Si se trata sólo del ingreso ético familiar no necesitamos un nuevo ministerio; si busca profundizar y ampliar el Sistema de Protección Social tiene sentido girar la discusión al plano de los enfoques estratégicos, y pensar la institucionalidad desde ahí.
Llama la atención la forma cómo el proyecto de creación de un nuevo Ministerio de Desarrollo Social aborda las cuestiones territoriales. Aunque las desigualdades territoriales y el aporte que las reformas institucionales pueden hacer para reducirlas no son objeto de reflexión cotidiana por parte de la opinión pública, vale la pena detenerse un momento y reflexionar sobre ellas.
Los estudios realizados por Rimisp –Centro Latinoamericano de Desarrollo Rural en base de los datos de la Encuesta CASEN 2009, refuerzan la necesidad de poner el tema al centro de la discusión. Cuando descomponemos la información agregada que dio a conocer MIDEPLAN sobre número y tasas de pobreza e indigencia por región, vemos que la distribución territorial de la pobreza no es homogénea, y que existen importantes diferencias según la actividad productiva predominante (economías territoriales) o la composición étnica mayoritaria de la población (territorios indígenas), por mencionar algunas. La desigualdad no sólo tiene una expresión social y económica. También tiene un correlato territorial. Y estos hallazgos vienen a reforzar los argumentos ya propuestos por diversos analistas e investigadores sobre la necesidad de dar un tratamiento diferenciado a realidades territoriales diversas.
[cita]Si se trata sólo del ingreso ético familiar no necesitamos un nuevo ministerio; si busca profundizar y ampliar el Sistema de Protección Social tiene sentido girar la discusión al plano de los enfoques estratégicos, y pensar la institucionalidad desde ahí.[/cita]
¿Qué relación tiene esta reflexión con la creación de un Ministerio de Desarrollo Social? Pues mucho. Mientras el proyecto realiza un avance considerable en materia de descentralización al traspasar la función de planificación regional a los Gobiernos Regionales, medida que permitirá cerrar adecuadamente un proceso de traspaso de competencias iniciado en el Gobierno de Bachelet, la apuesta fundamental de esta nueva institucionalidad se encamina en la dirección opuesta, en lo que refiere a la ejecución de la política social.
El proyecto concentra funciones y atribuciones en el Ministerio, y se erige incluso como un supra-ministerio, que intentará coordinar y articular la labor de organismos sectoriales de larga trayectoria como los ministerios de educación, salud y vivienda. Todo decidido, supervisado y evaluado desde Santiago.
La función histórica de MIDEPLAN sobre planificación regional no tiene cabida en este proyecto. Parece como si el traspaso de esta tarea a los gobiernos regionales fuese un efecto no deseado (pero bienvenido para los regionalistas) de una reforma que más bien pretende concentrar el poder de conducción de la política social, que generar capacidades para la adecuación de dichas políticas a las diversas realidades territoriales. ¡Bien por las regiones que en el proyecto ministerial no haya cabida para la planificación del desarrollo regional!, ¡mal por los esfuerzos de superación de la pobreza conducidos centralizadamente, de espalda a las muy específicas carencias territoriales!
Nos encontramos con una reforma institucional que concentra el poder de decisión en un solo órgano. No sabemos aún sobre qué va a decidir. Falta conocer la estrategia de superación de la pobreza y la desigualdad que impulsará el Gobierno. Si se trata sólo del ingreso ético familiar no necesitamos un nuevo ministerio; si busca profundizar y ampliar el Sistema de Protección Social tiene sentido girar la discusión al plano de los enfoques estratégicos, y pensar la institucionalidad desde ahí. Si el objetivo es la desigualdad y no sólo la pobreza, entonces no cabe duda que el territorio sí importa.
