisfactoriamente la función de una empresa de giro de negocio tan distante al que efectuó con el Ministerio de Defensa de Chile. Tampoco pudieron aclararse los procedimientos empleados por los intermediarios en otras adquisiciones posteriores por montos crecientemente importantes.
Algunas de esas situaciones llegaron a la justicia donde han avanzado a paso lento. Emblemático es el caso de la compra de los aviones Mirage Elkan a Bélgica, negocio en el cual aún se encuentran extraviados 10 millones de dólares. También están los tanques Leopard 1 y varios otros. Las irregularidades no solo se ubicaron en la probable existencia de comisiones ilegales, sino que también se manifestaron mediante decisiones de adquisiciones abruptamente impuestas a las Instituciones contra la opinión técnica de sus futuros usuarios y sin entregar otros fundamentos que argumentos de autoridad.
[cita]Esta disposición legal, de cumplimiento obligatorio, exige que se dicte un reglamento que, por su naturaleza deberá ser breve y sin mayores complicaciones.[/cita]
Acercándonos ya al tema que hoy nos inquieta, en muchas de estas irregularidades -algunas presuntas por cuanto aun no han sido completamente probadas y otras ciertas, por cuanto ya está completamente establecido que hubo irregularidades-, uno de los factores concurrentes que se repitió fue la existencia y acción de “representantes” de proveedores extranjeros, actividades en algunos casos fueron claramente ilegales y en general fuera de las normas básicas de la ética comercial.
El consenso sobre la falta de transparencia en los procesos de adquisiciones de material para la Defensa y respecto a la nefasta actividad y relaciones de estos representantes con el mundo político y militar fue tan abrumador, que al momento de tramitarse la Ley del Ministerio de Defensa se recogió una propuesta que la Comisión Tantauco había venido trabajando en el proceso de armar el programa de gobierno del Presidente Piñera consistente en el establecimiento de un “Registro de Proveedores” que permitiera empadronar, evaluar y supervisar su trayectoria comercial y su accionar en el impreciso espacio entre las relaciones sociales y comerciales.
Estas ideas fueron recogidas en el Artículo 34 de la Ley que Moderniza el Ministerio de Defensa que, en la parte que corresponde, dice textualmente: “Los registros de proveedores de los organismos e instituciones del sector serán públicos. Dichos registros deberán hallarse permanentemente actualizados, indicando aquellos hechos esenciales que atañen a la naturaleza y estructura de las personas jurídicas ahí señaladas, e identificando a las personas naturales que ejerzan las funciones de su representación en Chile. No podrá admitirse a tramitación ninguna gestión con proveedores que no cumplan con dichas exigencias. Un reglamento especial, aprobado por decreto supremo emitido por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional y firmado, además, por el Ministro de Hacienda, fijará las normas reglamentarias de detalle para la plena aplicación de este inciso, considerando un régimen de inhabilidades, implicancias y recusaciones para la plena aplicación de las mismas”.
Esta disposición legal, de cumplimiento obligatorio, exige que se dicte un reglamento que, por su naturaleza deberá ser breve y sin mayores complicaciones, y sus efectos, sin llegar a resolver por completo el problema de falta de probidad y transparencia en las adquisiciones militares, vendrán a hacer una contribución de la más alta importancia a la probidad y la transparencia.
Se están iniciando nuevos procesos de adquisiciones que caerán por completo bajo la responsabilidad ética, legal y política del Gobierno de la Alianza, gobierno que hace de la calidad de la gestión y de la urgencia en la acción, dos de sus elementos distintivos. Por eso hace urgente y prioritario dar cumplimiento a esta norma legal y por esa vía mostrar práctica e inequívocamente el tipo de ideales y formas de actuar que caracterizan al nuevo gobierno.
Este problema es más urgente si se considera que casi no ha habido cambios entre los funcionarios que están materializando estos nuevos procesos y los que lo hicieron en el pasado reciente.
Sería un serio traspié, perfectamente evitable, que en algún tiempo más este gobierno también se encuentre bajo las mismas acusaciones e investigaciones que tanto la Alianza como la Concertación criticaron con sólidos fundamentos y respecto a los cuales legislaron en completo acuerdo.
