Quienes deben gobernar Haití son los haitianos y no los chilenos. Si lo hacen mal, es su responsabilidad y deberán aprender a hacerlo bien o desaparecer como país, salvo que sea eso lo que en realidad están buscando sus presuntos benefactores, ya que financiar fuerzas militares para mantener el control del país y regatear los centavos para financiar la reconstrucción y contribuir al desarrollo no es precisamente una forma lógica de ayudarlos.
Existe una amplia literatura respecto a la “construcción del Estado”, y toda ella reconoce la complejidad de la materia. En efecto, se trata de la construcción de nuevas instituciones y del fortalecimiento de las existentes en un país en crisis.
Para que un país pueda avanzar en la construcción de su estado se requiere un nivel razonable de seguridad pública y de estabilidad social, y es en la conformación inicial de estas condiciones básicas en que las Fuerzas de Paz de los países amigos pueden hacer una gran contribución. Es lo que sucedió en Haití.
Jean-Bertrand Aristide fue electo presidente a partir de febrero de 1991.Tras una grave crisis interna en el año 2004 fue depuesto en medio de violentos disturbios que no pudieron ser controlados internamente y se requirió la intervención de fuerzas de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas. El año 2006 fue electo el actual presidente René Preval.
Desde el 2004 a la fecha, se avanzó poco o nada en la “construcción de Estado”, lo que no es de extrañar, debido a que la transferencia de instituciones fuertes a un país que no las tiene es algo complicado ya que requieren, para su buen funcionamiento, lo que se conoce como “consensos básicos” o coincidencia respecto a qué y cómo quiere ese grupo humano conducir sus asuntos públicos.
[cita]Desde la perspectiva chilena las razones fundamentales de nuestra presencia en Haití están relacionadas con el establecimiento de condiciones básicas de paz y estabilidad. Lo hicimos y muy bien, pero esas condiciones ya fueron superadas.[/cita]
Aquí se presenta una trampa en la que caen tanto la ONU como los Estados que cooperan: dado que el país receptor de la ayuda, en este caso Haití, carece de las instituciones adecuadas, de la capacidad técnica requerida y está afectado por la corrupción que lleva al despilfarro de los recursos que se aportan, toman las tareas en sus manos y no permiten que los afectados aprendan y desarrollen sus propias instituciones, que obviamente serán mucho menos eficientes que las de los organismos internacionales y países benefactores. Y por ahí caemos en el colonialismo. “Para que las cosas se hagan bien, las hacemos nosotros, mantenemos la paz y el orden, nos hacemos cargo de la salud, de las obras públicas, de la vivienda, de la educación etc., en definitiva, gobernamos”.
El problema es que los haitianos no siempre están conformes con las formas y políticas con que gobierna la ONU y como no tienen canales democráticos para hacer valer sus derechos, el organismo internacional se transforma en el enemigo y sus fuerzas militares en las fuerzas de ocupación.
Van ya seis años de “pacificación” de Haití. Ha llegado el momento de dejarlos que manejen sus propios asuntos. Es evidente que necesitan ayuda económica y técnica, pero en la forma y oportunidad que ellos mismos decidan. Si sus condiciones son arbitrarias u opacas, la ayuda no llegará. La clave está en sus propias manos, no en las de la ONU ni menos en las nuestras.
La ayuda y la solidaridad son necesarias, no hay dudas, pero más allá de eso, cada país debe hacerse responsable de sí mismo y de sus decisiones, es el precio de la independencia, lo contrario es la colonia. Ya fue establecida la paz mínima necesaria, es la hora de los haitianos.
Desde la perspectiva chilena las razones fundamentales de nuestra presencia en Haití están relacionadas con el establecimiento de esas condiciones básicas de paz y estabilidad, en cumplimiento de un deber de solidaridad, por otra parte, cuando esa decisión fue tomada, Chile era miembro temporal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ese cargo hacía necesario participar en forma activa y ejercer cierta forma de liderazgo. Lo hicimos y muy bien, pero esas condiciones ya fueron superadas.
Otras razones para permanecer en Haití, como que es una forma de entrenamiento para las FFAA, además de inmoral, no es efectiva, ya que las fuerzas militares deben entrenarse para el combate y solo marginalmente para operaciones policiales, para eso son las policías. Para participar en la reconstrucción, las empresas constructoras civiles, sanitarias y de viviendas, construyen mejor y más eficientemente que los militares y dan trabajo a la mano de obra local. Y sobre todo, quienes deben gobernar Haití son los haitianos y no los chilenos. Si lo hacen mal, es su responsabilidad y deberán aprender a hacerlo bien o desaparecer como país, salvo que sea eso lo que en realidad están buscando sus presuntos benefactores, ya que financiar fuerzas militares para mantener el control del país y regatear los centavos para financiar la reconstrucción y contribuir al desarrollo no es precisamente una forma lógica de ayudarlos.
Después de los disturbios ocurridos recientemente, en que un soldado chileno dio muerte a un civil haitiano, deberíamos preguntarnos por qué pasó eso; como estaríamos si las bajas no hubieran sido una sino veinte o treinta; qué ventaja política estaríamos obteniendo; que aporte real estaríamos haciendo a ese país.
A comienzos del próximo año el Congreso deberá revisar la autorización para mantener las fuerzas desplegadas en Haití. Se impone un análisis sereno y objetivo a la luz del interés nacional y del bien de los haitianos, que establezca metas y plazos definidos para concluir esa tarea.
Y este es un problema de política exterior y solo instrumentalmente militar. El tema ha sido manejado con un indebido protagonismo de defensa y los parlamentarios por su parte, no han hecho las preguntas importantes y difíciles de responder.
Después que las decisiones políticas hayan sido tomadas, Defensa debe hacer lo que se le mande. Su intervención se reduce a informar si puede o no hacer lo que le ordena, cuáles son los riesgos militares y cuáles los costos. No le corresponde definir la conveniencia para el país de una acción que cae dentro de la responsabilidad presidencial y del Ministerio de Relaciones Exteriores.
