El fenómeno de la violencia escolar es de primer orden. Sin embargo, se ha desarrollado en Chile producto del oportunismo en algunos casos, y en otros, producto definitivamente de la ignorancia (a riesgo de pedantería), toda una mitología al respecto. La principal y más grave consecuencia es que se vuelve invisible toda la complejidad del fenómeno.
El próximo 6 de septiembre se discutirá en el honorable Senado de la República, el proyecto de ley sobre “violencia escolar” promovido por los Senadores Walker (presidente de la Comisión de Educación en dicha entidad) Lagos-Weber, Cantero, y los senadores Chadwick y Allamand.
Estos dos últimos, presentaron al Ministro Lavín el 29 de Julio pasado dicho proyecto. En esa ocasión, el Ministro afirmó preocupado: “Nosotros hemos recibido 1.280 denuncias en lo que va corrido de este año. Esto es alrededor de un 70% de aumento respecto al año pasado. No estoy hablando solamente de casos de bullying, sino que también de faltas de respeto de alumnos a profesores y también de profesores a alumnos”.
Lamentablemente, el día 12 de agosto, una joven estudiante de un liceo de Puerto Montt se suicidó –lo está investigando la Fiscalía- víctima de insoportables molestias por un defecto físico, a sabiendas del inspector y de los compañeros.
A la sazón, el 19 de Agosto, el Senador Allamand –Senador por la región de Los Ríos- solicita al Ministro Lavín urgencia legislativa, afirmando que el proyecto en cuestión incluye una definición “amplia y moderna” de bullying, fenómeno que según él está “objetivamente azotando nuestros colegios, liceos y establecimientos de educación”. El día 22 de Agosto el Ministro Lavín visitó -con prensa- a los padres de la menor para entregarles su apoyo moral; y afirmó taxativo: “Vamos a ponerle urgencia al proyecto que presentaron los Senadores Allamand y Chadwick”.
[cita]En general, todos los estudios demuestran correlaciones altamente significativas: el maltrato infligido a niños menores de 12 años presenta una relación importante con la implicación en actos violentos posteriores.[/cita]
El fenómeno de la violencia escolar, lo hemos dicho antes, es de primer orden. Sin embargo, se ha desarrollado en Chile producto del oportunismo en algunos casos, y en otros, producto definitivamente de la ignorancia (a riesgo de pedantería), toda una mitología al respecto. La principal y más grave consecuencia es que se vuelve invisible toda la complejidad del fenómeno, que dicho sea de paso, no sólo tiene que ver con todos los tipos de victimizaciones que suceden al interior de la escuela, sino también –digámoslo así- con el formato del sistema escolar chileno: cómo se han pensado y planteado sus fines. Se radicaliza esta mitología por toda la criminalización y toda la judicialización que se ha proyectado sobre el fenómeno, que prácticamente – y peor aún- reduce la violencia escolar a bullying ¿La PDI enseñando a escolares a ser pequeños detectives? ¿Carabineros montando una obra de teatro en las escuelas? ¿La Fiscalía firmando cooperaciones con el MINEDUC? ¿El Ministerio del Interior aplicando encuestas de victimización a escolares?
Pues bien, digámoslo así, el proyecto presentado por este grupo de Senadores también es víctima de esta mitología. Veamos sus fundamentos.
El primero que salta a la vista por su espectacularidad es el que afirma que según un ranking de la ONU –nada más y nada menos- Chile estaría ubicado en el 7° país con más violencia escolar en el mundo. Esto ya lo había afirmado el Ministro Lavín en un encuentro con profesores de Santiago, y ya había sido titular en el noticiero de TVN.
Que me disculpen los asesores del Ministro y de los honorables senadores, pero es una afirmación ridícula. Efectivamente vemos en el World report on violence against children del año 2006 un gráfico para expresar el porcentaje de niños entre 13 y 15 años que de alguna forma han sido “bullied” (molestado) los últimos 30 días (ya explico por qué escribo “bullied”). La información entregada por Chile emana de una encuesta nacional realizada el año 2004 por el Departamento de Epidemiología del MINSAL en el contexto del Programa de la OMS Global school-based student health survey.
Lo espurio de la información del Reporte de la ONU es que, por una parte, sólo considera un número de 2.111 estudiantes que corresponden a escolares de la Región Metropolitana de 7°, 8° y 1° medio, de sólo dos tipos de dependencia (municipal y subvencionada); por otra, se trata de una encuesta que metodológicamente ofrece resultados y análisis que no son extrapolables a nivel nacional; además, se construye sólo considerando 1 pregunta del cuestionario, que para rematar, claramente tuvo problemas para traducir la palabra “bullied” y debió incluir -antes de la pregunta- esta explicación: “La siguiente pregunta se refiere a la intimidación. Hay intimidación cuando un estudiante o grupo de estudiantes dicen o le hacen cosas malas y desagradables a otro estudiante. También se produce intimidación cuando un estudiante es objeto de bromas desagradables o se lo excluye a propósito. No existe intimidación cuando dos estudiantes de aproximadamente la misma fuerza o capacidad discuten o pelean o cuando se hacen bromas de manera amistosa y divertida”
¿Los otros fundamentos del Proyecto de Ley? Fundamenta que más del 35% de los estudiantes de 1° y 2° básico (sí, básico) declaran percibir agresiones entre escolares al menos una vez a la semana. Esto es absolutamente falso, pues el dato hace referencia a la encuesta nacional del Ministerio del Interior que va de 7° básico a 4 medio. Seguramente, se quiso copiar una información aparecida en un documento de Paz Ciudadana que dice “35,1% de los estudiantes en el primer año y 36,6% en el segundo, reportaron percibir agresiones entre escolares una vez a la semana o todos los días”, pero cuando dice “primer año” es en referencia al primer año en que se tomó la encuesta, el 2005, y el segundo, el 2007.
También fundamenta que, según Paz Ciudadana, el 32% de niños entre 7 y 10 años (sí, 7 a 10 años) dice haber sido víctima de agresiones psicológicas. Se trata de un estudio realizado el año 2004 por Adimark (la misma empresa que hace los estudios de victimización escolar para el Ministerio del Interior) y se trató de entrevistas personales que se le hicieron a niños de 2° y 4° básico entre noviembre y diciembre del año 2003 (2150 niños, 15 ciudades, 80 colegios) basada en la encuesta norteamericana Juvenile Victimization Questionnaire del Crime Against Children Research de la Universidad de New Hampshire. Es decir, no extrapolable.
Citan otras cifras espectaculares de la UNICEF, pero se trata de un estudio hecho entre agosto y septiembre del año 2004 (720 niños de Iquique, Santiago y Temuco). Y finalmente citan como fundamento la famosa encuesta nacional de violencia escolar del Ministerio del Interior: no son suficientemente comparables las del año 2005 y 2007; específicamente el índice del bullying es construido mediante fundamentos muy cuestionables, etc.
Un proyecto así ya había sido presentado hace algunos años por el Senador Navarro, también de la comisión de Educación del Senado. Pero, en dicho proyecto se argumentaba, entre otras cosas, con definiciones obtenidas de Wikipedia. Algo hemos avanzado.
Pasemos a las propuestas. Habla de multas de 50 UTM para los establecimientos; aquí en realidad no hace sino acoger un viejo proyecto presentado el año 2008 por los -a la sazón- diputados UDI Álvarez, Arenas, Bauer, Cristi, Cubillos, Forni, Kast, Paya y Salaberry. Habla además, de obligar a los establecimientos de formar comités de convivencia (cuestión que ya se hace en colegios hace tiempo), de crear reglamentos (también ya se hace) y de la obligatoriedad de informar (cuestión que ya obliga la Ley Penal Juvenil). Es decir nada realmente significativo que implique programas nacionales de obtención y monitoreo de información, o programas nacionales de prevención con financiamiento asegurado. No. Únicamente proyectos que buscan regular y codificar responsabilidades (ex post) sobre la base, lo repetimos, de una fundamentación completamente desactualizada, a veces espuria, a-sistemática, y afectada de una mitología criminológica que no ve la complejidad y multidimensionalidad del fenómeno.
Por si acaso, ya el 03 de Mayo del 2010, otros Senadores (Girardi y Rossi) habían solicitado al Ministro Lavín legislar sobre el Bullying y propusieron intervenciones lúdicas en los barrios y la creación de un Observatorio. Esta iniciativa del Observatorio ya fue parte de un viejo proyecto de acuerdo del año 2007, de –en esa época- los Diputados Rossi (PS), Tohá (PPD), Díaz (PS), Ortiz (DC), Insunza (PPD), Silber (DC), Vidal (PPD), Torres (UDI), Sepúlveda (RN), Súnico (PS).
Como se ve, el bullying hace rato anda por rutas azarosas entre nuestros legisladores.
A nivel internacional, la violencia escolar es un tema. Los programas presentes en el “The Effectiveness of School-Based Violence Prevention Programs for Reducing Disruptive and Aggressive Behavior” (Wilson y Lipsey, 2006) nos ayudan a comprender que más que programas nacionales, necesitamos acercarnos a propuestas más y significativamente contextuales. Un buen libro al respecto es el premiado “School violence in context: culture, neighborhood, family, school, and gender” (Benbenishty y Astor, 2005) ¿Y la familia, los padres, qué tienen que ver en todo esto, se preguntará de inmediato? En general, todos los estudios demuestran correlaciones altamente significativas: el maltrato infligido a niños menores de 12 años presenta una relación importante con la implicación en actos violentos posteriores (Smith y Thomberry, 1995). La Internet y la TV, lo mismo (Marzano, 2007).
Todo esto ya se sabe, el punto es qué hace la escuela, en particular la nuestra, altamente segregada, desigual, competitiva y neurotizada por el SIMCE y la PSU. El punto es qué les decimos a los estudiantes que no podrán construir su futuro en la educación superior. Qué les decimos a los profesores que en promedio reciben una remuneración de 565 mil pesos y con una muy mala imagen social. Qué les decimos a los padres que no pueden pagar un buen colegio, respecto a la mala calidad de la educación pública. Qué les decimos a los alcaldes que sólo tienen una pinche subvención –y me disculpan por la palabra, pues ya sé que la hemos aumentado durante los últimos 20 años- por cada estudiante.
Les decimos, “es lo que hay”. O mejor, “estamos trabajando para solucionarlo”. No, tal vez: “primero fue la cobertura, ahora es la calidad”… para nadie hoy es un misterio lo biopolítico de estos argumentos.
