¿Faltaron cosas por hacer? Miles. Esa es la gracia de la alternancia en el poder. Que la nueva administración llegue a hacer cosas nuevas y no se dedique simplemente a criticar lo que no se hizo o lo que se hizo mal.
La semana pasada se presentó el libro “Conflictos por el agua en Chile. Entre los derechos Humanos y las reglas del Mercado”. Es una interesante labor de investigación, realizada en conjunto por la Coordinadora por la Defensa del Agua y La Vida, y el programa Chile Sustentable. Invito, ruego, imploro a los interesados e interesadas en el tema del agua su lectura. Ya sea porque están de acuerdo o en desacuerdo, no se dejarán de sorprender, por esta visión ciudadana del rol público y privado en estas materias. Este libro me motivó hacer estas reflexiones sobre los tres meses del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en materia de recursos hídricos.
Déjenme partir con una confesión. Cuando escuché al entonces candidato Piñera, hablar de su concordancia de que las aguas sean reconocidas a nivel Constitucional como bienes nacionales de uso público; cuando lo miré entusiasmado por su proyecto del Mapocho Navegable; cuando lo veíamos rodeado de personas como el Senador Antonio Horvath, sentía que este gobierno de derecha se desmarcaría de aquellos de este sector que veían con nostalgia el Código de Aguas de 1981 sin modificación alguna. Pensaba –inocentemente, como me decía mi amigo Pedro Rivera- que los avances del Gobierno de la Presidenta Bachellet serían superados por una nueva agenda que nos sorprendería a todos y todas. Sin embargo, veamos lo que ha ocurrido.
[cita]¿Faltaron cosas por hacer? Miles. Esa es la gracia de la alternancia en el poder. Que la nueva administración llegue a hacer cosas nuevas y no se dedique simplemente a criticar lo que no se hizo o lo que se hizo mal.[/cita]
En primer lugar las grandes novedades: “Mandaremos una ley para modificar el Código de Aguas e incorporar los glaciares”. Esto estaba en el proyecto de reforma constitucional. Si la propiedad de las aguas está en la Constitución, ¿Por qué no hacer lo mismo con las aguas en todos sus estados? “Fiscalizaremos las extracciones de aguas ilegales”. Este programa, partió hace 8 años, con el entonces Director General de Aguas, Humberto Peña, y fue implementado, dotado de recursos y llevado a la práctica por el anterior Gobierno, a pesar de la resistencia de Libertad y Desarrollo, quién creía (y me imagino cree aún) de que al Estado no le corresponde fiscalizar, sino a los privados. “Elaboraremos estudios para conocer la realidad de las aguas”. Esto lo hace la DGA desde hace 20 años. Qué bien que se continúe. “Impulsaremos la formación de organizaciones privadas de aguas”. Este plan, impulsado por el gobierno militar durante la década del 80, se llevó a efecto para regularizar títulos de dominio sobre las aguas, dejando en una situación catastrófica la inscripción en los Conservadores de Bienes Raíces. “Trabajaremos con el sector minero para olvidar la mala experiencia que existió en el gobierno pasado”. ¿Se referirán al acuerdo sobre eficiencia hídrica firmado en el gobierno anterior, o al estudio conjunto sobre demandas actuales y futuras, o a la identificación de estudios de acuíferos necesarios de llevar a cabo, que identificó un programa por 10 millones de dólares? Estoy seguro que el sector minero no comparte esta opinión de “mala experiencia”.
“Impulsaremos la desalinización”. Bien por ello, que continúe el programa iniciado por el Ministro Sergio Bitar. Lo apoyaremos con todas nuestras fuerzas.
La gran pérdida: las reservas de agua
Uno de los máximos orgullos de nuestra gestión, la constituyen las reservas de agua de varias cuencas al sur del país, utilizando las herramientas que la Modificación del 2005 le otorgó al Estado. Protegimos zonas de interés turístico (ZOIT) formalmente declaradas; dejamos agua para la pequeña agricultura y agua potable; y velamos por la conservación ambiental de ciertas cuencas impolutas –las pocas que quedan-. La reacción de la actual administración sorprende: “no estamos seguros de su legalidad”. Si no están seguros, muy simple: déjenlas sin efecto por un Decreto Supremo, y no se escondan detrás de empresas que interpusieron recursos de reclamación orientados a dejarlas sin efecto. Veamos qué opina la ciudadanía y el Congreso Nacional.
¿Y los temas de futuro?
¿Qué pasa con la estrategia para adaptarse al calentamiento global? ¿Nos sentaremos a esperar o es rol sólo del sector privado? ¿Nos preocuparemos de la eficiencia hídrica, o nos interesa que no se ahorre agua para que las empresas que venden agua puedan cobrar cuentas más caras? ¿Cómo lograremos una mayor democracia en la gobernabilidad de las organizaciones privadas de aguas? ¿Cuándo incorporaremos a estas organizaciones a las empresas hidroeléctricas? ¿Cómo lograremos explotar con datos reales y no sólo modelados los acuíferos altiplánicos, mediante derechos provisionales que se vayan ajustando a la realidad a través del tiempo? ¿Qué harán con la estrategia de glaciares elaborada por la DGA en conjunto con el CECS de Valdivia? ¿No la aplicarán? ¿Harán una nueva estrategia?
En síntesis, ¿Cuándo comenzarán a Gobernar, y terminarán de “diagnosticar” y simplemente decir lo mal que lo hicieron los anteriores? Cuando ello ocurra, entonces podremos tener opinión sobre la nueva gestión. Por ahora, seguimos discutiendo sobre la reforma constitucional, es decir, la agenda del agua la sigue marcando el anterior Gobierno, lo que nos llena de orgullo.
¿Faltaron cosas por hacer? Miles. Esa es la gracia de la alternancia en el poder. Que la nueva administración llegue a hacer cosas nuevas y no se dedique simplemente a criticar lo que no se hizo o lo que se hizo mal. Si siguen en esa línea, ocurrirá lo que Pablo Longueira avisó: un paréntesis de cuatro años, a lo menos en la agenda del agua.
