Enfrentar este problema como una asociación entre las FARC y en los comuneros mapuches, además de una exageración es hacernos un pobre favor. Transformar el hecho en un problema de seguridad nacional es declarar que estamos en el mismo nivel de inseguridad y riesgo que Colombia y Perú.
Hace algunos días el fiscal a cargo de la investigación de los vínculos entre comuneros mapuches y las FARC, en declaración a los medios, describió un panorama preocupante que mostraba como las FARC estarían prestando ayuda e instrucción militar a violentistas mapuches. La misma declaración señalaba que el número de los presuntos instruidos era muy reducido, lo que restaba dramatismo a sus mismos dichos.
Hablando con claridad y para poner las cosas en claro, es preciso decir que los comuneros mapuches que asaltan vehículos, ponen bombas en bancos y servicios públicos, incendian inmuebles, se apoderan de propiedades rurales por la fuerza y se oponen a la acción de la policía con uso de armas de fuego, son terroristas, es decir, conforman grupos que pretenden imponer su visión de la justicia y sus aspiraciones al margen de la ley, atemorizando a la sociedad en conjunto y en particular a las autoridades y a quienes se les oponen.
[cita]Que una decena de personas haya recibido instrucción de las FARC no permite concluir que nuestra sociedad esté bajo amenaza ni menos que la Agencia Nacional de Inteligencia, las Policías ni las autoridades hayan fracasado o estén arrinconadas.[/cita]
De la misma manera, el que menos de una decena de esas personas haya concurrido a recibir algunas semanas de instrucción con otro grupo terrorista no permite concluir que nuestra sociedad esté bajo amenaza ni menos que la Agencia Nacional de Inteligencia, las Policías ni las autoridades hayan fracasado o estén arrinconadas. Ni mucho menos. Las acciones e investigaciones del mismo Fiscal así lo demuestran. La existencia de un pequeño grupo terrorista no es algo anormal en la mayoría de los estados, lo que hace la diferencia es la decisión y la forma de combatirlos. Dejarlos hacer y combatirlos fuera de la ley, o enfrentarlos con decisión y con todo el peso del sistema policial y judicial.
En Perú, durante varias administraciones, incluyendo la primera presidencia de Alan García, Sendero Luminoso, otro grupo terrorista que se inició como movimiento revolucionario, terminó actuando en conjunto con los productores locales de cocaína hasta llevar a Perú a una situación de riesgo inminente. La enérgica acción del Presidente Fujimori logró controlar este flagelo, encarcelar a Abimael Guzmán, jefe del movimiento terrorista y apretar a los productores de coca hasta hacerlos salir del país. Así, el negocio de la coca se trasladó a Colombia, donde se asoció a otro movimiento guerrillero de larga data en ese país, las FARC.
Esta asociación creció hasta poner a Colombia casi de rodillas y mediante la posibilidad de capturar del poder político amenazó con llegar a conformar el primer narco estado. La enérgica respuesta del Presidente Uribe se apoderó de la iniciativa y puso a las FARC a la defensiva tras mucho esfuerzo y alto costo en vidas y dinero, retomó el control de grandes partes del país que se encontraba en manos de las FARC y pudo entorpecer el negocio de la droga hasta hacerlo peligroso y menos lucrativo.
Ahora tenemos a los productores de cocaína de vuelta en Perú. La producción de coca en ese país volvió a crecer y estaría alcanzando a las cifras de Colombia. Nuevamente se estaría asociando con Sendero Luminoso y podría estar acercándose a algún aspirante a la presidencia de ese país. La sociedad peruana está comenzando a alarmarse y exige acción más enérgica en la zona del Valle de los ríos Apurimac y Ene, o VRAE.
Tenemos entonces, que el problema real y de fondo son los productores y traficantes de cocaína. Si analizamos los dos casos mencionados, podemos ver que el atractivo ideológico de ambos movimientos, FARC y Sendero Luminoso, ha decaído hasta prácticamente desaparecer y lo único que les da vida – y dinero – es su asociación en forma de “protección armada” a los traficantes de droga.
El desplazamiento del negocio de la droga hacia el Perú, es una mala noticia para Chile. De una u otra manera el flagelo nos golpeará: en aumento del consumo, en lavado de dinero, en corrupción, en crecimiento de las asociaciones criminales, en aumento de los controles aduaneros y entorpecimiento de los negocios internacionales.
Enfrentar este problema como una asociación entre las FARC y en los comuneros mapuches, además de una exageración es hacernos un pobre favor. Transformar un incipiente movimiento terrorista, que puede ser enfrentado y reducido policial y judicialmente en un problema de seguridad nacional es declarar que estamos en el mismo nivel de inseguridad y riesgo que Colombia y Perú.
