¿Qué hará un diputado –que literalmente se largó a la China- cuando se realice la votación del proyecto de declaración del agua como bien nacional de uso público cuando Aguas Andinas le solicite una reunión? ¿Se inhabilitarán en dichas votaciones e incluirán el viaje en su próxima declaración de intereses? ¿Creerán esos representantes que es urgente regular el lobby y que conductas como esas deben ser castigadas más allá de lo simbólico?
En los días en que el mundo entero tenía puesto los ojos en el inédito rescate de mineros en Copiapó, una delegación de políticos chilenos visitó la feria Universal Expo Shangai 2010 con todos los gastos pagados por la empresa sanitaria Aguas Andinas (incluidos pasajes aéreos, hotel, traslados, alimentación, etc.). La noticia quedó al descubierto esta semana gracias al periódico online Cambio21.cl y a la Fundación Voto Inteligente.
Algunos de nuestros políticos más destacados y conocidos participaron de esta comitiva. Entre ellos se encontraba el adalid de la fiscalización en tiempos de la Concertación Cristián Monckeberg (RN) así como el diputado Felipe Harboe (PPD), el senador por Iquique Fulvio Rossi (PS), Jovino Novoa (UDI) y Andrés Allamand (RN). También el reputado alcalde de Peñalolén Claudio Orrego (DC), Pablo Zalaquett de Santiago (UDI), Johnny Carrasco de Pudahuel (PS), Sol Serrano de Recoleta (UDI) y Manuel José Ossandón de Puente Alto (RN).
El tema ha generado revuelo en el Congreso mientras para la mayoría de la opinión pública ha pasado relativamente desapercibido. Vale la pena reflexionar críticamente al respecto.
Aquí existen tres niveles de responsabilidades diferentes: la de los propios senadores/diputados/alcaldes, la de la institucionalidad legislativa y la de la sociedad en su conjunto. Vamos una a una.
La responsabilidad más evidente es la de los propios políticos que decidieron aceptar un viaje. Este hecho evidentemente genera dudas en la opinión pública respecto de la imparcialidad y el conflicto de intereses que puede conllevar.
[cita]También será legítimo que los votantes de Iquique, Santiago Centro, Valdivia se pregunten sobre la utilidad y o beneficios de sus autoridades a estos viajes a China para sus territorios.[/cita]
¿Qué hará un diputado –que literalmente se largó a la China- cuándo se realice la votación del proyecto de declaración del agua como bien nacional de uso público cuando Aguas Andinas le solicite una reunión? ¿Se inhabilitarán en dichas votaciones e incluirán el viaje en su próxima declaración de intereses? ¿Creerán esos representantes que es urgente regular el lobby y que conductas como esas deben ser castigadas más allá de lo simbólico? ¿Defenderá el alcalde con la misma fuerza y empuje a los vecinos si la empresa de agua se demora en enviar las facturas a un barrio o cobra sobreprecios?
Son dudas razonables y aunque las autoridades afirmen estar con sus conciencias tranquilas, nosotros como ciudadanos tenemos derechos a sospechar de la poca igualdad en la formulación de leyes entre las empresas, los gremios y otros grupos de presión.
Incluso cuando terminen sus periodos como representantes ciudadanos ¿Qué opinaremos si después alguno de ellos es nombrado en el Directorio de esta empresa? Perdonen la desconfianza, pero son hechos que han ocurrido.
También será legítimo que los votantes de Iquique, Santiago Centro, Valdivia se pregunten sobre la utilidad y o beneficios de sus autoridades a estos viajes a China para sus territorios.
En segundo lugar existe una responsabilidad evidente en el órgano legislativo en su conjunto. El diputado Harboe solicitó el permiso correspondiente ante la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados, la que respondió con una fórmula singular autorizándoles el viaje, pero sugiriéndole que se abstuvieran de votar en proyectos en que existan intereses de esa empresa. En palabras de esa Comisión: «Hacerle presente que en futuros procesos de decisión en que se afecten intereses particulares de Aguas Andinas, sería conveniente que se abstenga de participar, si estima que sus actos pueden dar lugar a dudas sobre su imparcialidad». ¿Implacables, no?
Además les solicitó publicar la información en sus web respectivas, información sólo publicada por Felipe Harboe (Monckeberg también lo hizo, pero la despublicó posteriormente).
Finalmente, aquí existe una responsabilidad pendiente de todos como sociedad. Creo profundamente necesario y legítimo que nos indignemos con los políticos que tomaron esta decisión equivocada y por la cual deberían asumir sus responsabilidades. Pero sería cínico que utilicemos este hecho para desprestigiar a la política en general. Con ellos solo promoveríamos la rabia ciudadana contra la política, la no participación en procesos democráticos y electorales, además de promover medidas drásticas y populistas (como sería creer que el problema de fondo se resuelve con que los políticos implicados devuelvan el valor de los pasajes).
Tiene más sentido que presionemos a partir de este y otras situaciones similares para que se regulen los conflictos de intereses y el tráfico de influencias que empresas y gremios realizan diariamente sobre nuestros representantes políticos. Es urgente contar pronto con una Ley de Lobby que vaya más allá del ritualismo de registrar las reuniones de las autoridades y nos permita saber quiénes están presionando para avanzar o detener ciertas iniciativas, así como sancionar de manera más efectiva el tráfico de influencias.
Esto debe ir de la mano para que aumentemos verdaderamente la transparencia del financiamiento de los partidos políticos y fortalezcamos las atribuciones y presupuesto del SERVEL. ¿Cuántos diputados, senadores y alcaldes han sido financiados por esta empresa -o por otra- para sus campañas electorales, viajes, ayudas a comunidades locales en el giro de la empresa, etc.? La verdad, no tenemos ni la más mínima idea.
También hay que revertir el retroceso de la transparencia en el Congreso: a la omisión en la Ley Transparencia de solicitar información directa a los congresistas se sumó recientemente la imposición del secreto respecto de lo que ocurre en las Comisiones del Parlamento.
Podemos comparar lo ocurrido con este viaje con el recién rifado pozo del Loto. Todos nos tentamos con los $7 mil millones. Pero en este juego existe un procedimiento claro, conocido por todos, para elegir al ganador. Existen muchas decisiones en la política chilena que se toman a nuestras espaldas donde hay mucho más dinero y poder en juego que en el premio de esta semana.
Hace ya varios años un ministro de Vivienda tuvo que renunciar cuándo se supo que el dueño de una empresa constructora le había regalado un caballo fina sangre. Más de una década después seguimos encontrando casos de autoridades que aceptan generosas dádivas de privados sin que el tema termine más allá que en un simple tirón de orejas.
Esta vez debiéramos actuar como sociedad antes que el agua llegue al río.
● La publicación de la noticia en Cambio 21
● Fotos de los políticos chilenos en ExpoShangai
● La versión de la visita en la web de Monckeberg que fue despublicada
● La carta del diputado Felipe Harboe solicitando autorización para el viaje y la respuesta de Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados.
