Termina la Feria Internacional del Libro de Santiago y con ella por un buen tiempo la preocupación de los medios por los índices de lectura en nuestro país. Aprovechando la resaca, me doy un tiempo y profundizo en esta entrada –como comprometí en la anterior– el análisis de una de las variables medidas en la versión 2010 de Chile y los libros, presentada por Fundación La Fuente y Adimark hace unos días: el posicionamiento de las bibliotecas públicas y su rol en el fomento de la lectura.
El dato duro: el 6,8% de la población sería socia de alguna biblioteca, cifra que se ha mantenido estable desde el 2006, año en que marcó un 6,5%. Dentro de ese porcentaje hay de todo: socios de bibliotecas municipales (las públicas), universitarias, comunitarias, del Metro (Bibliometros), escolares, de los malls y móviles. A menor nivel socio-económico y menor nivel educacional, menor relación con las bibliotecas, concluye el reporte. De todas, las únicas que crecen en forma sostenida desde la medición de 2006, son las públicas, pasando del 36,7% al 45,4% de aquellos que señalan ser socios de una biblioteca.
Sin embargo, este dato, positivo en un contexto de baja membresía en general, merece ser precisado. Según los datos técnicos de la muestra 2010, las 1.001 personas entrevistadas fueron mayores de edad pertenecientes a grupos socioeconómicos ABC1, C2, C3 y D (ver este enlace para conocer en detalle cómo se conforman los grupos según esta segmentación). Desconozco las razones para no considerar el grupo E, que reúne a las personas con los menores ingresos familiares (y tradicionalmente marginados de los estudios de mercado, que son los que utilizan este tipo de segmentación), pero al analizar el perfil de los socios de bibliotecas, influye de manera fundamental en los resultados del estudio.
Según un estudio encargado por el programa BiblioRedes, en el año 2008 el 46,5% de los usuarios de las bibliotecas públicas provenía de grupos familiares con ingresos inferiores a $200.000, lo que los hacía de manera clara integrantes del grupo E (cuyo ingreso familiar es variable y está en torno a las UF 10). Un 21,2% pertenecía a familias con ingresos mensuales inferiores a $ 120.000. Extrapolando estas cifras, se puede afirmar que de los 9 millones de prestaciones (préstamos de libros a domicilio y lectura en sala) realizados por las bibliotecas durante ese año a sus usuarios, aproximadamente 4,5 millones tuvieron como beneficiarios personas de escasos recursos. 1 de cada 2 usuarios de bibliotecas provienen de familias con pobres o indigentes, grupo no considerado en la muestra del estudio de la Fundación La Fuente.
Adicionalmente, llama la atención en la muestra de Chile y los libros 2010, una sobrerrepresentación del grupo ABC1, que pesa un 32,7%, tres veces más que en el conjunto de la sociedad chilena. Quizá por ello, las bibliotecas universitarias aparecen en lugar destacado –si bien menor que en mediciones anteriores- en membresía, toda vez que en ese segmento el acceso a la universidad es más alto.
No puedo dejar de referirme a otro dato que requiere a mi juicio cierta revisión, al igual que el bajo porcentaje de usuarios de Internet que mencioné en la entrada anterior (cifra quizá influida por la sobrerrepresentación en la muestra de la población mayor de 56 años): el relativo a los usuarios del Bibliometro, que si bien se recupera respecto del año 2008, sigue estando por debajo de la medición 2006 (un 9,5% frente al 13,0% de hace cuatro años). El año 2009, aumentaron tanto las horas de atención en sus módulos, así como se agregaron cinco nuevos puntos de atención, pasando de 11 a 16 las estaciones con presencia del Bibliometro. El resultado: un 25,6% de aumento en los préstamos respecto al año 2008 (ver página 77 del Balance Gestión Integral de la Dibam 2009). Me atrevo a afirmar que puede estar influido este dato por el mismo sesgo que afecta a la membresía de bibliotecas públicas, si bien no tengo para el Bibliometro datos de perfil socioeconómico de sus usuarios.
Más allá de esta ausencias, que creo impiden rescatar a cabalidad el trabajo realizado por las bibliotecas públicas de la red coordinada por la Dibam, hay otras cifras del estudio de la Fundación La Fuente que ameritan ser atendidas. El 48,7% de los encuestados dijeron desconocer que en sus comunas existían bibliotecas públicas. Hay en esto un tremendo potencial de crecimiento, toda vez que con el Programa de Construcción de Bibliotecas Públicas llevado adelante durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, se alcanzó el 100% de cobertura en el país: en todas las comunas del país hay a lo menos una bibliotecas pública.
Que prácticamente la mitad de la población desconozca su existencia habla de la necesidad de redoblar los esfuerzos en difusión y marketing, en especial entre los segmentos poblacionales que menor relación tienen con la lectura. Las bibliotecas públicas podrán, de esa manera, sumar aún más al desafío de aumentar el índice de lectura en nuestro país, contribuyendo desde su experiencia y formación como intermediarias entre lectores y lecturas.
Pero es fundamental, como bien han apuntado Lavinia Reyes y Teolinda Higueras en sendas entradas en elquintopoder.cl, que se legisle a favor de las bibliotecas públicas. De nada sirve atraer más público a las bibliotecas si éstas no se encuentran entre las prioridades de los gobiernos locales, si no cuentan con el personal en cantidad suficiente y con niveles adecuados de remuneración, si la infraestructura no es mejorada. Mucho se ha hecho en los últimos veinte años, pero sobre la base de voluntades. Seguir creciendo en base a apretones de mano y declaraciones de buenas intenciones es riesgoso.
Todo indica que hay potencial para que el sistema de bibliotecas públicas siga creciendo y desarrollando la lectura en Chile desde su arena –un complemento a lo que necesariamente debe realizar el sistema escolar. Aumentar los niveles de lectura en nuestro país es una de las claves para la superación de la pobreza, y cuando de pobreza y lectura hablamos, las cifras confirman que la biblioteca pública es un actor importante. La ley de biblioteca pública debe entenderse, por tanto, como parte de una política social.
